El Consejo de Ministros aprueba este martes el primer real decreto ley de respuesta a la guerra arancelaria declarada por Donald Trump a todo el planeta. Un texto que el Gobierno facilitó el domingo al PP y al resto de grupos para que lo pudieran leer de antemano y, si querían, aportar propuestas. Pero "matices". Porque, como subrayan en la Moncloa, no se trata de "desmontar" la norma, ni de rehacerla por completo. Ni de incorporar propuestas que el Ejecutivo considera prematuras y que no comparte, como los incentivos fiscales que demanda Alberto Núñez Feijóo. La expectativa de acuerdo era real, pero los populares endurecieron su posición en las últimas horas porque entienden que Pedro Sánchez no quiere "negociar" nada, y en la Moncloa ya avisan de que tendrán que explicar ellos su posición si finalmente no respaldan el plan.

La brutalidad del órdago del presidente de EEUU, que ha arrastrado a las bolsas de todo el mundo a caídas históricas, que ha agigantado la incertidumbre económica y que ha acercado incluso el escenario de recesión, había abierto sin embargo una pequeña tregua en el eternamente contaminado clima político español. Una ventana de entendimiento entre Gobierno y PP, rara avis en una legislatura de durísimos combates entre los dos grandes partidos. Un mejor ambiente, pero ahora todo está en el aire por el imprevisto giro de Génova. Su hipotético apoyo al decreto ley no está ya claro porque no ve incorporadas "ninguna" de sus propuestas.

Todo parecía pintar mejor hace unos días. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reunió a solas con los populares apenas unas horas después de que el presidente Sánchez presentara en la Moncloa su Plan de respuesta y relanzamiento comercial, que prevé movilizar 14.100 millones de euros, 7.400 de ellos de nuevos recursos. Y, desde el primer momento, la cúpula de Feijóo, aunque vio "embrionario" ese escudo frente a la crisis mundial detonada por Trump, convino también que había mimbres para el acuerdo.

El texto del real decreto ley, de 10 páginas y adelantado por El Periódico, deberá ser convalidado necesariamente por el Congreso en el plazo de un mes. Incluye lo previsto: una línea de avales por valor de 5.000 millones de euros "para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por las entidades financieras a las empresas afectadas por el cambio de la política arancelaria de EEUU". Además, se refuerza la cobertura por parte del Estado, hasta 2.000 millones, de los riesgos de internacionalización, cuya gestión está encomendada a CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación). Además, se incluye, en el artículo 6, la previsión de que las potenciales pérdidas por la guerra comercial de Trump no se tengan en cuenta a la hora de determinar si existen o no motivos para disolver una empresa hasta el cierre del año 2026.

Este lunes, el líder del PP mantuvo por la mañana la lectura en verde. "La respuesta inmediata del Gobierno tiene elementos acertados y, aunque sigue en situación embrionaria, tenemos la impresión de que son conscientes de la magnitud de la amenaza y eso es positivo", aseguró Feijóo tras su reunión con representantes de los sectores afectados y con consejeros autonómicos. Lo que pidió el político gallego es unidad —"no habrá respuesta adecuada a la guerra comercial sin unidad", porque "estar divididos no suma nada"— y un plan de acción más a largo plazo.

Los populares esperan que el Ejecutivo "escuche y entienda" que hay "mucho tajo" por hacer, que el trabajo es "ingente", "más amplio", "más profundo" que el que Sánchez ha puesto por ahora sobre la mesa. El propio Feijóo agradeció al Gobierno que le adelantara en la noche del lunes el decreto ley, que este martes aprobará el Consejo de Ministros. Y lanzó tres peticiones al presidente: un plan de competitividad industrial que contenga medidas como la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares —idea que rechaza de plano el Ejecutivo—, eliminar el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica —iniciativa que intentó aprobar con Junts, pero que la Moncloa frenó— y un plan de infraestructuras hidráulicas para asegurar la disponibilidad de agua. Y cree necesario Feijóo una revisión fiscal y que se aprueben nuevos Presupuestos Generales del Estado. Cuestiones que exceden el marco de este primer decreto ley que aprueba este martes el Consejo de Ministros.

"Lo que ha anunciado el PP no son propuestas como tal para el texto. Si hay algo que no les encaja del decreto ley que les hemos mandado a ellos y al resto de grupos, menos Vox, algo que creen que habría que modificar, estamos dispuestos a escucharlos. Pero esto no es un documento de debate. No es un debate de qué ponemos o qué quitamos. No vamos a desmontar el decreto ley, hi hacer el decreto ley que haría el PP si gobernara. Si tienen algún matiz, que lo digan, pero esto no va de que sumemos todas sus propuestas", indican a este diario fuentes de la Moncloa.

