El exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana Emilio Argüeso explicó en su declaración como imputado ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre, que la decisión de enviar un mensaje de alerta a la población se tomó en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) sobre las 19:15, aunque no se envió hasta las 20:11. Atribuyó esa demora a la necesidad de redactar el mensaje correcto, puesto que no querían que fuese excesivamente alarmante, y al proceso para su validación.

Así consta en la declaración, a la que ha tenido acceso El Independiente. Argüeso accedió al cargo el 12 de julio de 2023 y dimitió el 3 de diciembre del mismo año, aunque después de la catástrofe aseguró que no lo haría. Ante la juez afirmó que no dimitió porque se considerara responsable de la tragedia, sino porque había accedido a este cargo con un equipo "que ya no estaba" y sentía que no debía continuar en su puesto ya que el proyecto político "no se iba a seguir haciendo". Junto a la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, es la única persona imputada en esta causa. Pradas fue cesada por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el 22 de noviembre. La DANA dejó 227 víctimas mortales: 219 en la Comunidad Valenciana, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía.

Sobre la alarma de Es-Alert, Argüeso declaró que el primero en plantear la necesidad de emitirla en la reunión de emergencia fue el subdirector general de Emergencias Jorge Suárez, ante el peligro en la presa de Forata. Tras su propuesta, se abrió un debate entre el jefe del Consorcio de Bomberos y el jefe de Seguimiento, quienes dudaban sobre si enviarla o no, al considerar que podría generar "más lío". Finalmente, después de que el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, cortase el debate, Pradas ordenó su envío a las 19:15, respaldada por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que también era partidaria de lanzarlo.

Sobre su contenido, explicó que no querían, en referencia a los técnicos, que el fuese "excesivamente alarmante" y que fuera "fácil de entender". También aseguró que su papel en el Cecopi era "intentar agilizar", que no era "el jefe de nada" y que "sólo podía dar su opinión".

La reunión del Cecopi

Respecto de la convocatoria del Cecopi, señaló que se convocó por las fuertes lluvias en la zona de Utiel y el riesgo de rotura de la presa de Forata, del que fueron informados al inicio de la reunión. Los técnicos les comunicaron que, de haberse producido ese colapso, se podrían haber registrado hasta 20.000 muertes. Según Argüeso, el responsable de la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar), Miguel Polo, presente en la reunión de emergencia, no fue capaz de asegurar si la presa resistiría o no.

Sobre la situación en el barranco del Poyo, Argüeso apuntó que el Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación notificó una reducción del caudal a las 13:42, y posteriormente, a las 15:04 y a las 16:13, volvió a informar del descenso. Con estos datos, y la presencia de personal de vigilancia, entendieron que "no había problemas" y que "había gente vigilando".

En cuanto a los avisos, explicó que el correo de la CHJ de las 18:43 que advertía de la crecida fue remitido a la sala del 112, que a su vez debía reenviarlo a la sala de emergencias, de ahí al director del Centro de Coordinación de Emergencias, dirigido por Jorge Suarez, y finalmente al Cecopi. Sin embargo, Argüeso aseguró que el Cecopi nunca recibió ese correo y que Suárez no lo comunicó, aunque cree que no lo hizo por "mala fe", sino posiblemente porque ni siquiera lo leyó. Añadió que el presidente de la CHJ debería saber quién lo envió y a qué destinatarios. Sin embargo, insistió en que Polo no informó en ningún momento de la situación ni mencionó el correo.

Tampoco lo hizo Pilar Bernabé, que según su versión también lo recibió y estaba conectada telemáticamente a la reunión. Argüeso manifestó no comprender por qué no acudió en persona, estando a apenas 15 minutos en coche, y dijo que no se puso en contacto con él en todo el día 29, y que sólo coincidieron telemáticamente por la tarde. Igualmente, informó que la delegación del Gobierno no mandó circulares a ningún cuartel de la Guardia Civil advirtiendo de la meteorología.

Por lo que se refiere al exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia José Miguel Basset, cree que debe explicar por qué retiró a los bomberos de los barrancos de la zona afectada el día 29 de octubre sin avisar al Cecopi ni a ningún responsable de la Consejería. Además, expuso que nadie propuso subir a nivel 3 la alerta, ni desde el Cecopi ni por parte de ningún alcalde.

Planes de emergencia

Argüeso relató que el día 29 de octubre acudió a su despacho a las 7:00 horas. Poco después se reunió con la jefa del Servicio de Coordinación de Emergencias, Inmaculada Piles, quien le informó de que la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) había declarado la alerta naranja, aunque después pasó a amarilla. También le comunicó la existencia de algunas inundaciones y vehículos atrapados. A las 8:00 horas, el exsecretario activó el nivel 1 de emergencia, lo que obliga a los ayuntamientos a poner en marcha el Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Local), una estructura similar al Cecopi pero de ámbito municipal, “con menos gente y menos intervinientes”.

Durante su intervención, señaló que en agosto se había requerido a los ayuntamientos que presentaran sus planes de emergencia, y que más de 50 de los 224 municipios obligados a disponer de uno no lo tenían. Aseguró también que nadie le ordenó declarar la alerta de nivel 1 y que no tenía autoridad para decretar el nivel 2 ni convocar el Cecopi.

Según detalló, el plan de emergencias sectorial establece que, con el nivel 1 activado, hay que solicitar a las confederaciones hidrográficas una valoración de la situación hidrológica y su evolución. Esta petición fue cursada por Jorge Suárez, que pasadas las 12:00 envió una circular advirtiendo del paso a alerta nivel 2. Según Argüeso, éste confirmó haber avisado a los ayuntamientos y a la Delegación del Gobierno.