No hay trampa ni cartón. No hay una prima a Cataluña, ni un porcentaje del 25% de las ayudas contra los aranceles garantizadas a las empresas catalanas. Es lo que sostiene el Ministerio de Economía frente a Junts, cuya voluntad de sacar la cabeza y de apuntarse (otra vez) un tanto en una negociación con los socialistas ha zarandeado la frágil entente del Gobierno con el PP. Y es que la formación de Alberto Núñez Feijóo se sintió "expulsada" del pacto en torno al primer real decreto ley de respuesta a la guerra comercial emprendida por Donald Trump por ese 25% que señalaron los posconvergentes. Un enfado que causó perplejidad inmediata en el Ejecutivo, un enfriamiento que venía a amenazar, aunque no matar, el débil hilo de interlocución abierto en los últimos días. Pero la confianza en que la norma conseguirá los votos en el Congreso se mantiene intacta.

El propio titular de Economía, Carlos Cuerpo, lo decía este martes por la tarde en los pasillos del Senado. Este primer decreto ley, que se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado y que entra en ese momento en vigor, es, para el ministro la "primera capa de la red de seguridad" que el Gobierno ha desplegado para proteger a empresas y trabajadores del ataque arancelario de EEUU, y ha quedado "muy equilibrada". "Y esperamos que pueda ser aprobada mayoritariamente [en la Cámara baja] porque vamos a seguir necesitando a los grupos políticos". Cuerpo sigue apelando a la "construcción conjunta" con el PP y el resto de partidos, desea ir tejiendo esa respuesta unitaria a la crisis desatada por Washington. En la Moncloa, no obstante, ya avisan: el decreto logrará ser convalidado aun sin los votos del PP, porque los apoyos "están trabajados".

El decreto, dice el ministro, es la "primera capa de la red de seguridad", y "esperamos que pueda ser aprobada mayoritariamente porque vamos a seguir necesitando a los grupos políticos"

Cuerpo, para cuando se detuvo en la Cámara alta a atender a los periodistas, al salir de una interpelación en el hemiciclo, ya había podido conversar con el interlocutor elegido por Feijóo, Juan Bravo, y había logrado apagar el incendio. De ahí que manifestara una y otra vez su "tranquilidad". Así fue. Fuentes de la cúpula del PP dieron por buenas las explicaciones del ministro y mantuvieron así abierto el canal de diálogo a cuenta de los aranceles.

Este martes 8 de abril dio para varias idas y venidas. A veces de forma inexplicable y hasta incomprensible. Primero la dirección de Feijóo reconocía que el Gobierno había incorporado algunas de sus peticiones al decreto fruto de una larga noche de negociaciones. Las modificaciones, protestaron, eran "insuficientes". Cuerpo confirmó esos cambios en el texto —rendición de cuentas trimestral en el Congreso, prórroga de la moratoria contable para que las empresas que sufran pérdidas no sean computadas, pero solo hasta 2025 y 220 millones más para el apoyo a la internacionalización de las compañías—, pero sobre todo incidió en la mano tendida. En la predisposición al "diálogo abierto y constructivo" de cara al futuro.

Pero Junts quiso sacar pecho de su negociación con el Ejecutivo. Como habitualmente hace. La formación de Carles Puigdemont explicó que había atado con el Gobierno que el 25% de las ayudas irían a Cataluña. "El acuerdo establece que la movilización de los más de 14.000 millones de euros que contempla el real decreto ley se hará en base al peso de las exportaciones de Cataluña a EEUU. Cataluña representa el 25% de las exportaciones del Estado a EEUU, y eso implica que se movilizarán más de 3.000 millones a favor de las empresas catalanas", relató el portavoz adjunto del partido en el Congreso, Josep Maria Cruset.

Junts vendió que el 25% de las ayudas irían a Cataluña. "El Gobierno ha decidido expulsar al PP del marco negociador", protestó de inmediato Génova, que no obstante no se levantó de la mesa

"El Gobierno ha decidido expulsar al PP del marco negociador para la respuesta" a la guerra de Trump "tras pactar unilateralmente con el independentismo un cupo arancelario que reparte de manera desigual los recursos de todos los españoles", indicaron sobre las cinco de la tarde fuentes de Génova en un comunicado durísimo en el que aseguraban que no se prestarían a "blanquear" un pacto que "vuelve a comprometer la igualdad entre ciudadanos y entre territorios", que no aceptarían un "acuerdo oculto", que lo entendían como una "falta de respeto" a la interlocución mantenida en las últimas horas. Pero también dejaban claro los populares que no se levantaban de la mesa: "Seguiremos atendiendo las llamadas que recibamos porque somos un partido de Estado".

