María Jesús Montero ya pidió disculpas por cuestionar una institución básica en el Estado de derecho, la presunción de inocencia, tras la sentencia absolutoria del futbolista Dani Alves. Lo hizo ayer martes en Sevilla, tras tres días de estruendosa tormenta política. Este miércoles, también en la capital andaluza, la vicepresidenta primera del Gobierno repitió ese acto de contrición, volvió a explicar qué quería decir, insistió en que le interesa más el tema de "fondo", que las mujeres no se sientan desprotegidas ni tengan miedo a denunciar cualquier tipo de violencia contra ellas, pero añadió otro matiz. Le llama la atención que las asociaciones de jueces y fiscales, que se lanzaron en bloque contra ella por sus palabras, no tiren de la "misma contundencia" para condenar ataques de "otros partidos políticos" a decisiones judiciales.

La tensión del mundo de la justicia y el Ejecutivo de Pedro Sánchez viene siendo una constante desde la pasada legislatura. Y se ha acentuado en este mandato a raíz de la aprobación de la ley de amnistía y el estallido de casos que han rodeado al presidente y a su entorno más directo, como los que afectan a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, ambos en instrucción. La fricción se disparó en los últimos días por las palabras de Montero el pasado sábado en Jaén, cuando calificó de "vergüenza" la sentencia absolutoria de Alves dictada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, radicalmente distinta a la condena a cuatro años y medio de cárcel que había decidido un año antes la Audiencia de Barcelona. La número dos del Gobierno y del PSOE criticó que "todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos". Por esas controvertidas palabras comenzó la tanda de preguntas a la vicepresidenta en el desayuno informativo de este miércoles organizado por El Correo de Andalucía, del grupo Prensa Ibérica, en la Fundación Cajasol de Sevilla.

Montero, a preguntas de la directora del rotativo, la periodista Isabel Morillo, reconoció que una "gran parte de los jueces" españoles desempeñan un "trabajo intachable", "neutral", hacen una "aplicación absolutamente rigurosa de las leyes". A partir de ahí, su reproche: "Me llama la atención que tras una declaración como la que yo hice, las asociaciones de jueces, de magistrados, salgan a criticar mis declaraciones. A mí me gustaría que esa misma contundencia se tuviera cuando es otro partido político, otra persona perteneciente a los partidos políticos, cuando critica determinadas sentencias o cuando dice que van a controlar por la puerta de atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuando se cuestionan también todas las sentencias del Tribunal Constitucional y por tanto parece que da igual lo que diga este órgano".

No veo la misma contundencia. Por tanto, tenemos que respetarnos los distintos poderes del Estado, pero eso no implica que una no pueda posicionarse en relación con una sentencia", asegura

La número dos se estaba refiriendo con nitidez al PP. Fue en 2018 cuando el entonces portavoz de los conservadores en el Senado, Ignacio Cosidó, mandó un mensaje a sus compañeros en el que presumía de colocar, en virtud del pacto con el PSOE para la renovación del Poder Judicial, a un presidente que podía controlar la sala que dictaría sentencia del procés. Y fue el dirigente popular Esteban González Pons el que definió el TC como "cáncer del Estado de derecho", aunque luego se disculpó.

Para Montero, el sistema judicial español es "robusto", pero hay "determinados magistrados" que "hacen manifestaciones políticas en contra de leyes como la amnistía o en contra de determinadas ministras", como ocurrió con el juez Eloy Velasco, al que el CGPJ abrió una investigación por decir que Irene Montero da lecciones "desde su cajero de Mercadona". La vicepresidenta entiende que "el tema de igualdad" desata "unos resortes" en la Justicia "muy curiosos de analizar". "Y no veo la misma contundencia. Por tanto, tenemos que respetarnos los distintos poderes del Estado, pero eso no implica que una no pueda posicionarse en relación con una sentencia", señaló. No solo fueron todas las asociaciones de jueces y fiscales las que cargaron contra ella. También lo hizo el Consejo General del Poder Judicial, y por unanimidad.

La también secretaria general del PSOE andaluz apuntó que el debate que ha sostenido el PP estos días a cuenta de sus declaraciones es "interesado" porque solo le interesa "la espuma", no el "fondo", y buscan solo "ventajismo político". "Aquellos que llevan todo el día hablando de la presunción de inocencia no la respetan nunca", criticó Montero, que recordó que los miembros del Ejecutivo reciben "diariamente" acusaciones gruesas de la oposición, acusaciones de "robar y malversar fondos públicos, y nadie apela a la presunción de inocencia". Y es que esas palabras están protegidas por la inmunidad parlamentaria.