Por la tarde, sin embargo, el clima se enrareció. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, habló con Cuerpo y le remitió el documento con las medidas presentadas por Feijóo para que la respuesta al "desafío" arancelario sea "suficiente, integral y duradera", indicaron fuentes de la dirección conservadora. "Con la convicción de que no se puede afrontar esta situación sin un plan de competitividad, sin revisar la política fiscal y sin Presupuestos", Bravo hizo llegar una carta al ministro para que "se puedan incluir estas propuestas" en el real decreto ley que se aprueba este martes. Entiende el PP que sus ideas pueden "mejorar el texto del Ejecutivo, y se comprobará también así de paso su interés en abordar este asunto con la unidad que requiere". En su escrito, el PP denuncia "falta de transparencia", porque de los 14.100 millones anunciados por Sánchez se excluyen medidas como los 5.000 millones de los fondos europeos que se recanalizarán o una línea de crédito ICO de 1.000 millones.

Y añade que el decreto "no es una respuesta realista a los aranceles, porque algunas medidas "ya habían sido aprobadas y otras se habían intentado aprobar hace cuatro meses", porque se incluyeron en el decreto ley ómnibus que decayó a finales de enero y que solo se pudo recuperar parcialmente. Una de esas medidas es la prórroga del plan MOVES para la ayuda al vehículo eléctrico —esta figura en un decreto ley acordado por el Consejo de Ministros el pasado martes y se somete a convalidación en el Congreso este próximo jueves, 10 de abril—, otra es el fondo de internacionalización de la empresa, que se amplía de 500 a 700 millones y que el PP ve "de poco calado".

Se opone además al artículo 6 del decreto, el que prevé que las empresas que lo precisen puedan disponer de más plazo para absorber las pérdidas que trajo el covid-19 o la dana, prolongando el tiempo en el que "no sean tenidas en cuenta a efectos de la causa de disolución". Génova recuerda que esta medida figuraba en el decreto ómnibus decaído y "no tiene ninguna relación con la situación de los aranceles". El documento del PP incorpora planteamientos como incentivos fiscal o "ajustar el IRPF a la inflación".

Tras la misiva de Bravo, fuentes del Ministerio de Economía respondieron que el Gobierno "va a analizar las medidas" y valorará "incluirlas". "Las conversaciones con todos los grupos parlamentarios están ayudando a terminar de dar forma el real decreto ley que irá este martes a Consejo de Ministros y a las medidas que seguirán viniendo en el futuro. Las iremos valorando con agentes sociales, comunidades autónomas, entidades locales y grupos parlamentarios a la luz de la evolución de la situación económica".

La lectura de la dirección del PP era muy distinta, sin embargo: interpretaron desde la cúpula de Génova que el Ejecutivo "no incorporará ninguna" de sus propuestas. Para los populares, "esto dimensiona la vocación de llegar a acuerdos del Ejecutivo una vez que no acepta negociar ninguna" de sus iniciativas.

"Es el PP de siempre. Al final a Feijóo nunca le dejan ser moderado o razonable. Le ha durado horas", respondían de vuelta en la Moncloa. No avanzaban si leían, a partir de las palabras de los populares, que votarían en contra del decreto ley cuando pase por el Congreso. "Que lo digan ellos, que expliquen por qué", avisaban. En el equipo del presidente intuyen, no obstante, que los conservadores "acabarán apoyándolo", como ocurrió con el decreto de revalorización de las pensiones, porque no tienen fácil explicar que se oponen a un texto que concita un consenso político amplio y también la anuencia de los agentes sociales. "Ellos solos se meten en líos. Ellos sabrán ahora lo que van a hacer", zanjaban en el círculo más estrecho del líder socialista.

Al dejar en el aire el PP el apoyo al texto que este martes aprueba el Consejo de Ministros, su convalidación no es del todo segura. Si los conservadores se sitúan en el no, el Gobierno tiene que apoyarse en su mayoría de investidura. Incluido Podemos, el socio que mantiene una posición más dura. Ione Belarra, líder de los morados, sostenía este lunes por la noche en Hora 25, que seguían estudiando el plan del Ejecutivo, pero apreciaban que "no va al corazón de la esencia del problema", ya que Trump ha declarado la guerra comercial y España continúa actuando "como EEUU fuera un aliado estratégico", y ese es "un problema de concepto".