El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a comparecer este jueves en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, esta vez en calidad de investigado en una pieza separada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. El acusado ha presentado ante la jueza Inmaculada Iglesias documentación sobre los ingresos recibidos por parte de Quirón Prevención en el marco de su actividad profesional y ha asegurado haber actuado legalmente, negando que utilizara una sociedad instrumental para ocultar ingresos a Hacienda. Además, ha vuelto a pedir que el PSOE y Más Madrid sean apartados de la acusación.

Así lo confirman a El Independiente fuentes presentes en la declaración. El novio de Ayuso ha defendido sus negocios con el grupo Quirón, incluida la compra de la empresa Círculo de Belleza a la mujer del presidente de Quirón Prevención por cerca de 500.000 euros, una operación que la Fiscalía interpreta como una posible comisión encubierta, ya que las participaciones de la empresa fueron transferidas posteriormente a la pareja de la dirigente madrileña por 3.000 euros.

El Ministerio Público también apunta a que en 2020 González Amador cobró dos millones en comisiones por intermediar en la venta de mascarillas para una empresa que meses antes había incorporado como consejero al presidente de Quirón Prevención. El empresario ha negado que se tratara de retribuciones irregulares y ha justificado que la sociedad que adquirió tenía valor por la red de contratos de distribución que poseía.

Durante la comparecencia, que se ha prolongado durante más de dos horas y media, González Amador ha explicado que la Agencia Tributaria tuvo acceso a esta operación durante una inspección previa y que nunca la cuestionó ni solicitó información adicional. También ha rechazado que existiera una sociedad interpuesta para canalizar sus ingresos y ha alegado que el cambio de nombre de Círculo de Belleza a Masterman & Whitaker respondía al objetivo de centralizar sus actividades empresariales.

Precisamente, esta pieza separada se abrió para investigar presuntos delitos en la utilización de la sociedad Masterman & Whitaker mediante la cesión parcial de un contrato de servicios entre Maxwell Cremona —empresa de González Amador— y Quirón Prevención. La pareja de la mandataria madrileña ha contestado a las preguntas de la magistrada, el fiscal y su abogado, pero no a las acusaciones populares.

Ha llegado a los juzgados de Plaza de Castilla a las 9:45 de la mañana en taxi, accediendo al edificio por la entrada trasera, sin hacer declaraciones a la prensa. A su salida, también por la puerta de atrás, ha declarada que se encontraba "feliz y contento" con lo declarado.

Esta nueva línea de investigación se suma a la causa principal, abierta tras una querella de la Fiscalía por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. En ese procedimiento, el Ministerio Público acusa al empresario de haber defraudado más de 350.000 euros a través de un entramado de sociedades y la emisión de facturas falsas durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.