"No lo decimos nosotros, lo dice el BOE, es norma", así se expresó ayer el diputado de Junts Josep Maria Cruset desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Se refería a la disposición adicional segunda del decreto antiaranceles en la que se habla del criterio de territorialidad en el reparto de las ayudas y en el acceso a los instrumentos financieros, que habilita, según Junts, a que Cataluña reciba el 25% del total, un porcentaje que el Ejecutivo niega. La derecha independentista enarbola como un triunfo dicha disposición adicional segunda, no contenida en el borrador inicial que recibió el PP el pasado domingo por la noche porque se pactó después. Asimismo, aseguran los populares que, una vez incluida, no se les trasladó el lunes por la noche la literalidad de la misma y solo pudieron advertir los cambios una vez aprobada en el Consejo de Ministros.

En concreto, la disposición de la discordia, la adicional segunda, señala que las medidas implementadas por el Gobierno respetarán el "equilibrio territorial, sobre la base del porcentaje de las exportaciones de bienes con destino a Estados Unidos de las empresas de cada comunidad autónoma respecto al total de España en 2024 con particular atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición". Desde el PP aseguran que "se mete la referencia temporal, 2024, cuando antes no estaba" y ahí reside, a su juicio, la clave que permite derivar buena parte del grueso de las medidas hacia las empresas catalanas.

A los populares les escamó la introducción de una referencia temporal (2024), y el cambio de la palabra "discrecionalidad" por "arbitrariedad"

El martes por la tarde, con el decreto ley ya aprobado por el Consejo de Ministros, y tras otra conversación entre el titular de Economía, Carlos Cuerpo, y el responsable económico del PP, Juan Bravo, parecía que los populares daban por buenas las explicaciones del ministro, por lo que no se entendía el endurecimiento del discurso que este miércoles por la mañana pronunció Alberto Núñez Feijóo desde Bruselas y el propio Bravo durante la comparecencia parlamentaria de Cuerpo. Pero en el equipo del responsable económico del PP niegan que este se diera por satisfecho. "No fue así. No lo dio por bueno porque el Gobierno no explicó" los cambios introducidos, aducen.

Acusan a Economía asimismo de modificar el redactado de la disposición adicional tercera por presiones de los de Carles Puigdemont. En este caso, se trata de un término, de modo que, en lugar de decir que la ejecución de los fondos previstos en el decreto "no podrá estar condicionada a criterios de oportunidad política o discrecionalidad del órgano concedente", cambia 'discrecionalidad" por 'arbitrariedad' en el texto definitivo, lo que permite, a su juicio del PP, una interpretación mucho más laxa a la hora de otorgar las ayudas.

De "elementos acertados" a ser "un parche"

De modo que un decreto ley al que Núñez Feijóo reconocía el lunes "elementos acertados", ha pasado a ser "un parche", según sus declaraciones de ayer miércoles desde Bruselas. Dicho redactado "puede dotar de arbitrariedad y de confusión en el reparto" de ayudas, de modo que "hoy no estamos más cerca que ayer en apoyar ese decreto ley que no es una solución". Queda por delante un mes para su convalidación y alguna conversación más entre Cuerpo y Bravo, aunque no hay nada previsto, al menos de momento. Y, además, el escenario vuelve a hacerse incierto con la pausa de 90 días a los aranceles ordenada por Donald Trump este mismo miércoles.

Los populares no quieren adelantar cuál será el sentido de su voto, y eso que en la sesión de control la vicepresidenta segunda, María Jesús Montero, les apremió una y otra vez este miércoles en la sesión de control en el Congreso. La verdad es que, salvo excepciones, mantienen la incógnita hasta el último momento en la práctica totalidad de las votaciones parlamentarias. Tampoco piden que el decreto se tramite como un proyecto de ley. Son muchos los proyectos paralizados, con decenas de prórrogas de enmiendas, que no terminan de ver la luz y que, en cambio, están vigentes, puesto que el decreto se convalidó en el Parlamento.

