El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha citado como testigos el próximo mes de mayo al expresidente de Indra y actual presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, así como al alto cargo de la empresa y anterior vicepresidente de Prisa, Rosauro Varo, además de otros cinco ejecutivos de Google e Indra. El magistrado quiere conocer si hubo irregularidades en la creación de un software para la actividad docente de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

El nexo común entre todos los empresarios es que en algún momento de la instrucción han sido citados como conocedores de estos trabajos de desarrollo del software que pretendía que las pequeñas y medianas empresas pudieran consultar con una serie de parámetros si estaban cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas.

El juez cree que dicha plataforma se la apropió de forma irregular la mujer del presidente del Gobierno que co-dirigía esta cátedra en la Complutense, al registrarla a su nombre. Y sospecha, además, que las grandes empresas accedieron a este trabajo de forma altruista porque Begoña Gómez residía en La Moncloa.

Las citaciones corresponden a que la pasada semana, Peinado escuchó a la exconsejera delegada de Indra que identificó a Manuel Ausaverri, responsable de la estrategia y jefe de gabinete de Indra en Murtra, como la persona que se encargó del asunto de la financiación de la cátedra. Tanto a él como a Murtra como a Fernando Abril Martorell (expresidente de Indra) han sido citados el próximo 28 de mayo.

Unos días antes, el 14 de mayo, serán escuchados como testigos el actual consejero ejecutivo y director general de Indra, Luis Abril, así como al jefe de proyecto de Google, Miguel Rodríguez Bueno, y al vicepresidente de Telefónica, Rosauro Varo. Todos ellos fueron mencionados en algún momento por los testigos que han expuesto estas últimas semanas cómo se fraguó la creación de este software.

Las acusaciones populares aseguraban que la "utilidad y pertinencia" de nuevas citaciones quedaba "justificada" por las "continuas referencias de los deponentes sobre las personas que conocían y ejecutaban de forma directa los trabajos y la actividad de las entidades empresariales en relación con la cátedra extraordinaria que nos ocupa". Los tres cargos y excargos que comparecieron el pasado 2 abril explicaron que, por sus funciones, no tenían conocimiento de los detalles de la negociación para invertir en el software del que se habría apropiado Gómez. Las dos tecnológicas informaron por escrito al juez Peinado el año pasado sobre las inversiones que realizaron en el software: Google invirtió 110.000 euros e Indra abonó 128.442 euros.