Los datos sobre los menores inmigrantes acogidos en la Comunidad de Madrid llevan visos de convertirse en el nuevo caballo de batalla entre la administración madrileña y la central. El ministerio de Sira Rego no se cree los datos de Isabel Díaz Ayuso y desde la Puerta del Sol esgrimen que "los han recopilado funcionarios" y, además, "nos hemos ajustado a lo que pedía el Ministerio y el texto del real decreto" de la reforma de la Ley de Extranjería. En el entorno de la presidenta autonómica llegan a cuestionar la "idoneidad" de la ministra de Izquierda Unida, sin poder ocultar su irritación por sus palabras cuestionando lo datos proporcionados.

Asimismo se quejan en la Puerta del Sol que la ministra "ha ocultado datos sí facilitados" por Madrid, en concreto el referido al porcentaje de ocupación de plazas, que estiman en 132 por ciento, es decir, muy por encima de su actual capacidad de acogida. Y, en su caso, también cuestionan que Cataluña, o cualquier otro territorio, pueda tener una foto fija del número de menores dada la enorme movilidad de los mismos. En Juventud e Infancia "no saben de lo que están hablando, trabajan sobre entelequias", afirman las fuentes consultadas y defienden que la Comunidad "estamos generando recursos sin parar" para acoger a todos los niños y adolescentes extranjeros en situación de vulnerabilidad.

La información madrileña "no sirve porque no ofrece datos actuales", reprochan desde el Ministerio de Sira Rego

En el departamento de Sira Rego aducen que Madrid ofrece datos de todos los menores extranjeros que han pasado por sus servicios a lo largo de 2024 mientras que Cataluña "sólo los que tenía a finales de 2024", por lo que la información madrileña "no sirve porque no ofrece datos actuales", por lo que podrían ser muy inferiores a los ofrecidos. La dirección General de Infancia es la responsable de analizar toda la información recibida de las Comunidades Autónomas, salvo Aragón. La intención es tener una visión global antes de la convalidación del decreto de reforma de la ley de Extranjería el jueves 120 de abril. Dicha reforma establecerá un sistema automático de distribución de menores por todo el Estado. Tampoco se creen los números proporcionados por alguna otra comunidad, aunque no han querido especificar cuáles, poniendo el foco especialmente en Madrid.

Unos números que vendrían a desmentir que Cataluña es la región de España que más niños y adolescentes recibió en el último año, lo que le permitía recibir apenas unas tres decenas de los más de 4.000 que se encuentran ahora en Canarias. Pero resulta que, a tenor de la información proporcionada el lunes al Ministerio de Juventud e Infancia, Madrid acogió en 2024 doscientos chavales más que Cataluña (2.442 frente a 2.242, respectivamente).

El relato quedaba desactivado. Aparentemente. Porque ayer mismo Rego acusó a la baronesa popular Madrid de ofrecer "datos generales", de hacer una "interpretación algo diferente" y de "asimetrías". "De tal manera que nos han dado una información de carácter general, pero no de la ocupación de los sistemas de acogida, de las plazas ocupadas en el sistema de acogida. Por tanto, esto dificulta que podamos tener la cifra global que, en cualquier caso, es la que necesitamos para poder dimensionar el sistema de acuerdo con lo que venía dispuesto en el Real Decreto", se quejó la ministra en declaraciones a la prensa.

Madrid tiene pendiente la presentación de un recurso ante el TC

Pero "esto no significa tampoco un problema -agregó- Vamos a dar unos días para aclarar algunos elementos y una vez hayan pasado estos días vamos a elaborar una propuesta en cualquiera de los casos porque nos vamos a referenciar en los datos que tenemos acreditados".

La Comunidad de Madrid anunció la interposición de un recurso ante el Tribunal constitucional contra la nueva distribución de menores inmigrantes que consolidará al reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería pactada entre el Gobierno y Junts. Se tratará de un mecanismo automático, ajeno a la voluntariedad de los territorios, conforme a unos criterios de población, desempleo y/o situación económica. A los de Carles Puigdemont les faltó tiempo para anunciar que Cataluña apenas recibiría entre 20 y 30 inmigrantes, mientras que a Madrid irían 700. Ni Moncloa ni el ministerio de Ángel Víctor Torres, quisieron confirmar las cuentas de la derecha independentista, pero ésta siempre se negó a que fuera un menor más a Cataluña, mientras negociaba también el traspaso de las políticas de inmigración a la Comunidad catalana.

El recurso de la Comunidad de Madrid ante el alto tribunal está prácticamente terminado, ahora es una cuestión de oportunidad política presentarlo ante el tribunal de garantías constitucionales, aunque no les ofrezca demasiada credibilidad su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y el reparto de fuerzas interno del TC.