Respuesta antiaranceles, gasto en defensa, leyes sociales: las prioridades del Gobierno para el tirón final del curso

Finalizado el parón de Semana Santa, la política española enfila el último tramo del curso. Apenas dos meses completos de periodo ordinario de sesiones en el Congreso, más la limitada prórroga que pueda acordarse para julio. Un tirón final que estará ocupado, en buena medida, por la respuesta a la guerra comercial de Donald Trump —ya está en vigor un primer decreto ley antiaranceles, que deberá convalidarse en mayo, pero podrían venir más paquetes—, por la concreción del plan del Ejecutivo para el incremento del gasto militar, el impulso del plan de regeneración democrática, que se compone de un total de 31 medidas, y de leyes de carácter social. El Ejecutivo tiene marcadas ahí sus prioridades. Su obstáculo, el que le persigue en toda esta legislatura, es su debilidad parlamentaria, la que le impide avanzar más rápido.

El pasado martes, 15 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado 2025 (PAN 2025). Es decir, el conjunto de normas que pretende sacar adelante el Gobierno. El documento [aquí en PDF], coordinado desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños, contempla un total de 199 iniciativas: 16 leyes orgánicas, las de mayor rango, más 43 leyes ordinarias y 140 reales decretos, que son acuerdos que aprueba el Ejecutivo en solitario, sin el concurso de las Cortes. Del total de 199 propuestas, 20 están vinculadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) —el programa de actuaciones diseñado por el Ejecutivo para captar los fondos europeos Next Generation— y 75 incorporan al ordenamiento jurídico interno el Derecho de la Unión Europea, más del 37,69% del total.

El Gobierno prevé aprobar en este 2025 un total de 199 iniciativas (16 leyes orgánicas, 43 ordinarias y 140 reales decretos), y de ellas 75 incorpora al ordenamiento español Derecho comunitario, el 38%

Pero esos son solo los números proyectados. Que no tienen por qué coincidir con los que finalmente se ejecuten. De hecho, junto al PAN 2025 el Consejo de Ministros dio el visto bueno al Informe Anual de Evaluación Normativa 2024, y sus cifras no son del todo positivas: del total de 198 medidas planteadas, se aprobaron 89 (el 44,95%). No obstante, los ministerios promovieron, durante 2024, la aprobación de diferentes normas no incluidas en el PAN 2024. En total, según los cálculos del departamento dirigido por Bolaños, el año pasado el Consejo de Ministros sacó adelante 259 normas (tres leyes orgánicas, 15 ordinarias y 241 reales decretos). Entre la legislación sobrevenida, lógicamente se encontraba toda la que se tuvo que impulsar para afrontar las consecuencias de la dana del 29 de octubre. En lo que va de legislatura, desde 2023, ya están en el BOE un total de 30 iniciativas legislativas (entre leyes orgánicas y ordinarias y reales decretos leyes), por las 216 de la pasada legislatura (2020-2023).

Fuera de todo plan queda la respuesta al ataque arancelario de Trump. El Gobierno ya lanzó su primer real decreto ley el pasado 8 de abril. El texto será sometido a convalidación del Congreso a primeros de mayo y aún no tiene los respaldos necesarios. El PP, pese a las negociaciones con el titular de Economía, Carlos Cuerpo, se muestra ahora más frío y considera insuficientes las incorporaciones que se incluyeron en la redacción. Si los populares se instalaran en el no, Sánchez necesitaría a todo su bloque de investidura, y ahí el socio más remiso es Podemos. Los morados no han decidido su voto pero exigen apretar más las tuercas a EEUU castigando, por ejemplo, a sus fondos buitre que son tenedores de vivienda de España. Aún hay tiempo para los contactos, porque en estas dos últimas semanas del mes no habrá pleno en la Cámara baja. Cuerpo ya ha advertido de que este solo el primer paquete de medidas, la primera capa, pero que puede que lleguen más, en función de cómo se mueva Washington. De momento, está activa la pausa arancelaria de 90 días decretada por Trump, y aunque ha manifestado su voluntad de alcanzar un acuerdo con la Unión Europea, todavía las posiciones son distantes.

El grado de cumplimiento del plan normativo de 2024 es, sin embargo, bajo: se proyectaron 198 normas y solo se acabaron aprobando 89, el 44,95%

Entre las medidas más relevantes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere aprobar este año y que sí figura en el PAN 2025 está, lógicamente, la ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero ya el presidente, en su comparecencia monográfica en el Congreso sobre defensa del pasado 26 de marzo, deslizó que la coalición miraba ya hacia las cuentas de 2026, a la vista de que no ha logrado reunir los apoyos suficientes para los PGE del vigente ejercicio. Nada indica, por ahora, que los próximos los tenga un palmo más cercanos. La previsión es que el Consejo de Ministros apruebe el primer trámite de los Presupuestos de 2026 —los objetivos de estabilidad y el techo de gasto— para julio, y los envíe a las Cortes para su aprobación. Ese primer paso de las cuentas de 2025 ni siquiera lo consiguió Hacienda el año pasado.

