30-700. Ese es el reparto que, según Junts, acordó con el Gobierno para desplazar a 30 menores inmigrantes no acompañados de Canarias a Cataluña y 700 a la Comunidad de Madrid, conforme al pacto alcanzado hace unas semanas para reformar la ley de Extranjería. Tamaña desproporción respondía, según los interlocutores de uno y de otro lado, al hecho de que Cataluña hacía un esfuerzo mayor de acogida que el resto de los territorios, con la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso en el centro de la diana. Pero ayer fue el momento de poner los datos negro sobre blanco. El último día del plazo que dio el Ministerio de Juventud e Infancia al objeto de que las Comunidades autónomas ofrecieran tanto el número de menores inmigrantes acogidos como el de plazas disponibles para atenderlos, con datos cerrados a diciembre de 2024.

Y los ofrecidos por Madrid y por Cataluña arrojan que en la primera comunidad se atendió a 2.442 chavales frente a los 2.242 de la segunda. Son cifras muy parecidas -con Madrid por delante- que vendrían a desmontar el mensaje de que Cataluña ha sido la más solidaria hasta el punto de quedar prácticamente fuera de la nueva distribución. Incluso las cifras de Andalucía son mayores, pues en su caso son 2.615 los menores migrantes atendidos en 2024, aunque más acorde con la extensión de la Comunidad y su número de habitantes Además, Madrid dice estar al 132 por ciento de su capacidad de acogida, esto es, muy por encima de sus medios, mientras Andalucía habla del 96,32. El Gobierno de la Generalitat no ofrece más concreciones que la afirmación respecto a que el porcentaje de ocupación de plazas es "prácticamente total". Euskadi,por su parte, asiste a 859 niños y adolescentes.

En general todas las Comunidades autónomas, no sólo las populares, aseguran estar por encima de su capacidad real

Muy lejos queda, en números totales, Extremadura, también gobernada por el PP, pues solo acogió a 126 menores inmigrantes desamparados, también en función de su población, aunque aseguran que su ocupación efectiva es del 111,2 por ciento. En Murcia, el número máximo de menores no acompañados migrantes atendidos por los servicios de la Comunidad durante el año pasado fue de 741, con una ocupación efectiva de plazas -de chavales tanto extranjeros como de autóctonos acogidos- de 619. Castilla y León, por su lado, cuenta con 130 plazas para atender a estos menores y ahora mismo ya asiste a 178 niños.

En general todas las Comunidades, no sólo las populares, aseguran estar por encima de su capacidad real y miran con recelo el pacto con Junts en la medida en que puede aliviar la situación en Cataluña, en detrimento del resto de los territorios. También Castilla-La Mancha. El año pasado acogió a un total de 173 niños y adolescentes extranjeros no acompañados, de los cuales, 139 siguen siendo atendidos por las Comunidad. Pero en cuanto al porcentaje de ocupación, asegura estar cuatro veces por encima de sus capacidades, hasta alcanzar nada menos que un 463 por ciento.

Madrid abre la guerra con el alcalde socialista de Fuenlabrada a cuenta de un centro de acogida

Más díscola se mostró Aragón, cuyo presidente, Jorge Azcón, presentó un recurso contencioso-administrativo para no aportar al ministerio de Sira Rego esa información, reclamó tiempo con la petición de medidas cautelares y aguantó hasta casi al límite del plazo. Las comunidades piden transparencia e igualdad de trato, "sin que sea un traje a medida para Cataluña", dijo la consejera murciana de Política Social, Concepción Ruiz.

La consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, fue la encargada de ofrecer ayer los datos de su Comunidad, reabriendo la guerra soterrada que mantienen con el alcalde socialista de Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala. Defendió que la única vía posible para acoger a nuevos menores es la ampliación de un centro de esa localidad, La Cantueña, a lo que el regidor se niega. Para Dávila «ahora mismo, es el único centro que puede ser ampliable. Todos los demás han sufrido las ampliaciones necesarias, por eso estamos en ese 132 por ciento de sobreocupación», advirtió abriendo un nuevo frente de batalla con los socialistas.

Los barones territoriales populares siguen sin descartar recurrir la distribución de menores

El hecho de que se haya aportado estos datos no impide que las Comunidades gobernadas por el PP estén en pie de guerra. Díaz Ayuso ya anunció que llevaría al Constitucional la reforma pactada entre Moncloa y Junts -partido totalmente refractario a la inmigración con un discurso muy similar al de Vox en esta materia-, pero que tampoco estaba dispuesta a saltarse la ley. De hecho, eso mismo aseguró ayer el portavoz de la ejecutiva popular, Borja Sémper, en una comparecencia ante los medios.

"Lo que le puedo decir de esta materia es que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, con sus presidentes y presidentas a la cabeza, van a cumplir con la ley y lo van a hacer con un principio moral y ético que es inexcusable, y es cumplir también con las condiciones mínimas humanitarias exigibles para el trato a los menores no acompañados", de ahí la exigencia de medios para afrontar un mecanismo de reparto que, de salir adelante, sería automático y no voluntario, como ahora.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 18 de marzo un decreto para la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería en lo que afecta, precisamente a los menores, para aliviar la enorme presión de Canarias y Ceuta, donde se hacinan hasta 4.000 chavales. Había mediado un acuerdo con Junts, partido que sumó sus votos a PP y Vox para tirar abajo el primer texto de reforma del mismo artículo. Sólo cuando se aseguró de que a Cataluña llegaría una cifra mínima, alcanzó un acuerdo que debe pasar por el Congreso para su convalidación antes del 18 de abril.

Dudas respecto a si una ley orgánica puede modificarse con un decreto

Este acuerdo podría haberle hecho al Gobierno un roto por otro lado, dado que Podemos calificó de "parche" lo acordado con la derecha independentista. Pero del mismo modo que voto críticamente la primera vez, todo apunta a que esta vez tampoco rechazará la controvertida reforma. Hay que recordar además que la ley de Extranjería tiene carácter orgánico -por afectar al paquete de derechos y libertades- lo que genera serias dudas respecto a que pueda ser modificada a través de un decreto gubernamental.