Los populares no han adelantado aún el sentido de su voto, pese a que en la sesión de control de este miércoles la vicepresidenta Montero les apremió

Niegan en Génova que el estado de cierta confusión de los últimos días responda a divisiones internas respecto a cómo afrontar este asunto, si apoyar el decreto gubernamental o mantener distancias para obligar a Pedro Sánchez a que se bregue con sus socios. El asunto "se enmaraña por Junts", pero, también, ,"por la enorme desconfianza que tenemos hacia el Gobierno". Cuando Junts se apresuró a comunicar que había acordado un pacto ventajoso para Cataluña a cambio de aprobar el decreto, se tuvo que "poner pie en pared", dice un miembro del núcleo duro del PP.

La estrategia pasa por "mantener la presión porque Cuerpo tiene que despejar en público lo que dice en privado. Que lo aclare, que se enfrente con Junts y no con nosotros". Pero desde Economía creen que no hay caso. Admiten que se añadió en la disposición adicional segunda el marco temporal de 2024 "como referencia para el cálculo de la exposición" y aducen que los cambios incorporados no van más allá de "aclaraciones", de corrección de "erratas" y cuestiones menores, "nada de fondo". En ese contexto explican el cambio de "discrecionalidad" por "arbitrariedad", sin ningún trasfondo de intencionalidad política, aseguran. Así, en la exposición de motivos, donde había dos puntos se puso un punto y seguido y en esa misma exposición de motivos se quitó un "de".

Disposiciones adicionales segunda y tercera del real decreto ley 4/2025, de respuesta a la guerra arancelaria. | BOE

Un apoyo mayoritario de la Cámara

De hecho, el propio ministro explicó estas modificaciones desde la tribuna de oradores del Congreso e insistió en que "no hay ningún elemento de engaño". "¿Sirve esto para justificar que se quieran salir del acuerdo? En todo momento hemos tenido una conversación franca", le dijo a Bravo. Pero a pesar de la controversia y el ruido, en Economía aspiran a cosechar un apoyo mayoritario de la Cámara cuando pase por el pleno para su convalidación. Incluido el PP. Cuerpo reiteró al dirigente popular su "mano tendida", y en privado lo rubrican: no hay que dejarse llevar por el ruido, hay que "ir al fondo".

En la Moncloa creen que lo lógico sería que el PP votara abstención o 'sí' en la convalidación del decreto, pero advierten de que tienen más dudas de qué haría si sus votos resultan imprescindibles

En definitiva, un decreto que ha vuelto a romper el aparente acercamiento entre socialistas y populares en esta materia después de pasar por varios episodios de afección y desafección. Si bien al principio el primer partido de la oposición se felicitaba por las buenas formas de Economía, ahora todo son sospechas.

En la Moncloa creen que el PP tendrá difícil, pese a todo, votar que no al texto cuando, en aproximadamente un mes, se someta a la convalidación del Congreso. Pero no ven imposible ningún escenario: "Lo lógico es que estuvieran en la abstención o en el sí. Ahora bien, si sus votos son imprescindibles, tenemos más dudas de qué votarían", deslizan en el equipo de Sánchez, donde siempre cunde la desconfianza hacia los populares precisamente porque en otras votaciones muy claras les dejaron abandonados para infligir una derrota al Gobierno, como ocurrió con el decreto ley ómnibus que revalorizaba las pensiones, que tumbaron junto a Junts, para luego acabar respaldándolo una vez que los votos estaban amarrados. Que el respaldo (o la abstención) del PP sea necesario no es un escenario imposible, porque Podemos mantiene una posición muy dura. Al menos hasta ahora.

La cuerda del diálogo no está rota, la interlocución sigue. Pero todo es mucho más complicado. Y para el Ejecutivo, lo que lo dificulta el entendimiento es la presión que el PP siente por su derecha, por Vox.