Se prevé que antes que la senda de estabilidad llegará al Congreso el proyecto de ley de orgánica de asunción por parte del Estado de una parte de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ya recibió en febrero el aval del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con el sí de las CCAA gobernadas por los socialistas, a su propuesta de quita de la deuda. El texto aterrizará en la Cámara baja en cuanto finalice la ronda bilateral con los ejecutivos autonómicos. El PP se opone frontalmente a una medida que nace del pacto de investidura de PSOE y ERC, así que solo podrá prosperar con el respaldo del bloque de investidura. No se esperan demasiados problemas, porque Junts ya ha confirmado su sí. El calendario que maneja Hacienda es que la norma esté lista antes de final de año y que a partir de ahí las CCAA se adhieran a esa quita a través de un convenio bilateral. De lo que no hay noticias (ni está en el PAN 2025) es de un nuevo sistema de financiación autonómica, y menos aún de la financiación singular para Cataluña, comprometida con los republicanos para la investidura de Salvador Illa como president.

Plan de promoción de la industria española de defensa

El último tramo del curso estará dominado, como ha ocurrido los últimos meses, desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca, por el debate sobre el aumento del gasto militar. Sánchez se comprometió en el Congreso, el pasado 26 de marzo, a explicar en sede parlamentaria el "camino" que seguirá España para cumplir con el compromiso de invertir en defensa un 2% del PIB, todo ello sin sacrificar gasto social o medioambiental.

A partir de julio se activará la maquinaria hacia los Presupuestos de 2026, también muy complicados. Montero remitirá al Congreso el proyecto de ley orgánica de quita de la deuda de las CCAA

En principio, la Moncloa cuenta con que el calendario y el anunciado "gran plan nacional para el desarrollo e impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y defensa españolas" estén listos antes del verano, antes de la cumbre de la OTAN que se celebrará en La Haya del 24 al 26 de junio. Para afinar el ritmo de despliegue, el Gobierno necesita conocer los mecanismos de financiación que Bruselas pondrá a disposición de los Veintisiete. El Gobierno quiere que, además de la activación de la cláusula de escape —para que no compute en déficit—, y el fondo de préstamos blandos, se habilite un sistema de transferencias, de subvenciones directas, aunque esa batalla no es nada sencilla por el rechazo de algunos Estados miembros.

El Ejecutivo no ha dado a conocer aún la cifra de la que se parte, porque está negociando con la OTAN la inclusión de más partidas, para que se contabilicen como parte del gasto militar. La estimada para 2024 y publicada por la Alianza es el 1,28%, muy lejos todavía del 2%. Sánchez ha reiterado que, desde que llegó a la Moncloa, la inversión ha crecido en 10.000 millones y ha saltado del 0,93% al citado 1,28%. Es probable que en La Haya se acuerde un nuevo objetivo, más allá del 2%. EEUU ha pedido reiteradamente a España —la última vez, tras la entrevista en Washington de Cuerpo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent— que aumente su inversión en defensa.

El presidente se comprometió a explicar en la Cámara baja el calendario para el cumplimiento del gasto del 2% en defensa y un plan para potenciar la industria militar española. La idea es que se concrete antes de la cumbre de la OTAN de junio en La Haya

Hasta el momento, el Gobierno ha venido incrementando el gasto, tras los Presupuestos de 2023 —los vigentes y los últimos aprobados—, a través de transferencias de crédito o con cargo al fondo de contingencia, una fórmula permitida por la ley y que posibilita no pasar por el Congreso. Pero si las partidas tuvieran que crecer mucho, el Ejecutivo no tendría más remedio que acudir al Parlamento. Y ahí sufriría, y mucho, para conseguir los respaldos, dada la oposición de los socios de izquierdas y la desconfianza que siente hacia el PP.

Sánchez, no obstante, no quiere solo que la discusión pública esté dominada por el gasto militar, un debate más espinoso entre sus bases progresistas. Busca la compensación con la promoción de leyes "de carácter social y de ampliación de derechos". Aquí figura la ley de reducción de la jornada laboral, uno de los proyectos estrella de la coalición y, en concreto, de Yolanda Díaz. De nuevo, los apoyos no están asegurados, en este caso por las resistencias de Junts. El ala socialista confía en que de las negociaciones salga una redacción más equilibrada que al menos amortigüe el rechazo frontal de la patronal. El peligro que tiene Trabajo es que una redacción más escorada a la derecha que pueda contentar a los posconvergentes suponga alejar a otro socio imprescindible, Podemos. Y la formación de Ione Belarra no está dispuesta a facilitar triunfos a su rival en el espacio de la izquierda, a Sumar. El proyecto de reducción de la jornada aún tiene que volver al Consejo de Ministros para su segunda lectura y envío a las Cortes.

