El PP de Alberto Núñez Feijóo insiste en descartar una moción de censura si ninguno de los socios de Pedro Sánchez, en este caso hay una llamada directa al PNV, y de forma secundaria a Junts, no se acerca y se posiciona como favorable para prestar los votos necesarios que permitan no escenificar un fracaso parlamentario anunciado desde el minuto uno. Sin embargo, y rechazando las formas de presión de los populares y los reproches, el PNV se distancia, reivindica que solo apoyó la de Sánchez a Mariano Rajoy en 2018 con una sentencia firme de condena por parte de la Audiencia Nacional al PP por la corrupción de la Gürtel. De momento piden más "explicaciones" al PSOE.

Junts, por su parte, cuestionó que Feijóo apelase a su ayuda cuando, al mismo tiempo, iba "en contra de la lengua catalana". En concreto, y pese haberse posicionado similarmente entre octubre y noviembre de 2024, el líder del PP sacó de nuevo la posibilidad de una moción de censura el 29 de mayo. Algo que se produjo al calor del escándalo de la fontanera del PSOE, Leire Díez, cuya notoriedad decayó totalmente después que el jueves pasado se publicase un informe de la UCO que apuntó a mordidas por adjudicaciones irregulares de obras públicas directamente al exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán. En colaboración con José Luis Ábalos y Koldo García, presuntamente.

"¿Quiere nuestro apoyo para ir más en contra de la lengua catalana como han reconocido haber hecho estos días? Esto es tener pocas luces", lanzó el secretario general de Junts, Jordi Turull, ante el llamamiento del popular. "Será muy de la broma este señor", apreció sarcásticamente. El dos de Carles Puigdemont cuestionó a Feijóo atribuyéndole la responsabilidad de haber contribuido a que países como Alemania rechazasen el uso de las lenguas cooficiales en una parte del Estado, caso del catalán, en las instituciones europeas. Se apoyaba en informaciones publicadas como la de ABC, que apuntaban a una implicación directa de Feijóo. Desde el entorno del popular, en cambio, se negó. "No tenemos capacidad de influencia sobre los gobiernos europeos", apreciaron en conversaciones con El Independiente.

Por otro lado, y algo que distancia a los jeltzales y a los neoconvergentes, es el papel clave que debe tener Vox para la presentación de esa moción de censura destinada a precipitar elecciones generales. Ninguna de las dos fuerzas nacionalistas quieren colaborar con un partido que busca su ilegalización. Sin embargo, coinciden con otras votaciones en las Cortes.

Fuentes nacionales del PP creen que los socios se aproximan hacia una posición conjunta de presión para que Sánchez adelante generales sin necesidad de ir de la mano con ellos para una moción. Y aunque el portavoz nacional, Borja Sémper, admitió este jueves conversaciones con ambos, y también Sumar, los populares siguen insistiendo en que a día de hoy no dan los números. Añaden que la ausencia de interés de PNV y Junts para dar ese paso, es que la fragilidad del Gobierno les da alas para seguir aprovechando para sacar beneficios y contrapartidas. Lo cierto es que Junts ha pedido a Sánchez seguir avanzando en el pacto de investidura. El PNV sabe que cualquier cese de respaldo en Madrid supondrá la caída el Gobierno de coalición vasco y el ascenso de EH Bildu.

Coincidencias parlamentarias

Frente a ese enfrentamiento directo entre las dos cúpulas del partido, la popular y la de los neoconvergentes, la dinámica parlamentaria tanto en el Congreso como en el Senado entre ambas formaciones es de alineamiento en distintos intereses. Hay que tener en cuenta que pese al distanciamiento político respecto al eje independencia o unidad de España, hay una afinidad en las pretensiones económicas entre ambas organizaciones.

A priori, las dos han presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz, que se debatirá próximamente en la Cámara Baja sin muchas garantías de que la iniciativa vaya a continuar el trámite legislativo. Desde Sumar se quiere forzar a un posicionamiento público que obligue a las derechas a retratarse, y estiman que eso puede ayudarles a desbloquear unas negociaciones estancadas.

