El Ministerio del Interior recibió 23 incidencias calificadas de "riesgo alto, muy alto o crítico" relacionadas con el sector de la energía en 2024. El dato se disparó, según la serie histórica de los últimos cuatro años, justo un ejercicio antes del gran apagón que dejó España a oscuras a finales del pasado abril.

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Interior, a través de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, detectó un aumento generalizado en los operadores de servicios esenciales de los sectores energéticos, como es el energéticos. Si en 2023 se analizaron 82 incidentes de este tipo, el año pasado fueron casi el doble: 159.

Los datos de los últimos años han ido a más. En 2020, el primer año de la pandemia, se detectaron 115 incidentes altos o de mayor escala. Un año después el número bajó hasta los 91, y en 2022 siguió descendiendo hasta los 67.

El energético fue el tercer sector con más incidencias críticas el año pasado con 23. El primero fue el de transportes (60) y el segundo el sector financiero y tributario (28). En el caso de la energía, los incidentes se han multiplicado por más de tres de un año para otro. Si se compara con el 2020, el segundo más alto de esta serie, casi se duplica, según los datos del último Informe de Seguridad Nacional.

Un mes sin causas

La semana pasada se cumplió un mes del gran apagón que dejó a España desconectada. En estos más de 30 días, todavía se desconocen las causas de lo que ocurrió. Red Eléctrica, mayoritariamente pública, ha abierto una guerra con las compañías elécticas porque nadie quiere asumir los millonarios costes de las reclamaciones. El Gobierno, por su parte, ha intentado que no se perdiese la pista de un posible ciberataque, aunque ya lo ha descartado. También señaló a los operadores privados. Así sería más fácil no tener que asumir responsabilidades en primera persona.

La realidad es que por el momento hay cuatro investigaciones abiertas. Ninguna ha descubierto qué pasó. Se están analizando cientos de millones de datos (muchos por agentes del Centro Nacional de Inteligencia). Lo único que parece claro es dónde se produjeron las oscilaciones de la red que empezaron a ser insostenibles: Badajoz y Granada.

La primera de las vías es la Comisión de Investigación impulsada por el Gobierno- Espera tener conclusiones en algo más de un mes. La segunda se sigue en la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama solicitó informes al CNI y a la Policía Nacional. Los escargó un día después del apagón. Les dio 10 días, ni uno más. Por el momento no se sabe en qué dirección va.

Más investigaciones

Europa también quiere saber qué paso. La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) lleva esa parte de la investigación. Sus conclusiones se retrasarán más. Como indicó El Independiente, el gestor de redes europeas ha adelantado de manera preliminar que el apagón se debió a una "compleja secuencia de eventos" y que se registraron dos periodos de oscilaciones de tensión y frecuencia en el sistema eléctrico durante la media hora previa al incidente. Dos oscilaciones de potencia y frecuencia entre las 12.03 y las 12.07 y entre las 12.19 y las 12.21 horas.

El Senado ha aprobado una comisión de investigación para averiguar lo ocurrido. Quieren conocer la actuación del Gobierno y de las compañías eléctricas. La propuesta del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, contó con el apoyo de Vox, y el rechazo del PSOE. También 13 abstenciones, entre las que han estado PNV, Junts y ERC.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha comenzado un expediente informativo. El regulador puede poenr sanciones de hasta 60 millones de euros si las infracciones son graves. También puede inhabilitar compañías o hacer que piertdan la autorización administrativa. El plazo para culminar la investigación es en este caso mucho más amplio, marzo de 2026.

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