Se prevé que para verano comiencen los traslados de menores migrantes a la Península desde Canarias y Ceuta, pero las CCAA del PP rechazan ese reparto obligatorio. La tensión con el Ejecutivo será máxima

Para verano comenzarán, eso prevé el Ministerio de Juventud e Infancia, los traslados de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta a la Península. Pero antes, el 28 de abril, se reunirá la Conferencia Sectorial para decidir los números, para determinar el volumen de niños que será derivado y su reparto por CCAA. Una reubicación obligatoria a la que se opone el PP, pero está por ver si se salta el decreto ley ya convalidado antes de Semana Santa. La tensión con Juventud y con Política Territorial, el departamento capitaneado por Ángel Víctor Torres, se prevé máxima otra vez.

La cumbre de la ONU en Sevilla en julio

En el bloque de leyes sociales también se incluyen varias de carácter orgánico, que requieren por tanto de mayoría absoluta en el Congreso para su aprobación: la ley contra la trata y explotación de seres humanos —que todavía se arrastra desde la legislatura anterior—, la que refuerza la protección frente a la violencia de género (que toca a su vez varias normas y que introducirá diversos ajustes para cumplir con las medidas pendientes del pacto de Estado, ya renovado), o la que pretende combatir el racismo y la intolerancia. El Ejecutivo ha vuelto a remitir a la Cámara baja el proyecto de ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), que decayó el mes pasado por la revancha que se tomaron PP y Junts por el veto de los socialistas a enmiendas que ellos planteaban a otro texto que no tenía nada que ver, la ley de desperdicio alimentario, ya en vigor.

Presidencia prioriza normas como la ley contra la trata, la que refuerza la protección frente a la violencia machista o la que combatirá el racismo y la intolerancia. Y ha tramitado de nuevo la que crea la Agencia Estatal de Salud Pública

Otro evento que permitirá al presidente sacar pecho de su flanco social es la cumbre internacional de la ONU sobre financiación al desarrollo que acogerá Sevilla del 30 de junio al 3 de julio y que el propio alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, ha definido como el "mayor evento en la ciudad desde la celebración de la Exposición Universal de 1992".

El Gobierno desea asimismo relanzar el bloque de normas de "mejora institucional". Por un lado, las vinculadas al plan de regeneración democrática —lo que oficialmente se llama Plan de Acción por la Democracia—, hasta un total de nueve. Así, saldrá del Consejo de Ministros hacia el Parlamento la reforma de la ley orgánica del derecho al honor, muy delicada. Presidencia sostiene que se trata de "actualizar" la normativa vigente, de 1982, adaptarla a los nuevos medios de comunicación en una sociedad globalizada y mejorar la "protección de colectivos especialmente vulnerables", así como la "regulación de las nuevas realidades digitales". Abordaría fenómenos como la revelación del perfil o identidad digital de una persona cuando afecte a su honor o intimidad; las obligaciones de información cuando se use la imagen, la voz u otras características de una persona mediante el uso de la tecnología —los llamados deepfakes—, o las obligaciones de las redes sociales de moderación de sus contenidos, para que retiren aquellos que lesionen derechos fundamentales. Un aviso claro a plataformas como Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, que en enero decidió suprimir la verificación y relajar la moderación de contenidos para acercarse a la nueva Administración Trump.

Pendientes están medidas del 'Plan de Acción por la Democracia', como las reformas de las leyes de derecho al honor y a la rectificación, muy delicadas

En diciembre pasado, el Consejo de Ministros ya acordó el anteproyecto de reforma de la ley orgánica reguladora del derecho de rectificación. Falta la segunda lectura y el envío al Congreso. La novedad más relevante de la modificación del texto de 1984 es que se incluyó entre los obligados a corregir informaciones falsas o inexactas a los influencers, los usuarios que cuenten con más de 100.000 seguidores en una única plataforma, o 200.000 de forma acumulada en varias. Números que podrían variar cuando el texto sea devuelto al Consejo de Ministros para una segunda vuelta.

Limitación de la publicidad institucional

Para 2025 ha programado el Ejecutivo también la reforma de la ley de publicidad y comunicación institucional, una de las piedras angulares del plan de regeneración. La modificación pretende introducir "criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación" en la asignación de publicidad institucional. Se buscará igualmente "garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad". Y se establecerán "medidas de apoyo", de discriminación positiva, hacia aquellos medios que estén íntegramente en lenguas cooficiales diferentes del castellano. Se limitará la publicidad institucional para que "no haya medios impulsados por o dependientes" de ella, según explicaba en septiembre el Gobierno.