El argumento de los populares es que el proyecto estrella de Díaz se ha pactado solo con los sindicatos y no con los empresarios y sus intereses. Además, según figura en la enmienda presentada por el PP, la norma está basada "en argumentos poco rigurosos y populistas" y no tiene en cuenta "cuestiones tan relevantes como el impacto que va a tener sobre la actividad económica y el empleo". Se coincide en este sentido con Junts, que recibió presiones por parte de la patronal catalana para rechazarlo. Especial preocupación ponen los neoconvergentes en cómo esto afectaría negativamente a las pymes. Creen que es prioritario apostar por la lucha contra el absentismo laboral, el paro juvenil y en "generar valor añadido".

A la espera de esa votación, recientemente se ha dado otra coincidencia esta misma semana, además de una abstención por parte de Junts a una iniciativa del PP. El martes los populares lograron llevar a la abstención a los neoconvergentes para sacar adelante junto a Vox y UPN la toma en consideración de una proposición de ley que busca, nuevamente, prolongar la vida útil de las centrales nucleares y extender el calendario del cierre de sus reactores. De momento, el Gobierno, que con ello sufre un nuevo revés en plena crisis con los socios, mantiene su hoja de ruta de cierres, con la extremeña Almaraz en el objetivo para 2027.

Es la enésima propuesta orientada a esta finalidad de los populares. Cuenta con respaldo de Junts —y también de ERC— por los dos reactores de Tarragona, Asco I y II, y el impacto económico, en el empleo y en las garantías de autonomía energética de la comunidad si se acaba cerrando las instalaciones sin una alternativa que compense el cambio. Las fuerzas catalanas niegan que se esté en esas condiciones.

Junts se alía al PP bajo un prisma económico o energético. Las nucleares preocupan a los partidos catalanes, que no ven una alternativa garantizada por le Gobierno

A esa abstención se une un respaldo del PP a Junts el miércoles en el pleno del Senado —pese a que los populares cuentan allí con mayoría absoluta— a la toma en consideración de una iniciativa para perseguir reducir la presión fiscal tanto de pymes como de autónomos. Durante la tramitación, los de Feijóo quieren modificarla y hacerla extensiva a todo el Estado así como incluir "una fórmula clara de compensación a los ayuntamientos y un modelo coherente de alivio fiscal". Si termina en buen puerto, pasará al Congreso y ahí se puede reeditar la suma de ambos.

Como gesto de acercamiento a los populares, el PNV se abstuvo este jueves a un punto de una iniciativa del PP que insta a Sánchez a dar explicaciones por los casos de corrupción que salpican al PSOE. Junts no lo respaldó, porque, aunque se enmarcó en una votación por puntos, la demanda estaba integrada en una proposición no de ley que buscaba reconocer la labor y la profesionalidad de la Guardia Civil, así como su garantía de independencia en sus investigaciones. Especialmente dirigida a la UCO. A PP, Vox y UPN se añadió Coalición Canaria y Sumar.

Tendencia al alza desde diciembre

Aunque este tipo de acuerdos se han dado con anterioridad puntualmente, como en el rechazo de la regulación de alquileres de temporada, uno de los principales puntos de inflexión que han permitido sacar iniciativas al PP con una mayoría alternativa sustentada en Junts fue la reforma fiscal del Gobierno a finales del año pasado. Además de respaldarse la supresión del impuesto a las energéticas junto a otros partidos como el PNV, populares y neoconvergentes acordaron incluir enmiendas dentro de ese proyecto fiscal del Ejecutivo.

El PP aceptó dos enmiendas de Junts. Una para rebajar al 4% el IVA de los alimentos. La otra en beneficio de los clubs deportivos, para un 100% de bonificación de cuota empresarial por la contratación de entrenadores y monitores no profesionales. Por otro lado, Junts avaló las enmiendas del PP para rebajar el IRPF a los jóvenes y a las pymes, eximir de fiscalidad a los afectados por la DANA en Valencia y otros puntos como Albacete, o redirigir el impuesto a la banca para bajar las hipotecas y construir vivienda a precio tasado. Posteriormente se coincidió en tumbar el decreto de pensiones del Gobierno, aunque luego, tras negociarse, Junts lo avaló.

Destacó en marzo el rechazo de PP y Junts, pese a haberse posicionado favorables anteriormente, a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, un organismo independiente para gestionar el sistema sanitario y todas sus vertientes. Precisamente este mismo jueves, en la comisión de Sanidad, PP y Junts volvieron a mostrar su rechazo a dar el aval al proyecto de ley para la Agencia. Superó, pese a todo, el primer test en el Congreso y ahora deberá afrontar su tramitación en el Senado. Allí el PP quiere "mejorar el texto" aprovechando su mayoría.