El Consejo Fiscal que se celebra este martes de regreso de semana santa llega cargado de informes y sobre todo de nombramientos relevantes para la cúpula de la carrera fiscal. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debe decidir hasta cuatro fiscalías de Sala, el máximo rango dentro del Ministerio Público, mientras que la Asociación de Fiscales (AF) --mayoritaria entre los fiscales-- pide que se abstenga de una nueva designación en la plaza de Coordinador de Delitos contra la Administración Pública porque puede tener relación con la causa por la que él está investigado en el Tribunal Supremo.

La sesión de este órgano asesor del fiscal general se dividirá en dos partes, mañana y tarde, para poder abarcar todo lo que está previsto, según explican fuentes fiscales a este medio. El plato fuerte, en principio, llegará por la tarde con una menú cargado de nombres que se postulan para tres fiscalías especializadas y dos de nueva creación.

La plaza mas clara es la que previsiblemente ocupará la actual fiscal superior de Asturias, María Eugenia Prendes, que ha sido la única en presentarse al cargo de fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer.

En liza para la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial, en cambio, hay hasta diez aspirantes, entre ellos, Agustín Hidalgo, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) --a la que perteneció García Ortiz--, que en 2008 estuvo adscrito, precisamente a este unidad, y que desde 2021 es fiscal del Tribunal Supremo y delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal; así como Luis Carlos Rodríguez y Diego Yebra, delegados de Seguridad Vial en Andalucía y en Extremadura respectivamente y miembros de la AF.

Las dos fiscalías de nueva creación también ha atraído a varios candidatos y supone agregar al plantel de fiscales de Sala a dos nuevos togados con todo lo que ello implica. Un fiscal de Sala ya nunca pierde la categoría más alta y puede participar en las Juntas en las que se decide el criterio del Ministerio Público en distintas materias.

Por un lado, para fiscal de Sala Coordinador de Delitos Económicos hay cinco aspirantes, entre los que están Fernando Rodríguez Rey, fiscal de Sala de lo Penal del alto tribunal y actual encargado de delitos económicos en este área, también miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF); Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya y anterior fiscal en el Tribunal de Cuentas; Virna Alonso, fiscal de delitos econóimcos en Madrid; y Luis Rodríguez Sol, fiscal Anticorrupción, fue el que llevó la batuta en el 'caso mascarillas' y ha sido juez de enlace en Roma. Además es miembro de la AF y, previsiblemente, será el candidato que apoye esa asociación. Las distintas fuentes consultadas dan por hecho que Rodríguez Rey será el elegido.

Por otro lado son seis los candidatos a la segunda Fiscalía recién nacida, la de Delitos contra la Administración Pública. Vuelven a estar Virna Alonso y Carlos Castresana, a los que se suman Concepción Sabadell, actual fiscal Anticorrupción y anterior fiscal jefa de la Fiscalía Europea; el fiscal del Supremo Rafael Escobar y su compañero de filas Álvaro Redondo, que adquirió protagonismo mediático cuando se publicó que había cambiado de criterio en el caso de 'Tsunami Democràtic'; y Emilio Sánchez Ulled, que ha sido delegado de Anticorrupción en Cataluña y fue, por ejemplo, el fiscal del 'caso Palau'. Llegó a presidir la UPF y actualmente se encuentra en la Representación Permanente de España en la Unión Europea, con sede en Bruselas. Este último es el que parte como favorito.

Asimismo, hay en juego dos plazas para la Fiscalía Anticorrupción y una más para el Tribunal de Cuentas. Por la mañana, en el Consejo Fiscal se despacharán también varios puntos que constan en el orden del día como lo relacionado con la reforma legal impulsada por el Ministerio de Justicia para introducir de una tacada a jueces y fiscales sustitutos; u otro informe en relación a un proyecto de Real Decreto para medidas de eficiencia del sector público con la creación de secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia en determinados tribunales de instancias. Además, se verá una instrucción sobre jornadas de fiscales especialistas y otra sobre las secciones especializadas en las fiscalías territoriales de la Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática

La batalla de la AF

La AF ha emprendido una batalla para que el fiscal general se abstenga del puesto de la Fiscalía de Sala de Delitos contra la Administración Pública. Ya este lunes enviaron una carta a García Ortiz pidiéndole que no interviniera en este nombramiento porque es posible que este nuevo cargo tenga que participar en la causa abierta contra él en el Supremo por una supuesta revelación de secretos de la investigación a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El jefe del Ministerio fiscal tiene la potestad de realizar nombramientos, previa escucha de los miembros del Consejo cuya opinión no es vinculante. La AF sostiene que García Ortiz "tiene un interés personal" en esta elección porque la persona titular debe "coordinar la actuación y persecución" de los delitos contra la Administración Pública y tendrá que intervenir en los casos de "especial trascendencia" como es, sin duda, el asunto por el que el fiscal general está imputado.

"La causa de abstención no exige la influencia real y efectiva en el asunto, sino la mera posibilidad de infleuncia", indican. "La persona que formalmente sea propuesta, en su posterior actuar profesional, puede adoptar decisiones interpretativas, entre otros, del delito de revelación de secretos", inciden.

Desde la Fiscalía General no creen que García Ortiz deba dar un paso al lado porque el argumento no es real. Recuerdan que esta Fiscalía no tiene función jurisdiccional, por lo que no participará en instrucciones o juicios. Fuentes de la AF, en cambio, señalan que los consejeros (que son mayoría dentro del órgano)

La simple creación de esta plaza ya ha sido polémica porque un sector de la Fiscalía consideran que sus funciones se solapan con las que actualmente tiene la Fiscalía Anticorrupción, que ya se encarga de perseguir los delitos de la administración pública. Tanto este cargo como la unidad de Delitos Económicos forman parte del Plan de Regeneración Democrática que fue aprobado por el Gobierno en septiembre de 2024.

Desde el Ministerio Público defienden que las fronteras están bien delimitadas porque Anticorrupción seguirá teniendo la labor jurisdiccional e investigará centrada en los grandes casos de corrupción y las causas de especial trascendencia que encomiende García Ortiz, mientras que las nuevas unidades coordinarán las actuaciones de los fiscales especialistas y unificarán criterio, focalizadas en causas más pequeñas como la corrupción a nivel local.

El Consejo Fiscal que se celebra este martes de regreso de semana santa llega cargado de informes y sobre todo de nombramientos relevantes para la cúpula de la carrera fiscal. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debe decidir hasta cuatro fiscalías de Sala, el máximo rango dentro del Ministerio Público, mientras que la Asociación de Fiscales (AF) --mayoritaria entre los fiscales-- pide que se abstenga de una nueva designación en la plaza de Coordinador de Delitos contra la Administración Pública porque puede tener relación con la causa por la que él está investigado en el Tribunal Supremo.

La sesión de este órgano asesor del fiscal general se dividirá en dos partes, mañana y tarde, para poder abarcar todo lo que está previsto, según explican fuentes fiscales a este medio. El plato fuerte, en principio, llegará por la tarde con un menú cargado de nombres que se postulan para tres fiscalías especializadas y dos de nueva creación.

La plaza más clara es la que previsiblemente ocupará la actual fiscal superior de Asturias, María Eugenia Prendes, que ha sido la única en presentarse al cargo de fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer.

En liza para la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial, en cambio, hay hasta diez aspirantes, entre ellos, Agustín Hidalgo, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) --a la que perteneció García Ortiz--, que en 2008 estuvo adscrito, precisamente a esta unidad, y que desde 2021 es fiscal del Tribunal Supremo y delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal; así como Luis Carlos Rodríguez y Diego Yebra, delegados de Seguridad Vial en Andalucía y en Extremadura respectivamente y miembros de la AF.

Las dos fiscalías de nueva creación también ha atraído a varios candidatos y supone agregar al plantel de fiscales de Sala a dos nuevos togados con todo lo que ello implica. Un fiscal de Sala ya nunca pierde la categoría más alta y puede participar en las Juntas en las que se decide el criterio del Ministerio Público en distintas materias.