Por segunda lectura han de pasar los anteproyectos de creación del registro de medios y refuerzo de la CNMC y el de gobernanza de la inteligencia artificial

Por Consejo de Ministros ya pasaron otros dos anteproyectos importantes (en primera vuelta, por tanto). Uno, el de mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, el que regulará la creación del registro de medios, que obligue a la publicación de información sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. El texto confiere la potestad a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de supervisión, control, inspección y sanción sobre las plataformas digitales. Y se establece un nuevo procedimiento liderado por este regulador, la CNMC, para "evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de los medios". La norma desarrolla las provisiones recogidas en los reglamentos europeos de servicios digitales y de libertad de los medios de comunicación.

El otro anteproyecto fue aprobado el pasado 15 de abril: la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para obligar a los partidos a comparecer en campaña en, al menos, un debate organizado por los medios de titularidad pública. El texto también fuerza la publicación de los microdatos de las encuestas en periodos electorales. No incorpora, como quiere Sumar, la rebaja de la edad legal de voto a los 16 años. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, desea que esta propuesta figure en su anteproyecto de Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional, en principio listo para los próximos meses, antes del verano. Los socialistas, en cambio, son reacios a bajar la edad de voto, pese a que la idea está recogida en la resolución política de su 41º Congreso Federal, por considerar que no está suficientemente "madura".

Rego cree que estará lista antes de verano su Ley de Juventud, en la que pretende incluir la rebaja de la edad legal de voto a los 16 años, ante la que se muestran reacios en el PSOE: no está "madura"

Pendiente de informe de los órganos consultivos para su remisión al Congreso está el anteproyecto de ley de buen uso y de la gobernanza de la inteligencia artificial, que adapta la normativa española al reglamento europeo, ya en vigor.

¿Y la reforma de la ley de secretos oficiales?

En el Ministerio de la Presidencia destacan que es capital el bloque de normas relativas a la "modernización del Poder Judicial". Uno de los pilares es la ley que cambiará el actual sistema para acceder a la carrera fiscal y judicial, concebida para facilitar la entrada de estudiantes de todos los niveles socioeconómicos. El Consejo General del Poder Judicial ya avaló el nuevo modelo por unanimidad, aunque planteó "dudas" sobre ciertos puntos. Para Bolaños también es clave la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que reemplazará a la del siglo XIX y que quitará el poder de instrucción a los jueces para otorgárselo a los fiscales, "como ocurre en toda Europa".

Bolaños remitirá pronto al Congreso la ley que reforma el acceso a las carreras fiscal y judicial y la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que dará la instrucción a los fiscales

En el PAN 2025 aparecen otros textos que llevan pendientes desde la pasada legislatura. Un ejemplo claro es la nueva ley de información clasificada, la que reemplace a la franquista ley de secretos oficiales de 1968. El Consejo de Ministros ya aprobó el anteproyecto en agosto de 2022, pero no avanzó más por falta de apoyos. Sánchez prometió en su despedida como diputado al hoy ya presidente del PNV, Aitor Esteban, que su Gobierno tramitaría la reforma, dado que es una vieja aspiración de los jeltzales, pero las dificultades de aprobación son patentes.

El Ejecutivo define su plan normativo como "ambicioso". Su principal escollo es su precariedad parlamentaria, la que hace que cada texto avance muy lentamente hasta salir aprobado. De hecho, no solo los Presupuestos de 2025 no han podido prosperar. Hay todavía decenas de proyectos y proposiciones que se agolpan en la Cámara baja, desde la reforma de la ley mordaza, a la propuesta que limitaría la acción de las acusaciones populares o la delegación de las competencias migratorias a Cataluña, todas por ahora sin los apoyos requeridos. Según el cómputo de Europa Press, son ya un centenar las votaciones perdidas por el PSOE en el pleno del Congreso en estos 15 meses de legislatura, por las cerca de mil efectuadas. Algo que se debe, decía el pasado martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, a la "realidad parlamentaria compleja" y, pese a ella, la coalición seguirá aplicando "diálogo".

De las casi mil votaciones en el pleno del Congreso en estos 15 meses de legislatura, el PSOE ha perdido un centenar por la "complejidad" del Parlamento

A fin de cuentas, el Gobierno está también sujeto a las urgencias del día a día. Como la guerra comercial de Trump o la obligación de concretar el comprometido aumento del gasto militar. Dos asuntos centrales que dominarán la agenda política y parlamentaria de aquí a las vacaciones de verano.