No llegó a opinar Montero sobre la intención de la Audiencia de Sevilla de acudir a la Justicia europea para que estudie los fallos del TC que en la práctica sirvieron para desactivar las condenas impuestas por el Supremo en el caso ERE de Andalucía. A la vicepresidenta le "llama la atención" que la derecha "mediática, económica" salga "en tromba" contra las sentencias del TC. No habló de la derecha judicial, no quiso valorar la providencia de la Audiencia de Sevilla, pero sí reivindicó las decisiones adoptadas por el tribunal de garantías, que "dijo que no se había respeto el derecho a la defensa de los encausados".

La vicepresidenta insiste en el tema de "fondo", en la importancia de cómo proteger a las víctimas, cómo llevar la perspectiva de género a los juzgados, que las mujeres no piensen que no vale la pena denunciar

Sobre sus palabras del sábado, apuntó que si había tardado tres días en pedir disculpas es porque no había tenido ocasión de comparecer ante los medios hasta ayer por la tarde —sí se había matizado vía X el lunes, pero no pidió disculpas ni se retractó—. La vicepresidenta volvió a disculparse por sus declaraciones y las retiró, e insistió en que lo importante es "qué ocurre con las víctimas", cómo no revictimizarlas y "cómo llevar la perspectiva de género a los juzgados". Lo problemático, cree, es que se cuestione la "fiabilidad" del testimonio de las víctimas, cuando se trata de delitos que ocurren en la intimidad de cuatro paredes y no hay posibilidad en ocasiones de recabar más pruebas. A su juicio, es clave que las mujeres, sobre todo las más jóvenes, no piensen que no merece la pena denunciar, más aún cuando el victimario es una persona relevante. Montero sostuvo que en temas de igualdad "se intenta evitar la cuestión de fondo", como ocurrió con la ley del sí es sí, en la que el foco se puso más en la rebaja de penas que en la importancia del consentimiento.

Distinto rasero con Ayuso

Preguntada por Morillo por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Montero pidió "no dar por hecho" que no los haya ya este 2025, pese a que el presidente, la semana pasada en el Congreso, puso la mirada en los de 2026. La vicepresidenta aseguró que no tira la toalla porque trabaja para "aprovechar cualquier ventana de oportunidad para presentarlos teniendo garantizados los apoyos". Las negociaciones con los grupos, dijo, siguen. De nuevo, dejó claro que el Ejecutivo no llevará las cuentas al Parlamento si no tiene los respaldos suficientes.

Montero pide no dar por perdidos aún los PGE de 2025: ella aprovechará cualquier "ventana de oportunidad" para presentarlos, siempre con apoyos. Insiste en que la legislatura acabará en 2027 y no se sitúa en la hipótesis de andaluzas y generales a la vez

El PP presiona a Sánchez para que sí presente los PGE, y también lo hacen otras fuerzas como Podemos. Montero contrastó el comportamiento de quienes "se rasgan las vestiduras" porque no hay nuevas cuentas y en cambio "echan loas" a la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "los prorrogó tres veces" en la legislatura 2019-2021. "Y yo no escuché a nadie decir que Ayuso no cumplía con sus obligaciones o con la Constitución", criticó Montero. No obstante, ella seguirá "peleando" para tener PGE y llevarlos al Congreso "cuando crea que hay una mayoría suficiente" para su aprobación, para la que no cuenta con el PP, que "prefiere la derrota parlamentaria del Gobierno que mejorar la vida de la gente".

El Ejecutivo no se ha puesto a trabajar ya sobre las cuentas de 2026, porque "hace falta un poco más de recorrido para ver si los indicadores económicos son los correctos", así como "cosas más concretas" que se irán conociendo en los próximos meses y que son necesarios para poder redactarlos. No obstante, señaló, "tarde o temprano" se aprobarán unas cuentas en una legislatura cuyo término sigue situándose en 2027. Porque no cabe pensar, añadió, que Sánchez vaya a hacer coincidir las generales con las andaluzas previstas para dentro de un año, si es que no hay un adelanto ordenado por el presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno. El líder socialista tiene "una clara vocación de agotar la legislatura". De llegar hasta 2027.