La Comunidad de Madrid culminó ayer su amenaza de llevar ante el Tribunal Constitucional la reforma pactada entre el Gobierno y Junts para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. La batalla política y judicial no ha hecho más que comenzar ante la intención del Ejecutivo de aprobar el jueves 10 el real decreto que diseña un reparto automático de menores inmigrantes cuando la saturación en Canarias alcance determinadas cuotas. De momento, permitirá, de manera bastante desigual, ubicar a más de 4.000 niños y adolescentes hacinados en las islas y en Ceuta.

El recurso, fundamentado por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, argumenta que ese real decreto "es contrario al principio de solidaridad y lealtad entre Administraciones", además de invadir, alegan, competencias exclusivas autonómicas recordando que "la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas
estatutariamente en materia de protección y tutela de menores".

Contra los criterios de reparto

Pero si hay un tema que escuece especialmente a Madrid es el de los criterios de reparto, puesto que parecen diseñado ad hoc para evitar que Cataluña reciba muchos menos niños y adolescentes que Madrid. De hecho, este fue el aspecto que resaltó Junts en un comunicado cuando anunció su pacto con Moncloa el pasado 18 de marzo. Ahí explicitaban que el acuerdo "limita la llegada de menores no acompañados destinados a Cataluña", Comunidad que recibirá entre 20 y 30 frente a los 700 menores con destino a Madrid.

Y si bien, se tendrá en cuenta, según el nuevo articulado, el "peso poblacional" -Cataluña tiene más habitantes de la comunidad madrileña- , también será un baremo "el esfuerzo hecho por Cataluña a lo largo de los últimos años". Moncloa no asumió como propios los datos ofrecidos por Junts, pero tampoco los desmintió.

Madrid aduce que no se puede cambiar la ley de Extranjería con un decreto, pero el artículo 35 no es orgánico

En su recurso ante el TC, Madrid también acusa al Ejecutivo central de no garantizar "la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados" y cuestiona asimismo "la inadecuada utilización de la figura del Real Decreto ley" por entender que al tener la ley de Extranjería carácter orgánico, debería reformarse por una norma del mismo rango -que exige de mayoría absoluta- y no por un mecanismo de rango menor, el decreto, que puede salir adelante con mayoría simple.

Respecto a la primera cuestión, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció una partida extraordinaria de 100 millones euros este 2025 para aliviar la carga económica y presupuestaria que pueda suponer acoger a los 4.000 menores. Pero lo cierto es que, por ley, no se compromete a futuro ninguna ayuda del Estado para las Comunidades en caso de volver a reproducirse una situación similar. Y sobre la segunda, cabe reseñar que la disposición final cuarta de la ley de Extranjería excluye de naturaleza orgánica al artículo 35, entre otros. Se trata, por tanto de un precepto no orgánico, por lo que puede ser modificado, en principio, por un real decreto-ley, salvo que el TC diga lo contrario.

La reforma no entrará en vigor hasta su convalidación el jueves 10

Si bien el decreto fue aprobado el 18 de marzo, no entrará en vigor hasta su convalidación parlamentaria el día 10. No es lo habitual en estos casos, pero el Gobierno quería disponer, al menos formalmente, de los datos de cada territorio para hacerse de una idea general del número de menores no acompañados que acogen y de las plazas disponibles. En los criterios para la reubicación obligatoria -y no voluntaria como hasta ahora-, la población tendrá un peso del 50 por ciento; un 15 la tasa de paro según la EPA; un 13 la renta disponible bruta per cápita; un 6 atendiendo al esfuerzo asistencial a personas menores no acompañadas en los últimos 6 meses o un 2 por ciento en caso de tratarse de una región fronteriza, entre otros criterios.

La cuestión de los menores no acompañados se suscitará sin duda en el pleno de la Asamblea de Madrid de hoy, aunque, en principio, la portavoz de Vox, Isabel Pérez, con quien suele protagonizar Ayuso los encontronazos en esta materia, le va a preguntar qué objetivos ha cumplido de su programa electoral desde que disfruta de mayoría absoluta. En el pleno del pasado 20 de marzo, la presidenta autonómica respondió a Pérez que "me guste o no he de cumplir con la ley y los menores están tutelados por ley. Hay que ponerles recursos en cumplimiento de la ley, se pongan como se pongan".

Clavijo exhorta al resto de las comunidades a que pongan más medios y plazas de acogida

Lo cierto es que la mayoría de las Comunidades que el pasado lunes aportaron la información requerida por el Ministerio de Juventud e Infancia, dijeron estar por encima de su capacidad de acogida. En concreto, Madrid habló de un 132 por ciento. Este argumento fue replicado ayer por el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, quien gobierna en coalición con el Partido Popular. El barón autonómico exhortó a sus homólogos a que "creen las plazas como las ha creado Canarias". "Es un poco ridículo y absurdo. Canarias no tenía esos recursos. Los niños llegaban al muelle, el Estado te decía que tenías que acogerlo y tú los acogías y te buscabas la vida. Por eso decretamos una situación de emergencia", defendió.