Los socios del Gobierno temen un volantazo de Podemos que tumbe la reforma de la ‘ley mordaza’

A principios de octubre del año pasado EH Bildu y PSOE consiguieron sortear los obstáculos de la legislatura anterior y llegaron a un acuerdo para reformar la ley orgánica de Seguridad Ciudadana, coloquialmente conocida como 'ley mordaza'. El choque previo, en 2022, vino por las diferencias entre socialistas e independentistas respecto al uso de las pelotas de goma como elemento antidisturbios y las devoluciones en caliente en la frontera sur con Ceuta y Melilla. Ahora Podemos, en un atrincheramiento en la izquierda en la búsqueda de ser el principal referente, añade más leña al fuego a algo que parecía tomar buena forma. Eso preocupa a los socios del Gobierno más progresistas.

Sobre la primera cuestión hay consenso en su supresión, pero diferencias en los plazos para hacerlo: desde la progresividad de EH Bildu y ERC, a la inmediatez de BNG o Podemos. Los grupos, pese a todo, en este asunto creen que puede haber entendimiento. Más complicado es la segunda materia, la fronteriza. La reforma impulsada por los de Arnaldo Otegi contempla una disposición adicional para que en un plazo de seis meses se aborde una modificación de la Ley de Extranjería. Con ella se quiere ajustar las actuaciones policiales en la frontera de acuerdo a la normativa de Derechos Humanos y protección internacional.

Es una pretensión, en todo caso, menos ambiciosa que la que se venía exigiendo al PSOE, y eso Podemos no lo quiere consentir, en plena pugna con el Gobierno de coalición por rehuir, dicen los morados, reformas "profundas, de calado, y de izquierdas". Podemos quiere salir de su próxima asamblea ciudadana, la quinta, con un nuevo proyecto orientado más a la autonomía del PSOE. Se celebra del 11 al 12 de abril en Madrid. Además, los morados argumentan que ese compromiso de reforma de Extranjería puede quedarse en papel mojado, por las propias dificultades que ha arrastrado la reforma del artículo 35 para responder a la crisis migratoria. Más de la mano de Junts.

La mayoría de grupos están de acuerdo con la disposición adicional, pero Podemos exige que se haga de la mano del propio cambio de la 'ley mordaza'. Que se refleje con claridad la imposibilidad de devoluciones en caliente en beneficio del asilo. Lo incluyen en las más de veinte enmiendas incorporadas al cierre de diciembre del año pasado, y que ahora deberán debatirse en comisión para luego votarse en pleno cuando se decida elevar el dictamen y los proponentes tengan cupo. Unas enmiendas en respuesta a una ley que para los de Ione Belarra "tiene mucho titular y poco cambio".

El conjunto de la enmiendas van dirigidos a una derogación total de la norma, y no de los efectos más lesivos, relativos a la desobediencia o a las faltas de respeto a la autoridad. Se demanda eliminar la "presunción de veracidad" dada a las autoridades, que se les obligue a dar un justificante tras las identificaciones, eximir de responsabilidad por infracciones a menores de edad o quitar las infracciones leves presentes en la ley. Ese anhelo se incorpora, de hecho, en los documentos a debate propuestos por el equipo de Belarra de cara a la asamblea política. De ahí saldrá la posición que Podemos tomará en este debate, que a priori no da buena señal al resto de la izquierda.

Las exigencias de Podemos, que suponen un distanciamiento de los socios mientras, se abren otro frente mientras el PNV reclama justo lo contrario; mayor contundencia hacia las faltas de respeto hacia la autoridad: rechaza que retractarse exima de responsabilidad y pide agravar la desobediencia.

Hay otra enmienda que, de pretender Podemos que sea ineludible, no encontrará el respaldo mayoritario de los socios, al menos del PSOE, para sacar adelante la norma. Es la relativa a la eliminación de los festejos o las actividades en los que se maltraten o maten animales. Relativa a los eventos taurinos, pero también a la caza. Precisamente, el empleo de perros para el ámbito cinegético fue una de las cuestiones que quedó fuera de la Ley de Bienestar Animal que los morados impulsaron desde el Gobierno por insistencia del PSOE.

