Tras un larga y dilatadísima carrera profesional, primero en el mundo de la abogacía, más tarde en la judicatura, para terminar siendo alcaldesa de Madrid entre los años 2015 y 2019, Manuela Carmena (Madrid, 1944) saca libro para reflexionar sobre los andamios administrativos en los que descansa nuestra democracia. En 'Imaginar la vida. Cuatro décadas transformando lo público' (Edit. Península) sus conclusiones no son siempre esperanzadoras, a sabiendas, lamenta, de que se trata de un asunto que no sólo "no da votos", sino que, incluso, los puede quitar.

En esta entrevista con El Independiente aborda esto y muchas más cosas. Se pregunta "qué significa ser de izquierdas ahora", rechaza la existencia de lawfare, se alinea con la sentencia condenatoria a Dani Alves y alerta respecto a que la llegada de Trump al poder no es un mero accidente, sino producto de una deriva que comenzó mucho antes.

Pregunta. -¿Hay posibilidad de hacer algún análisis medianamente sensato de lo que está ocurriendo con Trump?

Respuesta. -Desde hace tiempo la sociedad americana estaba evidenciando que algunas cosas muy importantes para mantener los procesos democráticos estaban empezando a fallar. Uno de ellas es las pocas personas que votan, lo que indica un desapego de los ciudadanos. Además, aún con gobiernos progresistas como el de Obama, no se han resuelto lo que calificaría como delitos internacionales. Es el caso de Guantánamo o la ejecución directa de Bin Laden, sin ningún tipo de juicio. Y ahora vemos lo que pasa, que de pronto llegue a ser presidente de un país impresionante, con un enorme poder de implicación en el mundo, una persona que desde luego es un indeseable, grosero, no respetuosa con los derechos y que comete delitos un día sí y otro también.

No creo que el activismo sea el mejor vehículo para acceder a la política institucional"

P. ¿Tenemos que aumentar el gasto en Defensa?

R. - Pues yo no lo sé, pero sí que debemos cumplir con los objetivos de la Comunidad Europea. Estamos vinculados a a Europa y debemos cumplir los objetivos que allí se señalan.

P. - Una de las cosas que usted denuncia en su libro es que hay demasiado activismo en política.

R. -No, yo no digo exactamente eso. Lo que me parecía es que, de manera natural, hubiera en los políticos institucionales una representación de la participación ciudadana. Pero sí reconozco que en el seno de la participación ciudadana han surgido movimientos que se autocalifican como activistas y que en cierto sentido hace que resulten muy rígidos y poco flexibles para la gestión política. Yo tuve colaboradores fantásticos que provenían de movimientos de la ciudadanía. Luego es verdad que tuve otros más complicados, pero mi reflexión sobre el activismo tiene que ver cómo, en cierta medida, no creo que sea el mejor vehículo para acceder a la política institucional.

P. -Tras la lectura de su libro da la sensación de que tanto en su etapa como juez como, más tarde, en la alcaldía, tuvo una relación complicada con los funcionarios. ¿Eso dificultó o impidió cambios?

R- . No, no son los funcionarios. Insisto mucho en que la administración depende de la política y son los políticos los dueños de la administración. Y echo de menos que la clase política no tenga proyectos concretos de cambio, de agilización y de modernización de la administración. Si la administración no tiene jefes, si no manda nadie, impera lo que los propios funcionarios pueden considerar que es lo conveniente para ellos. Si no hay nadie que toma las riendas, decide los objetivos, que emplea los instrumentos necesarios para hacerla ágil y eficiente, pues no funciona.

P. –Consiguió como jueza el fin de las cuotas judiciales con esas 'astillas' que se iban pagando para 'agilizar' los procesos.

R. – El franquismo había consolidado ese tipo de actuaciones. Y cuando mi generación de jueces llegamos nuevos a la Administración Justicia nos encontramos con una realidad que, afortunadamente, cambiamos.

P. –Narra que su candidatura a la alcaldía de Madrid vino impulsada por movimientos vecinales y algunos partidos, pero ¿no fue Podemos quien le pide sea candidata?

R.- Fue una mezcla. Es decir, había sectores que no eran de Podemos, y que estaban más vinculados a organizaciones de barrio, que tuvieron una actitud muy decisiva, pero también fue muy decisiva la actuación de Podemos, efectivamente pues en la candidatura había un grupo importante de compañeros que formaban parte de Podemos. No fue Podemos solo, pero fue Podemos también, pero yo dije a todos, a unos y a otros, que no formaba parte de ninguno de ellos, de que era absolutamente independiente.

P. -¿Cree que hay posibilidad de una unidad de la izquierda?

R. -Yo lo veo difícil ahora, porque a mí me parece que lo que está muy en cuestión es qué es la izquierda ahora, con ese afán de poner siempre etiquetas y decir
'somos más de izquierdas que el otro', lo que resta la capacidad de conseguir apoyos. Creo que hay mucha gente, sobre todo muchas personas jóvenes, que apoyarían ideas interesantes para mejorar la igualdad en este país y para profundizar la democracia y que, sin embargo, se sienten incómodas de decir soy de izquierdas. ¿Qué significa ser de izquierdas ahora?

Lo más importante es profundizar en la democracia y lograr la mayor igualdad entre todos"

P.-¿Y qué significa?

R. –No lo sé. Como persona progresista me parece que lo más importante es profundizar en la democracia y lograr la mayor igualdad entre todos los seres humanos. Eso son para mí mis dos grandes objetivos profundizar en la democracia y mejorar la igualdad.

