Es una cuestión de voluntad, concreción y tiempo. Por ahora, lo único real es que el cierre del primero de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz sigue el plan previsto y deberá desconectarse en 2027. Quienes han manifestado desde hace más tiempo que no quieren que eso suceda son los municipios y expertos energéticos, que rechazan el plan de ‘desnuclearización’ previsto para los siete reactores españoles y que culminará en 2035. A esas voces contra su clausura se han sumado en las últimas semanas las de las tres principales compañías propietarias de la instalación extremeña: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Aunque con matices, pero con la misma idea de reconsiderar el cierre que acordaron con el Gobierno en 2019, piden ahora revertir el cierre. Las circunstancias han cambiado y el contexto económico y energético de 2025 poco se parece al de hace seis años, recuerdan.

Sea cual sea la decisión final, deberá acordarse cuanto antes. El tiempo apremia. La planificación de una infraestructura como una central nuclear está repleta de toma de decisiones complejas que marcan su actividad a años vista. El principal combustible de una central nuclear, el uranio enriquecido, se debe comprar con años de antelación y si finalmente se decida que Almaraz continúe su actividad el ‘pedido’ de este combustible debería hacerse en breve. Los plazos de entrega de uranio pueden alcanzar los tres años. A ello se suman complejos procesos de permisos, contrataciones y autorizaciones que deberían estar completados como muy tarde en apenas un año.

La falta de tiempo para prolongar mucho más la incertidumbre es una realidad que presiona. A poco más de año y medio para que llegue la fecha de cierre que se pactó, si se desea prolongar la vida útil de la central será necesario activar cuanto antes el proceso de contratación del personal que requeriría la central más allá de 2027 para seguir funcionando. La contratación del personal de la sala de control y las licencias de operación necesarias conllevan complejos procesos y una coordinación con el Consejo de Seguridad Nuclear. A todo ello se suma el calendario de recarga de la central, que se produce cada 18 meses y que tiene en septiembre próximo la siguiente recarga programada.

Pero sin duda, lo más urgente es decidir si todos esos pasos deben ponerse en marcha para seguir con la actividad nuclear en Almaraz. Y por el momento, las tres propietarias de la central -Iberdrola, Endesa y Naturgy- no lo han decidido ni acordado. ni entre ellas ni con el Gobierno. El Ejecutivo insiste en que sigue sin saber qué quieren hacer, cuál es el plan de las compañías, qué proponen. Correspondería a Iberdrola, principal propietaria de Almaraz -el 53%-, liderar el proceso y pactar con los otros socios una propuesta que pudiera ser aprobada por unanimidad. Todos ellos deberían respaldar en el Consejo de Administración de CNAT (Centrales Nucleares de Almaraz-Trillo) las condiciones que plantean para seguir adelante antes de remitirlas al Ministerio de Sara Aagesen para iniciar su negociación.

"Seguimos esperando"

Por el momento desde el Ministerio de Transición Ecológica aseguran que siguen esperando. Hasta ahora tan sólo se han producido conversaciones y diálogos, pero sin mayor concreción, “seguimos esperando” una propuesta, recuerdan.

Hace sólo unos días el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, recordaba que fueron las propietarias de Almaraz las que en 2019 acordaron el calendario de cierre que ahora llaman a revisar. Afirmó en TVE que entonces justificaban la clausura de los reactores “porque no les salía a cuenta”. Groizard evitó en todo momento dejar la puerta abierta a una disposición del Ejecutivo a prolongar la vida útil de las nucleares, ya que hacerlo sin conocer las condiciones que las propietarias plantearían para ello “sería hacer política ficción”.

El Gobierno sí ha insistido en que la línea roja será que las energéticas pretendan que el coste de la gestión de los residuos de las centrales fuera asumido por el Estado, “sería inasumible que lo tuviéramos que pagar entre todos”. En diciembre de 2023 el Ejecutivo recalculó en el VII Plan General de Residuos radioactivos el coste que tendría en el futuro la gestión de los combustibles que se emplean en las centrales así como su desmantelamiento. Una actualización que disparó los costes fiscales para los propietarios de las centrales.

Las compañías vienen denunciando en los últimos meses lo que consideran un incremento de la carga fiscal que lastra de modo importante su actividad en la generación de energía nuclear. Organismos como el Foro Nuclear o las propias compañías ha subrayado que el Gobierno central debería reconsiderar las tasas que les hace pagar y que aseguran que en los últimos cinco años habrían aumentado en un 70%. Otras de las opciones que se propone abordar es la rebaja de la fiscalidad en los costes de las ecotasas que por ejemplo aplica la Junta de Extremadura en el caso de Almaraz.  

Las propietarias, contra el cierre

El presidente de Iberdrola ya ha dejado claro su posición contraria al cierre de las nucleares. Ignacio Sánchez Galán considera que España no se lo puede permitir y que además acarrearía una fuerte subida de los precios de la energía. En su opinión la flota nuclear española es "segura, eficiente y fiable", y sostiene que, en la actualidad, es absolutamente necesaria para mantener la estabilidad del sistema. Precisamente este martes el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, pidió que se haga un análisis "abierto, claro, transparente y sosegado" sobre el cierre nuclear “para no cometer errores”.

En el caso de Naturgy, propietaria del 11,3% de Almaraz, su presidente Francisco Reynés apuesta por alargar la vida de la instalación otros diez años en los que se pudiera “replanificar” el papel de la energía nuclear en España. Reynés recuerda que si bien habitualmente los permisos concedidos a Almaraz para su actividad eran de diez años, en el último caso se limitaron a siete y ocho años para ajustarlos al calendario de cierre de 2027 en el primer reactor y 2028 en el segundo. Ahora propone que esas autorizaciones se puedan extender al menos hasta 2030 para dar tiempo a plantear una actualización de la situación nuclear de nuestro país.

Por último, el presidente de Endesa, José Bogas, también se ha posicionado en contra del cierre de las centrales, "sería un error”, ha afirmado. Defiende que habría que posponer las fechas de cierre ahora en vigor para abordar el futuro de una tecnología energética que tiene muchos "ángulos y consecuencias".