El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido posponer la vista oral del juicio por desobediencia al presidente de la Generalitat, Quim Torra, previsto inicialmente para el 25 y 26 de este mes. El Tribunal fija finalmente la vista para el 18 de noviembre, una semana después de las elecciones generales que se repetirán el próximo 10-N. La vista llegará después también de que se conozca la sentencia del juicio al procés, que según el fiscal Javier Zaragoza se hará pública entorno al 12 de octubre.

Finalmente la táctica dilatoria de la defensa de Quim Torra que ejerce el abogado Gonzalo Boye, que ha recusado al instructor de la causa, a los magistrados de sala que debían juzgarla y finalmente también al instructor de esa recusación, ha surtido efecto. El TSJC reconoce que "no ha sido procesalmente posible concluir la instrucción de incidente incoado por la recusación" del presidente del Tribunal, Jesús María Barrientos y la magistrada Mercedes Armas.

En consecuencia, se suspenden las sesiones previstas para el 25 y 26 de septiembre. Unas fechas denunciadas por el presidente de la Generalitat porque coinciden con la celebración del Debate de Política General, que tradicionalmente abre el curso parlamentario con la presentación del programa de gobierno del president.

Torra reta al TSJC

Desde que el TSJC hizo pública la fecha señalada para el juicio, Torra cuestionó los días escogidos acusando al tribunal de violar la separación de poderes intentando imponer su decisión por encima del calendario del Parlament, "representante de la soberanía popular". De nada sirvió que todos los partidos de la oposición pidieran retrasar el debate en la MEsa del Parlament, recordando que ya se hizo en dos ocasiones en febrero y marzo para permitir que el gobierno en pleno acudiera como espectador al juicio del procés.

Torra había convertido la vista de su juicio por desobediencia en un nuevo envite a la justicia. Primero cuestión la rapidez con la que se ha instruido el caso, asegurando en un mensaje institucional, remitido desde el Palau de la Generalitat, que había una intencionalidad oculta en la rapidez con la que el TSJC había actuado contra él.

Después empezaron las insinuaciones sobre un posible plantón a la justicia. “No ir sería poner de manifiesto que nos tenemos que plantar”, advirtió hace dos semanas en una entrevista con El Punt Avui. “Quien tiene el problema es el TSJC y nosotros tenemos que saber si respeta la separación de poderes”, añadió. Un plantón que no hubiera tenido consecuencias, puesto que las penas pedidas por la Fiscalía, una multa y la inhabilitación por 18 meses, permiten juzgarlo en ausencia siempre que comparezca su representante legal.

Quim Torra será juzgado por un presunto delito de desobediencia, después de haberse negado a cumplir los requerimientos de la Junta Electoral Central que durante la pasada campaña de las elecciones generales le exigió que se retiraran las pancartas y lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat.

Torra respondió sustituyendo la pancarta de la fachada del Palau de la Generalitat con un gran lazo por otra alusiva a la libertad de expresión, y finalmente los Mossos tuvieron que ser requeridos por la JEC para retirar los lazos en los edificios públicos, especialmente colegios electorales. Durante la instrucción, Torra reconoció ante el juez haber desobedecido una orden que consideraba injusta.