Preocupación y escasas conversaciones

Ante la consultas a EH Bildu, El Independiente no ha recibido respuesta al cierre de esta edición. Fuentes de ERC aseguran que en este momento "la reanudación de la negociación está en una fase muy embrionaria todavía". "El debate en pleno ni se prevé", trasladan los republicanos, que apuestan por la mayor discreción posible para evitar que se desquebraje el asunto. Se acogen al paso del "tiempo" para "ver cómo avanza".

Las negociaciones entre socios son mínimas y bilaterales tras la publicación de las enmiendas en comisión. Sumar llama a llegar a un acuerdo antes del fin del periodo de sesiones

Sí ahondan desde Sumar en un temor generalizado de todas las fuerzas progresistas a que esto caiga. Aseguran que las conversaciones se están produciendo con mucha discreción, pero lo cierto es que están siendo escasas desde diciembre y solo de forma bilateral. Sí hay claridad en marcar el 1 de julio como fecha límite para ejecutar esta reforma. No por plazos legales, sino por el simbolismo que supone lograrlo al cumplirse entonces diez años desde la entrada en vigor de la ley aprobada por la mayoría del PP entonces.

También porque para entonces culminará el periodo de sesiones, y la inestabilidad del Gobierno deja pocas opciones más a la vista. Tampoco es alentador la influencia que en los sondeos tienen PP y Vox, que tendrían el camino libre hacia Moncloa de haber elecciones.

Sumar, a diferencia de EH Bildu o ERC, sí valora el momento. Fuentes del partido creen que Podemos, en una actitud ofensiva, puede romper un consenso más o menos edificado dejando incapacidad de pulir otros detalles con PNV o Junts en esta recta final de debate. Rechazan que Podemos abogue por unas pretensiones maximalistas por interés electoralista, prefiriendo tirar por tierra el trabajo realizado en los últimos meses, así como la base previa de varios intentos desde la izquierda tiempo atrás. De votar en contra, consideran que el golpe político para Belarra e Irene Montero sería terrible. "Todo quedaría muy claro", con "una foto nítida" de los cuatro diputados de Podemos junto a PP, Vox y UPN, los que se oponen a la supresión.

La línea de los socialistas es completamente opuesta. Fuentes del Gobierno no consideran alarmante que la reforma no salga, dado que la cesión a EH Bildu correspondió en parte en una forma de garantizarse su apoyo durante la legislatura. De hecho consideran que Podemos votará en contra. Si bien es cierto que es uno de los pilares del Plan de Acción por la Democracia del Ejecutivo, Moncloa pone el foco en la reforma del artículo 36 de la ley, sobre las sanciones a profesionales de la información cuando cubran las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado.

Las cuentas para los socios son muy claras: se necesitan 176 o más diputados para aprobar la ley dado que es de carácter orgánico, y sin Podemos, de conseguirse aunar al resto, solo se alcanzarán los 175. Esa misma dificultad para atar a todos los socios del Ejecutivo, es la que esgrime el partido morado para rechazar aplazar esa reforma de Extranjería.

Las pelotas de goma, otro elemento de división

Aunque es el concepto que generalmente más divide a los socios, todos concluyen en la necesidad de suprimir las pelotas de goma por otro elemento menos lesivo como ya ocurre en Euskadi y Cataluña. Se rechazan las balas de foam. Podemos, BNG y Junts quieren que se haga de inmediato junto a la ley. Aunque los dos últimos abogan porque se haga efectivo a final de año una vez entre la norma en vigor. Podemos lo exige desde el minuto uno.

Por su parte, EH Bildu y ERC apuestan por un relevo progresivo. Apuntan a un tiempo de seis meses para que Interior establezca un calendario de sustitución de ese material, lo que aplazaría al menos hasta 2026 ese remplazo.