El expresidente del Parlament y conseller de Empresa, Roger Torrent (ERC), declara hoy como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia al Constitucional, coincidiendo con la mesa de diálogo entre Estado y Generalitat y en plena crisis en el Govern.

Torrent, que integra la delegación catalana en la reunión bilateral, ha sido citado como imputado junto a otros miembros independentistas de la Mesa del Parlament que presidió en la pasada legislatura -Josep Costa y Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC)-, a raíz de una querella de Fiscalía por presuntamente haber desobedecido al Constitucional al tramitar resoluciones a favor de la autodeterminación y contra la monarquía.

La declaración de Torrent y de los exmiembros independentistas de la Mesa está prevista el mismo día en que se celebra la reunión de la mesa de diálogo en el Palau de la Generalitat para tratar de desencallar el conflicto catalán, un encuentro en el que participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que ha desencadenado la crisis más grave dentro del Govern desde la investidura de Pere Aragonès.

La colisión entre los socios del ejecutivo catalán se desató ayer a raíz de la decisión de JxCat de incluir en la mesa de diálogo a nombres como Jordi Sànchez y Jordi Turull -que fueron indultados por el Gobierno tras haber sido condenados por el 'procés'-, a pesar del rechazo de ERC.

Un movimiento que ha llevado a Aragonès a dejar a JxCat fuera de la mesa, a la que tiene previsto acudir él mismo junto a la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, y el propio Torrent para "abordar la amnistía y las acciones para la desjudicialización del conflicto", tal como señaló en una comparecencia.

De hecho, para Aragonès, la imputación de Torrent, Costa, Campdepadrós y Delgado "da toda la razón" para abordar la ley de amnistía y el referéndum de autodeterminación en la mesa de diálogo porque demuestra, a su juicio, que "la represión continúa con diferente intensidad".

"Nos da la razón de que hay un conflicto que continúa y no podemos desaprovechar ninguna oportunidad de asumir la defensa del mismo", enfatizó el president.

La investigación contra Torrent deriva de la querella que la Fiscalía presentó en marzo pasado contra él y los miembros soberanistas de la Mesa, cuyo apoyo fue decisivo para tramitar resoluciones a favor del derecho de autodeterminación y contra la monarquía en octubre de 2019.

El ministerio público los acusa de haber tramitado dichas resoluciones a pesar de que el Tribunal Constitucional les había advertido previamente de su deber de impedir cualquier iniciativa que supusiera desarrollar la declaración de ruptura del 9 de noviembre de 2015 y de que el secretario de la cámara les alertara de su ilegalidad.

En concreto, según la Fiscalía, el 10 y el 16 de octubre de 2019 el Constitucional comunicó personalmente a Torrent y a los miembros de la Mesa sendas providencias en las que les notificaba de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria" que supusiera "ignorar o eludir" la suspensión de la resolución de ruptura del 9N.

Con todo, apunta la querella, Torrent, el entonces vicepresidente primero de la Mesa, Josep Costa, y el secretario primero, Eusebi Campdepadrós, tramitaron una resolución presentada el 22 de octubre de 2019 por los grupos de JxCat, ERC y CUP en que el Parlament reiteraba, "tantas veces como lo quieran los diputados (...), la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político".

El texto incluía además un punto en el que el Parlament manifestaba que "reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados la reprobación de la monarquía".

El ministerio público también ve desobediencia en la tramitación de otra resolución por parte de la secretaria cuarta de la Mesa Adriana Delgado, que la CUP presentó para que el Parlament expresara su voluntad de "ejercer de forma concreta el derecho de la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán" y que fue inicialmente aprobada por el pleno pero anulada por el Constitucional.