Red de seguridad "a demanda"

Automáticamente, fuentes de Economía negaron la existencia de cuotas regionales en el plan. Es una red de seguridad para empresas y trabajadores "a demanda", precisaron. En el equipo de Cuerpo incidieron en que la disposición adicional segunda incluida en el real decreto ley, "compartido con todos los grupos parlamentarios y acordada con Junts", dispone que "los instrumentos estarán a disposición de las empresas de manera equilibrada territorialmente en función de su exposición al shock" comercial de Trump. Es decir, "si hay empresas más expuestas a los aranceles en determinadas regiones, podrían necesitar más acceso a la financiación". Es decir, que lógicamente aquellas CCAA que concentren más compañías que exporten a EEUU —caso de Cataluña, pero también Comunitat Valenciana o Galicia— se verán más expuestas por la guerra comercial emprendida por EEUU y, por tanto, pueden necesitar más facilidades.

Economía insiste en que ninguna empresa tendrá que competir con otra por las ayudas, porque estarán a disposición de todas las que las requieran. El 25% que dice Junts, alega, es una aproximación, porque Cataluña es de las que más exporta a EEUU

Así, "la financiación se otorgará a las empresas que lo soliciten y el seguimiento del uso de los instrumentos se hará de forma transparente articulando mecanismos de seguimiento con las comunidades autónomas y rendición de cuentas ante las Cortes". Habrá financiación, garantizó el Gobierno, "para todas las empresas que lo requieran". En el Gobierno no entraban a valorar porcentajes: el 25% que citaba Junts podría ser una aproximación, construida a partir de la información de la que disponen las CCAA, porque son ellas las que conocen perfectamente cuáles de sus empresas exportan a EEUU.

La disposición adicional segunda del real decreto ley 4/2025, de 8 de abril, de respuesta a la guerra arancelaria. | BOE

La disposición adicional segunda del decreto ley dice textualmente que el Gobierno "garantizará que la puesta a disposición a las empresas de los instrumentos financieros regulados" en la norma —no solo una línea de crédito ICO de 5.000 millones, sino también 2.000 millones más en seguros de crédito a la exportación a través de CESCE, o el refuerzo de 720 millones de apoyo a la internacionalización vía FIEM— se efectúe "con respeto al equilibrio territorial". ¿Cómo? "Sobre la base del porcentaje de las exportaciones de bienes con destino a EEUU de las empresas de cada comunidad autónoma respecto al total de España en 2024 con particular atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición".

A tal efecto, continúa la disposición adicional segunda, "se articularán mecanismos de participación y seguimiento por parte de las comunidades autónomas, orientados a garantizar la transparencia, la equidad y la coherencia de la distribución con el citado criterio objetivo". Y añade que el Ejecutivo "remitirá trimestralmente al Congreso de los Diputados un informe desglosado por territorio, sector y beneficiarios para cada uno de los instrumentos financieros regulados" en el real decreto ley.

En el Ejecutivo recuerdan que el texto se pasó al PP antes del visto bueno del Consejo de Ministros, y no detectó nada raro que le hiciera saltar las alarmas

Fuentes de Economía explicaron que el PP tuvo conocimiento de la versión final de la norma antes de que fuera aprobada por el Consejo de Ministros. La propia dirección popular lo admitió en el mensaje que trasladó a los periodistas a las 13.03: contaba que pasada la medianoche del lunes al martes, a las 00.21, Economía les había remitido el decreto con "alguna modificación" que consideraban "insuficiente". Y acababa así el comunicado: "El Gobierno nos remitió el texto que va a Consejo de Ministros, pero por respeto institucional no haremos referencia expresa a su contenido hasta que el Ejecutivo lo haga público de manera formal". En suma, que Bravo pudo ver la versión final y no detectó nada raro que le hiciera sospechar o que pudiera alarmar a su partido. "Pero es que además este plan beneficia a todas las empresas y funciona a demanda de ellas mismas. Va a haber financiación para todas y si faltara, se elevarían las cuantías. Lo que sí hemos aceptado es que hay que tener sensibilidad con las comunidades", insistieron. El jueves, Cuerpo se reunirá con los consejeros autonómicos del ramo en el marco de la conferencia sectorial.

"Puede ser ratificado sin ningún tipo de problema por todos"

El ministro no quiso alimentar la confrontación con el PP. En sus declaraciones ante los medios en el Senado, a las siete de la tarde, unas dos horas después del comunicado de Génova, remarcó que el texto del decreto es "muy equilibrado" y también que era "de conocimiento por parte de todos los partidos". "Los grupos han contribuido a hacer que el real decreto ley mejorara y a partir de aquí tenemos que seguir trabajando. Estamos solo al principio de este proceso de mano tendida, de diálogo" porque, "desafortunadamente, lo más probable es que vayamos a estar en esta situación de crisis arancelaria durante más tiempo". Cuerpo se manifestó "muy tranquilo" con la disposición pactada con Junts, porque permite "dar respuesta a aquellas empresas que más lo vayan a necesitar", ya que en el Gobierno son "conscientes de que hay sectores que van a verse más afectados porque están más expuestos precisamente a la economía americana", como hay CCAA que "se verán más afectadas". "Lo que tenemos que conseguir es que las empresas que lo necesitan accedan a esos fondos y eso es lo que permite este texto y, por lo tanto, estoy convencido de que puede ser ratificado sin ningún tipo de problema por todos por los partidos", incidió.

