La propiedad, una pequeña y mediana de empresa con capital 100% catalán, adquirió el edificio modernista ubicado en el Ensache de Barcelona, después de realizar un estudio de mercado y verificar la situación de los contratos de arrendamiento existentes “con la intención de renovar el edificio que tenía infinidad de carencias estructurales, reformar y arrendar algunas viviendas cuyos contratos finalizaban en el corto plazo, respetando escrupulosamente el resto los contratos indefinidos y a término existentes”. Así lo ha manifestado María José Tarancón, representante legal de la propiedad de este emblemático edificio barcelonés.

Según la abogada, el conflicto comienza cuando cuatro inquilinos con contratos finalizados se niegan a desalojar sus viviendas, una vez que la propiedad les comunica la resolución de estos: “Contratos que finalizaban en el corto plazo, respetando escrupulosamente el resto los contratos indefinidos y a término existentes”, afirma Tarancón. Además, está dispuesta a "entablar conversaciones con los inquilinos a los que les ha finalizado el contrato".

El Sindicat de Llogateres había apuntado a la vulnerabilidad de algunos de los inquilinos para defender una negociación colectiva y alquileres asumibles para estos, extremo que la propiedad desmiente rotundamente: “No se ha acreditado que en ninguna de estas 4 viviendas con contratos finalizados hayan acreditado su vulnerabilidad. Es más, se les ha interpuesto las correspondientes demandas judiciales, por expiración contractual del plazo sin entrega de la vivienda, y tampoco lo han acreditado en sede judicial”.

Desde la propiedad sostienen que se mantiene la postura abierta al diálogo para poder “entablar conversaciones con los inquilinos a los que les ha finalizado el contrato, como ya hemos venido haciendo cuando hemos podido acceder a los inquilinos sin la intromisión de esta plataforma, y dispuestos a hacerlo también con sus representantes legales siempre y cuando se identifiquen y acrediten dicha representación”, manifestó María José Tarancón. Como ejemplo, la abogada apunta el caso de la renovación del contrato a una inquilina de edad avanzada residente en la finca “a la que la compañía le renovó el contrato después de contactar con ella”.

Para María José Tarancón, uno de los elementos que ha enturbiado las conversaciones con los arrendatarios afectados ha sido la carta que, en nombre del Ayuntamiento de Barcelona, les remitió la alcaldesa Ada Colau, para interceder en la renovación de los contratos de alquiler que llegaban a término: “Consideramos que se trata de una grave injerencia del máximo responsable del consistorio en un asunto que es estrictamente privado entre una empresa que actúa siempre dentro de la más estricta legalidad, defendiendo sus legítimos intereses, y tan solo unos pocos inquilinos sin título en vigor”.

Por ahora, la propiedad está estudiando los posibles ilícitos cometidos, y el perjuicio económico derivados de los mismo, para interponer los correspondientes procedimientos judiciales si fuera el caso.