La Fiscalía Antidroga ha pedido seis años y medio de prisión para el teniente coronel de la Guardia Civil David Oliva, exjefe de la Unidad de élite contra el narcotráfico OCON-Sur por un delito de revelación de secretos y otro de cohecho. El fiscal solicita que tanto él como dos de sus subordinados se sienten en el banquillo por tratar de obtener información de forma presuntamente ilegal sobre un procedimiento que se seguía en los Servicios de Asuntos Internos contra el entonces jefe a cambio de un puesto de trabajo en Andalucía. La Abogacía del Estado rebaja la petición a tres años de prisión, según la documentación a la que ha tenido acceso El Independiente.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, colocó a Oliva en 2018 al frente del Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) y lo mantuvo hasta 2022 cuando este grupo fue desarticulado sin mucha explicación. Un año después, en abril de 2023, Oliva junto a otros dos mandos fueron imputados en un procedimiento en la Audiencia Nacional de narcotráfico relacionado con el 'clan de los Ariza'.

Posteriormente, el asunto fue desvinculado de la causa principal y enviado a un juzgado de Parla donde se ha seguido la instrucción que está a punto de terminar. Las imputaciones se sustentan en que Oliva quiso conocer una investigación interna contra él que los Servicios de Asuntos Internos del Instituto Armado hacía tiempo que mantenían abierta por su supuesta vinculación con esta familia de narcos del sur. Así, prometió supuestamente a un agente que estaba destinado en este servicio de investigación interna del cuerpo un puesto en OCON-Sur a cambio de que le facilitara los detalles.

Operación Varea

El fiscal explica que Asuntos Internos llevaba recabando datos sobre Oliva y su subordinado, el teniente J.I.F, desde el año 2011 sobre "informaciones que ponían de manifiesto que los acusados pudieran estar favoreciendo el narcotráfico a cambio de dinero". Pero no fue hasta el 15 de noviembre de 2019 cuando se abrió una investigación interna con el nombre de 'Varea', tal y como contó este medio.

"Como medio para conocer el contenido de la investigación y articular su defensa para lograr su impunidad", reza el fiscal, Oliva contactó con uno de los acusados, un teniente que trabajaba en Asuntos Internos y que quería obtener un destino en la provincia de Cádiz. A cambio de darle trabajo en el sur, el exjefe de OCON le pidió que proporcionara toda la información que sobre él pudiera existir en Asuntos Internos, dice la Fiscalía que, "siendo ambos acusados plenamente conscientes de la ilegalidad del ofrecimiento y de la contraprestación".

El agente "se descargó de los ordenadores centrales y bases de datos" "toda la información que pudo encontrar" sobre Oliva y su mano derecha, el teniente J.I.F. entre las que se incluían entrevistas a colaboradores; más de 2.000 fichas clasificadas como "secretas" sobre estos colaboradores; documentación relacionada con labores de obtención, análisis y elaboración de inteligencia policial; usuarios de comunicaciones Sky ECC; e, incluso, documentación confeccionada por la Unidad Central Especial núm. 3 (UCE3) encuadrada dentro de la Jefatura de Información, responsable de investigar amenazas que desestabilizan la seguridad nacional.

El teniente de Asuntos Internos se la dio a Oliva y éste se la entregó a su subordinado a quien también afectaba la 'operación Varea'. Dice el fiscal que ambos "vinieron presionando" al primero para que "en las siguientes semanas" siguiera facilitándoles datos. "Como consecuencia de la filtración y transmisión de la información reservada y secreta existente en las bases de datos del Servicio de Asuntos Internos sobre las posibles actividades de los acusados, quedó frustrada toda la investigación sobre los mismos, cerrándose la 'operación Varea' en enero de 2022, lo que supuso un grave perjuicio para el adecuado funcionamiento de la Guardia Civil", indica el Ministerio Público.

6 años para Oliva, 3 para los demás

El teniente de Asuntos Internos llegó a extraer del servidor esa información contra Oliva y contra un tercer imputado, 'mano derecha' del jefe. La Fiscalía sostuvo entonces y ha sostenido hasta el final que existió un delito de revelación de secretos cometido por funcionario público y otro de cohecho. Según el escrito de acusación, el Ministerio Público quiere que Oliva cumpla una pena de prisión en total de seis años y medio, así como que pague una multa de 8.100 euros y sea condenado a 15 años de inhabilitación para empleo público.

Esto significa que el teniente coronel que, recientemente ha sido repuesto en un puesto de Málaga como contó este medio, tendría que abandonar su carrera en la Guardia Civil. La Fiscalía solicita igualmente tres años y seis meses de prisión para su subordinado J.I.F y otros tres años para el teniente de Asuntos Internos que supuestamente pasó la información. La Abogacía del Estado rebaja esta petición y pide tres años de prisión para Oliva y una multa de 3.600 euros.

Por su parte, los agentes han emprendido una batalla legal para desmontar la investigación que les ha llevado hasta aquí, querellándose contra los mandos de Policía (Udyco) que realizaron las vigilancias en las que relataban supuestos encuentros con narcotraficantes. En su denuncia aseguran que todo fue fruto de un montaje, que no hubo vigilancias reales y que el atestado que dio pie a su imputación está repleto de acusaciones sin acreditar y conclusiones falsas. Por esto, el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid ha abierto una investigación y ha llamado a declarar a varios mandos de la unidad policial antidrogas.