En próximas campañas, al menos se celebrará un debate electoral en los medios de comunicación públicos y ningún candidato podrá escurrirse. Y se obligará a las empresas encuestadoras a que den acceso a sus ficheros de microdatos. Son las dos modificaciones puntuales que promueve el Gobierno y que incluye en su anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), aprobado este martes en Consejo de Ministros.

Y son también las dos medidas que el Ejecutivo recogió en su Plan de Acción por la Democracia y que concernían a la ley electoral, una de las normas centrales del sistema democrático y, como tal, muy delicada. Por el momento, no se incorporan otros cambios como la rebaja de la edad de voto a los 16 años —que el PSOE aprobó en su 41º Congreso Federal, el pasado noviembre, y para la que empuja Sumar—.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, comunicó fue la que comunicó el acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros e impulsado por Interior. La decisión, dijo, es un "ejercicio de transparencia" dentro del propósito del Ejecutivo de ir desarrollando su plan de regeneración democrática. Ahora, el texto deberá pasar por los órganos consultivos antes de su vuelta al Consejo de Ministros para su aprobación en segunda lectura y remisión al Congreso para que arranque allí la tramitación parlamentaria. Entonces se verá de qué apoyos dispone la reforma.

A los debates estarán obligados a concurrir los candidatos de las fuerzas políticas que compitan en esos comicios "salvo causa justificada". Es decir, no se podría repetir el plantón de Feijóo al debate a cuatro en RTVE de las generales del 23-J

Según la referencia del Consejo de Ministros, el anteproyecto incorpora a la Loreg (5/1985, de 19 de junio) la "obligación de celebrar, al menos, un debate durante cada campaña electoral en los medios de comunicación de titularidad pública, al que estarán obligados a concurrir las fuerzas políticas que compiten en esos comicios salvo causa justificada que sea aceptada por la Junta Electoral competente". Es decir, la reforma no permitirá que haya candidatos que "decidan no ir", según adelantaba ya el 17 de septiembre, cuando el Ejecutivo presentó el Plan de Acción para la Democracia, el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El ministro se refería, obviamente, a Alberto Núñez Feijóo, que rehusó comparecer en el debate a cuatro que organizó RTVE en la recta final de las generales.

La reforma visada este martes introduce en el artículo 66 de la Loreg fija por tanto la participación en los debates de "todos los candidatos de las formaciones políticas que obtuvieron representación en las anteriores elecciones equivalentes y abre la posibilidad de que intervengan también representantes de los que la Junta Electoral Central denomina 'grupos políticos significativos'". Esta condición, según la instrucción del órgano de 2011, se debe reconocer a los partidos que, aun no habiéndose presentado a anteriores comicios equivalentes o no habiendo obtenido representación en ellos, hayan obtenido un número de votos igual o superior al 5% de los votos válidos emitidos en el ámbito de difusión del medio en procesos electorales posteriores.

Santiago Abascal (Vox), Yolanda Díaz (Sumar) y Pedro Sánchez (PSOE), en el debate electoral a cuatro que organizó RTVE el 19 de julio de 2023 y al que no acudió Alberto Núñez Feijóo (PP). | EUROPA PRESS / EDU PARRA

Según la reforma impulsada por el Ejecutivo, esa obligatoriedad de celebrar debates "no regirá para los medios de titularidad privada". El texto precisa, sin embargo, que si estos deciden organizar debates electorales —por ejemplo, Atresmedia, el grupo dueño de Antena 3 y La Sexta, se ha solido postular en campañas anteriores—, "deberán respetar los mismos principios que los medios públicos y que fija la Loreg: pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad".

Sobre la difusión de encuestas en periodos electorales, Interior precisa que la legislación vigente establece que deben de ir acompañadas de una ficha que especifique quién es la empresa encargada del trabajo demoscópico, las características técnicas del sondeo y el texto íntegro de las cuestiones planteadas y el número de personas que han contestado a cada una de ellas.

La reforma no incluye la eliminación del veto a que se publiquen encuestas en los últimos cinco días anteriores a los comicios. Y no contempla la rebaja del voto a los 16 años, como demanda Sumar y como aprobó el PSOE en su 41º Congreso Federal

El anteproyecto, sin embargo, añade al artículo 69 de la Loreg la "obligación de dar publicidad también a los ficheros de microdatos, que son los datos individuales de una estadística y que deberán difundirse anonimizados con el fin de preservar la confidencialidad de la información". Es lo que hace, por ejemplo, el CIS o compañías como 40dB, como en muchas ocasiones ha repetido el Ejecutivo. Interior defiende que acceder en abierto a los datos individuales, pero anonimizados, "permite garantizar la fiabilidad de una encuesta y facilita a la ciudadanía y a las entidades, públicas o privadas, comprobar los resultados del sondeo y extraer sus propias estimaciones". Es decir, que permiten, con una cocina distinta, componer estimaciones diferentes. Lo que no hace el anteproyecto es, por ejemplo, eliminar la prohibición de que se publiquen sondeos electorales cinco días antes de que se abran las urnas, un veto muy criticado por los expertos porque las encuestas se siguen haciendo hasta la jornada electoral y se priva de esa información a los ciudadanos, cuando sí que disponen de ella los partidos.

Ahora, Interior deberá recabar los preceptivos informes de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Bolaños, y de la Junta Electoral Central, para incorporar sus apreciaciones antes de que el texto pase de nuevo por el Consejo de Ministros y se envíe a las Cortes como proyecto de ley para que lo tramiten y aprueben.

La reforma no incluye ninguna propuesta de rebaja de la edad de voto de los 18 a los 16 años. El Ministerio de Juventud e Infancia, que comanda Sira Rego (Sumar), sí la promueve como parte de su nueva Ley de Juventud, pero los socialistas no creen que sea el momento para proyectarla, pese a que es una iniciativa emanada de su 41º Congreso Federal, a instancias de las Juventudes Socialistas. Alegría descartó esta cuestión de manera tajante: "No se ha visto esta cuestión en ningún órgano colegiado del Consejo de Ministros en ningún caso y esto quiero también dejarlo muy claro".