Estoy hablando con el señor Bravo con más frecuencia casi que con mi familia. Estamos en una situación de contacto continuo y de buen entendimiento. Eso es en lo que tenemos que estar", apunta Cuerpo

El responsable de Economía subrayó que unas empresas no tendrán que "competir" con otras por ayudas, porque habrá "suficientes para todas". El techo de 5.000 millones de la línea de créditos ICO que activa este decreto es "muy elevado", pero según se vaya utilizando, se irá "ampliando, por supuesto, en la medida en que sea necesario". Cuerpo mostró en todo momento mano tendida al PP: reconoció que había conversado con el vicesecretario de Economía de los conservadores durante la tarde, después del duro mensaje de su partido. "Estoy hablando con el señor Bravo con más frecuencia casi que con mi familia. Estamos en una situación de contacto continuo y de buen entendimiento. Yo creo que eso es en lo que tenemos que estar, por encima del ruido o por debajo de ruido, si me lo permiten, trabajando, porque tenemos mucho trabajo por delante".

Fuentes muy próximas a Cuerpo contaron que la conversación con Bravo había sido "amena y constructiva", que los puentes no se habían roto, que desde el Gobierno habían intentado ser lo "más transparentes" y por eso el domingo por la noche había remitido un primer borrador a todos los grupos —salvo Vox—, y luego la versión final antes del Consejo de Ministros. El texto "equilibrado" es "difícil de rechazar", apuntaban. Incluso para el PP, a quien Economía seguirá apelando y del que cree que puede tener su apoyo cuando el decreto se someta a la convalidación del Congreso en unas semanas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), acompañado de la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y del vicesecretario de Economía, Juan Bravo, este 7 de abril de 2025 en la sede de Génova. | EFE / DANIEL GONZÁLEZ

Más tarde, desde Génova dieron por buenas las explicaciones que Cuerpo había dado a Bravo en una llamada en la que le explicó que no había habido cambios respecto a lo que habían hablado en conversaciones previas, informa EFE. El PP, por tanto, se quedó más tranquilo tras la última charla y espera que se vayan incluyendo sus propuestas en futuros decretos de respuesta a la crisis arancelaria.

En el PP, tras una conversación de Bravo y Cuerpo, dan por buenas las explicaciones del Ejecutivo y se consideran más tranquilos al ver que no había cambios respecto a lo trasladado horas antes

Lo sucedido este martes, y también lo ocurrido la víspera, ilustraba a la perfección la fragilidad de las relaciones entre Gobierno y PP y cómo está costando armar un frente común frente a la tormenta arancelaria desencadenada por Trump. Y nada está sentenciado aún.

En la Moncloa molestó sobremanera cómo los populares trasladaron primero, el lunes por la noche, que el Gobierno no estaba dispuesto a incluir ninguna de sus propuestas en el decreto, cuando Economía acababa de recibir, señalaban, el escrito firmado por Bravo con sus peticiones. "Estaban preconstituyendo las pruebas, preparando el terreno" para que no hubiera acuerdo. "Pero al final esto es muy sencillo: estás con Vox o estás con Europa". En el núcleo duro del Ejecutivo también creen que lo ocurrido en las últimas horas prueba la tensión entre las dos almas del PP: la moderada que representaría Bravo y el ala dura del portavoz parlamentario, Miguel Tellado. Pese a todo, entienden que sería "extraño" que al final el PP se acabara alineando con el Vox, votando "al lado de Santiago Arancel", el apelativo con el que los socialistas han rotulado a Santiago Abascal, jefe de Vox, por su seguidismo de Trump.

En la Moncloa creen que sería "extraño" que el PP acabara votando "con Santiago 'Arancel'", líder de Vox. E ironizan con que quedan semanas para la convalidación en el Congreso, tiempo suficiente para que los populares "se enfaden y desenfaden"

El Gobierno se muestra seguro de que tiene los apoyos necesarios para sacar adelante el decreto ley en el Congreso. Incluso si el PP pegara la espantada, porque "los apoyos están trabajados con los grupos", responden en la Moncloa. Si Feijóo girara al no, haría falta el respaldo del bloque de investidura. También de quien mantiene la posición más dura, Podemos. El Ejecutivo exhibe tranquilidad. "No convalidaremos el texto en la Cámara baja hasta dentro de unas semanas, porque apenas tenemos plenos en abril, así que mientras el PP tiene tiempo a enfadarse y desenfadarse", ironizaba un ministro. El martes, a última hora, Génova se desenfadó.