El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dado un paso importante en la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, al involucrar como testigo a siete altos cargos de dos empresas del Ibex-35, Indra y Telefónica, y la gran tecnológica Google. Fuente jurídicas hablan de gran malestar dentro del mundo empresarial por esta decisión que, según dicen, solo sirve "para armar ruido".

El juez Peinado busca a los responsables de la creación del software que se desarrolló para utilizarse en la cátedra de Transformación Social y Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que co-dirigía Begoña Gómez y, para ello, ha dictado un nuevo escrito con una tanda de testigos para mayo entre los que se encuentran el actual presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, así como a Rosauro Varo, miembro del consejo asesor de esa empresa y exvicepresidente de Prisa. Según el sumario, Google invirtió 110.000 euros para desarrollar el proyecto, Indra 128.000 euros y Telefónica se supone que destinó 55.000 euros.

El magistrado sospecha dos cosas: por un lado, que ese software se hizo de forma altruista por parte de empresas de tan alto nivel porque la petición partía de la propia mujer del presidente del Gobierno; y, por otro lado, que Gómez registró la marca a su nombre y no al de la Complutense en el Registro de manera irregular. De confirmarse ambos extremos tendría algún clavo más para apuntalar los delitos de apropiación indebida y tráfico de influencias por los que está investigada Gómez.

Las citaciones vienen precedidas de unas testificales que se produjeron la pasada semana de altos cargos de Intra y Google que, en su gran mayoría, se desvincularon de cualquier irregularidad en la creación del software. Algunas fuentes personadas en el procedimiento defienden que Peinado ha sido cauto y ha esperado a oír algunos de estos nombres en Sala en boca de otros testigos para llamarlos a declarar y no lo ha hecho desde el principio como pidió en algunos casos en su querella inicial la acusación popular Hazte Oír.

Sin embargo, otras fuentes jurídicas consultadas consideran que el magistrado está "desbordando" los límites de una investigación penal y sólo está citando a determinadas personas como Murtra o el propio ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños --que debe declarar el próximo 16 de abril-- por motivos más de "cara a la galería" que jurídicos.

Consideran dichas voces que para llamar a declarar a todo un plantel de empresarios que sostienen la bolsa española hace falta más de lo que tiene Peinado sobre la mesa. Indican que se podría solicitar que algún representante legal de la compañía explicara el asunto como testigo y no señalar de forma pública a los consejeros y jefes que ahora deben realizar la entrada atestada de cámaras en las escaleras de Plaza de Castilla. Con estas citaciones, indican las fuentes más críticas, sólo se van a pisar callos y no a avanzar realmente en la investigación.

Además de Murtra y Varo, entre el 14 de mayo y el 28 tendrán que acudir a declarar el jefe de proyecto de Google, Miguel Rodríguez Bueno; el responsable de Relaciones Institucionales de esa empresa, Miguel Escassi; el responsable de estrategia y jefe de gabinete del presidente de Indra, Manuel Ausaverri; el consejero de Indra y alto directivo de Minsait, Luis Abril; y el expresidente de Indra, Fernando Abril-Martorell.

No se descarta que pueda salir alguna imputación de esas testificales si, en algún momento, se llega a confirmar que se actuó desde las empresas de forma irregular para favorecer a la esposa de Pedro Sánchez. Pero el temor en el que abundan algunas voces se basa en que Peinado pueda concretar un nuevo imputado sin ser muy prólijo en sus argumentos, como denuncian que ya ha ocurrido a lo largo de la instrucción.

De hecho, tanto la asesora de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, la última imputada en el caso, como el exconsejero del PP y actual directivo del Instituto de Empresa (IE), Juan José Güemes, han elevado la cuestión de su imputación a la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de Álvarez, su letrado ha afeado al juez que le tendiera "una trampa" al citarla como testigo para después terminar implicándola en la investigación.

Una práctica que, por otro lado, ha seguido también con Güemes, con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y con el empresario Juan Carlos Barrabés. Los recursos que se han presentado lamentan que los escritos de Peinado no sobrepasen las tres páginas y que, por ende, la argumentación sea pobre.

Abrir nuevas derivadas en Air Europa

Los defensores de la instrucción inciden en que Peinado ha ido por "fases" en este caso y ahora se encuentra en el apartado de esclarecer bien cómo se gestó la plataforma que pretendía dar apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que de una forma sencilla pudieran medir si estaban cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

Después del presunto tráfico de influencias en favor de las empresas de Barrabés y de la investigación de la cátedra el foco se ha movido al software y a la contratación de la asesora de Moncloa que, supuestamente, ayudó a Gómez en sus actividades privadas. En este último punto, Peinado ha añadido un delito más, el de malversación, a la ristra de delitos que analiza las diligencias: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, usurpación de funciones públicas y apropiación indebida.

De fondo se apunta una nueva línea más de investigación relacionada con el rescate de Air Europa. El fiscal ha advertido al magistrado de lo "irregular" lo "insólito" y lo "extraordinariamente grave" que sería agregar el informe que le ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compañía aérea cuando la Audiencia Provincial de Madrid ya delimitó el objeto de la causa dejando fuera esa parte. Peinado, sin embargo, asegura que no investigar sería prevaricar y está decidido a seguir adelante.