P. –Ha escrito que se presentó a las elecciones de 2015 con un programa electoral “lleno de soflamas no siempre coherentes entre sí y carentes de todo contraste de viabilidad”.

R. -No hay más que verlo. Eran millones y millones de hojas en las que se planteaban muchísimas cosas que no tenían contenido de un programa electoral como tal. No sé, yo creo que eran más bien opiniones. Tuvo mucho interés porque se recogió las opiniones de muchísimas personas con toda su buena voluntad, pero programa político como tal, yo no lo entendía.

P. -¿Le dificultó eso su actuación como alcaldesa?

R. -No especialmente. Había que resolver las cuestiones de todos los días que eran importantes y para eso nos movíamos con unos principios que todos teníamos. Nos interesaba muchísimo la remunicipalización de los servicios, la agilización de los mismos, una atención absolutamente exquisita a todos los ciudadanos... Y no, no fue, no fue ningún problema.

La fuerza de los sindicatos de la función pública no son lo más adecuado para conseguir los objetivos generales"

P. -Una de las cuestiones que también aborda en su libro es la resistencia por parte
de todos los partidos a afrontar una reforma profundidad de la Administración. ¿Por
qué no interesa?

R. -Pues porque no da votos. Yo creo que el tema no da votos y sí el riesgo a que
haya pérdidas de votos. No sé, yo creo que de entrada podríamos decir que hay dos actitudes. Hay una actitud de la derecha, que piensa que la administración es un desastre, que es ineficiente y trata de sustituir la actuación de la administración a través de la contratación de empresas privadas; y, en la izquierda tampoco se tiene claro cómo gobernar la administración. Además está la gran fuerza de los sindicatos de la función ública, que en muchas ocasiones no son lo más adecuado para conseguir los objetivos generales.

P. - María Jesús Montero abrió el debate en torno a la contraposición de la presunción de inocencia y la credibilidad de una supuesta víctima de agresión sexual.

R. - La presunción de inocencia es un derecho constitucional amparado por la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el fondo es una especie de asimetría, en la medida de que no se valoran igual las declaraciones dirigidas a acusar a una persona que las dirigidas a la defensa. La presunción de inocencia exige que el contenido de todas las pruebas sea, digamos, incuestionable para poder condenar a alguien y hay muchas ocasiones en que las pruebas no evidencian con rotundidad esos hechos. El verdadero problema es que ya en la primera sentencia se considera que la víctima, la testigo esencial de cargo, no ha dicho la verdad en algunas cosas muy importantes, pero la creen. Y sin embargo, el tribunal de apelación entiende que esa falta de veracidad hace que se ponga en cuestión su tesis, que no encuentra apoyo en todas las otras pruebas que analizan.

P. -¿Y cuál cree usted que es la conclusión más acertada?

R. - Yo personalmente, por haber estado trabajando en la Audiencia Provincial, creo que se debe dar más peso a la versión de los hechos que recoge el tribunal que está viendo directamente el juicio, que es el primero. Yo creo que es más acertada la declaración de la Audiencia Provincial que la del Tribunal Superior de Cataluña, pero son defendibles ambas tesis. Son tesis jurídicas analizadas con mucho detalle y que nos deben permitir profundizar mucho en qué podemos pedirles a los testigos. A veces les pedimos que tengan una coherencia, una rotundidad, que no es fácil. Pero claro, tú no puedes condenar a una persona si no hay seguridad en que el hecho que denuncia a la víctima se ha producido.

P. -Lamenta en su libro que la ley del 'sí es sí' no se ha puesto en marcha con todo su potencial.

R. - En general hay un incumplimiento muy básico de las leyes. Como no se hace
un seguimiento, no hay evaluación de qué efectos ha producido. Y para valorarlo lo primero que hay que saber es si se han cumplido los objetivos que la ley impone.

Yo creo que no hay lawfare organizado como un planteamiento específico"

P. -¿Hay lawfare en España?

R. - No, yo creo que no. Hay efectivamente actitudes absolutamente ilícitas de determinados partidos políticos, pero son delitos, son actividades ilegales. Un lawfare organizado como un planteamiento específico, yo creo que no.

P. ¿Tiene la justicia sus propios mecanismos de corrección?

R. - Torpes, torpes, torpes. De alguna manera yo creo que hay una reflexión muy interesante sobre si los jueces tienen que ser expertos en memoria o en administrar justicia, lo que implica tener una gran capacidad de análisis, de escucha, de empatía y de acierto para buscar el encuadre del hecho que se juzga. Son habilidades imprescindibles para juzgar que no tienen nada que ver con saberse bien todos los artículos de todos los códigos. Creo que no hemos seleccionado el perfil adecuado de lo que deben ser los jueces y de cómo debe ser su comportamiento.

Me parece que no debe haber oposiciones a juez sino una especialización como ocurre en medicina"

P. -¿Comparte entonces la reforma que propone el Gobierno para el acceso a la judicatura?

R. -Yo creo que hay que cuestionar la oposición. Me parece que no debe haber oposiciones. Hoy día el proyecto más razonable me parece que sería el que en las facultades de Derecho hubiera una especialización para las personas que se quisieran dedicar a la carrera judicial y dependiendo del el nivel de calificación que obtuvieran, podrían pasar directamente como ayudantes de los jueces. Algo parecido a lo que ocurre en la medicina. Un procedimiento más o menos así sería el que yo sugeriría y que después de un periodo en torno a cuatro años ya estuvieran los que van a entrar y formar parte ya de la carrera judicial.