Los okupas que hayan sido sancionados o condenados por ocupación ilegal no podrán acceder en Andalucía a una vivienda de protección oficial (VPO), en virtud de una modificación legal aprobada este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que espera que contribuya a reducir las ocupaciones ilegales.

Esta nueva medida prevé determinadas excepciones para familias en situación de vulnerabilidad extrema -siempre que sea avalado por los servicios sociales-, según ha avanzado la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, este martes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

"La ocupación es un problema", ha asegurado Carazo, a la vez que ha sostenido que es un motivo de "preocupación" no sólo para los propietarios de viviendas, sino para los andaluces en general "por los problemas de convivencia que genera".

El Consejo de Gobierno ha aprobado la introducción de varios cambios en el plan Vive en Andalucía de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana 2020-2030, entre los que se encuentra la citada medida para luchar contra la ocupación ilegal.

Según la consejera, esta medida tendrá un efecto disuasorio en Andalucía, donde ya se han puesto en marcha acciones para atender a los afectados por ocupaciones dentro de las "limitadas" competencias que ostenta la Junta de Andalucía en este aspecto.

Así, ha destacado la importancia del Sistema Andaluz de Lucha contra la Ocupación Ilegal y de asesoramiento para la protección de la vivienda, que desde diciembre del 2020 hasta diciembre del 2021 ha recibido 97 consultas en el teléfono de información para resolver las dudas en este ámbito de posibles afectados.

No obstante, ha recalcado que "urge" un plan estatal contra la ocupación de viviendas y ha lamentado la "pasividad" del Gobierno.