La Fiscalía de Menores ha comunicado a un juez que "no es parte" en un procedimiento que afecta a los derechos fundamentales de un menor que fue expulsado del elitista British Council sin que se le abriese un expediente interno. Así se desprende de un escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, a pesar de que el juez pidió que el ministerio fiscal se pronunciase hace seis meses.

El caso se investiga en el Juzgado número 3 de Madrid. Los padres de un menor denunciaron al colegio británico, que expulsó a uno de sus hijos por, según argumentan, multitud de faltas y sanciones. Sin embargo, a principios de febrero de 2024, la propia institución reveló que "no consta" ningún expediente contra el chaval.

La Fiscalía, además de no darse por aludida en el caso, entra en el fondo de la competencia del juzgado. Según argumenta, el de la capital no debería instruir el asunto "al tener los demandantes su domicilio en Pozuelo de Alarcón". Esta cuestión ya fue dirimida hace un año, declarando competente al juez de Madrid.

El caso

La causa se centra en la expulsión de un chico durante el curso 2022-23. La demanda presentada por los padres señaló que la decisión fue arbitraria, y que no les dejaron defender a su hijo. Por ello piden 50.000 euros por daños morales y 1.125 por daños patrimoniales. El colegio tomó la decisión a raíz de una supuesta agresión que ocurrió el 16 de marzo de 2023.

Según la versión del centro, el niño, entonces en segundo de la ESO, habría sujetado a otro alumno por el cuello, golpeándolo varias veces en el estómago. Pero los padres ponen en duda esto. Dicen que no hay ningún parte de lesiones ni pruebas que respalden el relato del colegio.

El British Council comunicó la expulsión definitiva el 24 de marzo, y los padres reclamaron el 28. Sin embargo, les dijeron que ya era firme. Según la normativa interna, las faltas muy graves, como una agresión a otro alumno, deben tener una constancia escrita y unos hechos que motiven la sanción. Pero en este caso no existe ningún expediente, tal y como dijeron al juez.

Los padres del chico aportaron un informe psicológico pericial. Según este, el menor sufrió un deterioro psicológico con cuadros de estrés, frustración y un sentimiento de persecución por parte del colegio. Esto, apunta la demanda, se produjo por un cambio de clase que no tenía ninguna motivación, lo que le aisló de sus amigos de siempre y compañeros.

La versión del colegio

Por su parte, el British Council alega que todo se resolvió de manera ordinaria. En su contestación a la demanda, señalaron que durante el curso 2022-23 cometió 23 faltas que iban de las leves a las muy graves. Estas provocaron su expulsión definitiva.

Algunos ejemplos que señalan: en marzo de 2022 dañó propiedad del colegio. En diciembre del mismo año rompió, supuestamente, un ordenador. También aseguran que agredió a una compañera. Y sus interrupciones en clase, faltas de respeto y deberes sin terminar le acarrearon 10 faltas leves.

Además, aseguran que los padres dieron su consentimiento al polémico cambio de clase, lo que le habría provocado los episodios de estrés. En su contestación, el colegio hace alusión constante a las comunicaciones que tuvieron con los padres tras cada incidente. El problema surgió cuando se produjo la expulsión definitiva. Ahí los padres pidieron el expediente completo, donde deberían estar todas las pruebas. El colegio admitió que no podía aportarlo al juzgado porque no existía.

Ahora la Fiscalía de Menores se ha pronunciado, seis meses después de que se lo pidiese el juez, alegando que no cree que sea competente. Se investigan presuntos delitos contra honor, la intimidad, la imagen y derechos fundamentales, como el de la educación del menor afectado.

Este periódico se ha puesto en contacto con el British Council para saber por qué expulsaron al menor si no había un expediente, pero no ha querido hacer declaraciones. Sólo indican que es su "deber velar por la integridad de todos sus alumnos" y mantener "la convivencia en el centro".