Por un lado, para fiscal de Sala Coordinador de Delitos Económicos hay cinco aspirantes, entre los que están Fernando Rodríguez Rey, fiscal de Sala de lo Penal del alto tribunal y actual encargado de delitos económicos en este área, también miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF); Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya y anterior fiscal en el Tribunal de Cuentas; Virna Alonso, fiscal de delitos económicos en Madrid; y Luis Rodríguez Sol, fiscal Anticorrupción, fue el que llevó la batuta en el 'caso mascarillas' y ha sido juez de enlace en Roma. Además es miembro de la AF y, previsiblemente, será el candidato que apoye esa asociación. Las distintas fuentes consultadas dan por hecho que Rodríguez Rey será el elegido.

Por otro lado son seis los candidatos a la segunda Fiscalía recién nacida, la de Delitos contra la Administración Pública. Vuelven a estar Virna Alonso y Carlos Castresana, a los que se suman Concepción Sabadell, actual fiscal Anticorrupción y anterior fiscal jefa de la Fiscalía Europea; el fiscal del Supremo Rafael Escobar y su compañero de filas Álvaro Redondo, que adquirió protagonismo mediático cuando se publicó que había cambiado de criterio en el caso de 'Tsunami Democràtic'; y Emilio Sánchez Ulled, que ha sido delegado de Anticorrupción en Cataluña y fue, por ejemplo, el fiscal del 'caso Palau'. Llegó a presidir la UPF y actualmente se encuentra en la Representación Permanente de España en la Unión Europea, con sede en Bruselas. Este último es el que parte como favorito.

Asimismo, hay en juego dos plazas para la Fiscalía Anticorrupción y una más para el Tribunal de Cuentas. Por la mañana, en el Consejo Fiscal se despacharán también varios puntos que constan en el orden del día como lo relacionado con la reforma legal impulsada por el Ministerio de Justicia para introducir de una tacada a jueces y fiscales sustitutos; u otro informe en relación a un proyecto de Real Decreto para medidas de eficiencia del sector público con la creación de secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia en determinados tribunales de instancias. Además, se verá una instrucción sobre jornadas de fiscales especialistas y otra sobre las secciones especializadas en las fiscalías territoriales de la Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática

La batalla de la AF

La AF ha emprendido una batalla para que el fiscal general se abstenga del puesto de la Fiscalía de Sala de Delitos contra la Administración Pública. Ya este lunes enviaron una carta a García Ortiz pidiéndole que no interviniera en este nombramiento porque es posible que este nuevo cargo tenga que participar en la causa abierta contra él en el Supremo por una supuesta revelación de secretos de la investigación a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El jefe del Ministerio fiscal tiene la potestad de realizar nombramientos, previa escucha de los miembros del Consejo cuya opinión no es vinculante. La AF sostiene que García Ortiz "tiene un interés personal" en esta elección porque la persona titular debe "coordinar la actuación y persecución" de los delitos contra la Administración Pública y tendrá que intervenir en los casos de "especial trascendencia" como es, sin duda, el asunto por el que el fiscal general está imputado.

"La causa de abstención no exige la influencia real y efectiva en el asunto, sino la mera posibilidad de influencia", indican. "La persona que formalmente sea propuesta, en su posterior actuar profesional, puede adoptar decisiones interpretativas, entre otros, del delito de revelación de secretos", inciden.

Desde la Fiscalía General no creen que García Ortiz deba dar un paso al lado porque el argumento no es real. Recuerdan que esta Fiscalía no tiene función jurisdiccional, por lo que no participará en instrucciones o juicios. Fuentes de la AF, en cambio, señalan que los consejeros (que son mayoría dentro del órgano)

La simple creación de esta plaza ya ha sido polémica porque un sector de la Fiscalía consideran que sus funciones se solapan con las que actualmente tiene la Fiscalía Anticorrupción, que ya se encarga de perseguir los delitos de la administración pública. Tanto este cargo como la unidad de Delitos Económicos forman parte del Plan de Regeneración Democrática que fue aprobado por el Gobierno en septiembre de 2024.

Desde el Ministerio Público defienden que las fronteras están bien delimitadas porque Anticorrupción seguirá teniendo la labor jurisdiccional e investigará centrada en los grandes casos de corrupción y las causas de especial trascendencia que encomiende García Ortiz, mientras que las nuevas unidades coordinarán las actuaciones de los fiscales especialistas y unificarán criterio, focalizadas en causas más pequeñas como la corrupción a nivel local.