"No hay UE ni democracia sin Estado de Derecho; no hay Estado de Derecho sin separación de poderes; y no hay separación de poderes sin independencia judicial" reza el arranque de una de las resoluciones que se aprobarán en el congreso de los populares europeos, los días 29 y 30 de este mes en Valencia y a la que ha tenido acceso El Independiente. Bajo el enunciado "por una UE que siga defendiendo el Estado de Derecho", las enmiendas presentadas tienen la firma de la secretaria general
del PP, Cuca Gamarra; de la portavoz de los populares en la Eurocámara, Dolors Montserrat, y del vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, con alusiones directas a España en lo que consideran pretensiones directas del Gobierno de Pedro Sánchez de intervenir en la Justicia.

Así lo expresa la propuesta de resolución, rechazando los "intentos de instrumentalizar políticamente o interferir en el poder judicial y la Fiscalía, especialmente en España". También "denunciamos el uso de reformas legislativas ad hominem, comisiones parlamentarias que investigan presuntos casos de guerra jurídica y leyes de control masivo de datos". En definitiva, los populares europeos, "abogamos por marcos legales que protejan a los jueces de la presión política".

España y Malta

Lo cierto es que en el texto salvo a España, solo se cita a otro país de la Unión, Malta, acusada de propiciar "una cultura de impunidad que protege a quienes participan en actos de corrupción y abusos de poder" que han conducido, incluso, al asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, "consecuencia directa de este colapso que, años después, persiste".

Nada que ver, afortunadamente, con España, pero la situación de nuestro país denota, a juicio del partido que sostiene al Grupo Parlamentario mayoritario de la Eurocámara, otras debilidades. "El respeto a principios como la legalidad, la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, la independencia judicial, la libertad de prensa y la transparencia es fundamental. Ante los recientes desafíos, es crucial reforzar estos principios, combatir los intentos de debilitar los controles y contrapesos, y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía", proclaman.

El PPE denuncia el uso de reformas legislativas ad hominem, con una denuncia muy concreta a dos reformas, una ya aprobada y otra en ciernes. Se trata de la ley de Amnistía -"redactada por sus beneficiarios, que compromete la transparencia e imparcialidad del proceso legislativo"- y de la propuesta de Ley Orgánica de protección contra el acoso judicial abusivo y su aplicación retroactiva. Entienden que la misma "podría restringir el acceso pluralista a la justicia y la independencia judicial". Es la llamada coloquialmente 'Ley Begoña', destinada a eliminar prácticamente las acusaciones populares en respuesta a las causas que tiene abiertas la esposa del presidente del Gobierno en el juzgado del juez Peinado.

En este sentido, denuncian "las reformas urgentes en España que modifican las funciones institucionales sin debate". Cabe señalar que tanto la ley para amnistiar a los cabecillas del desafío independentista catalán, en concreto al prófugo Carles Puigdemont, como la del "acoso judicial", son proposiciones de Ley que ni siquiera pasan por los órganos consultivos, esto es, el CGPJ y el Consejo de Estado.

Apuesta por fortalecer el TJE

Hay otro aspecto destacable en la propuesta de resolución, muy pegado al debate abierto por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, quien intentó cortocircuitar la posibilidad de que las audiencias provinciales o TSJ acudan al Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) para evitar acatar los fallos del TC. El PPE hace una mención expresa al TJUE el "fortalecimiento" de este tribunal "e instamos a los Estados miembros a cumplir sus sentencias".

Ya de forma más general apuestan por marcos legales que protejan a los jueces de la
presión política y endurecer las medidas anticorrupción, la aplicación de normas de transparencia y el fortalecimiento de la Fiscalía Europea (EPPO), de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y de Eurojust "para reforzar la cooperación con las agencias nacionales en la lucha contra los delitos financieros". También "defendemos la libertad de prensa como pilar fundamental de la democracia, rechazando cualquier intento de censura o manipulación gubernamental de los medios de comunicación".

Núñez Feijóo podrá estar junto a su familia política en Valencia por el cambio de plenos

Por otro lado, y contra lo que se temían en el PP, es muy probable que Alberto Núñez Feijóo y la dirección nacional del partido pueda acudir a la cita congresual de Valencia sin faltar a un solo pleno del Congreso de los Diputados ni a la sesión de control al Gobierno. En un inopinado giro de los acontecimientos, el PSOE acepta cambiar la sesión plenaria de la última semana de mes para trasladarla a la siguiente. Así, de paso, no coincide con la semana del puente laboral del 1 de mayo, fiesta en toda España, y del 2, que se celebra en la Comunidad de Madrid.

Según explicaron fuentes socialistas a Europa Press, han aceptado el cambio por lealtad institucional con los jefes de Estado que han sido invitados a esta cumbre, entre ellos los presidentes de gobierno de Alemania, Polonia y Grecia, entre otros, además de Úrsula von der Leyen y Roberta Metsola, presidentas de la Comisión Europea y de la Eurocámara, respectivamente.