La condonación del 20% FLA acordada por PSOE y ERC como parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez es solo un primer paso. Junts y ERC coincidieron este miércoles -por una vez- en que se trata de una medida insuficiente. Y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, fijó el siguiente paso: recaudar todos los impuestos en Cataluña en la investidura que se abrirá si finalmente se cierra el acuerdo con Carles Puigdemont para la investidura.

"El próximo año tenemos que afrontar el tema, necesitamos un amplio acuerdo en el Parlament con una propuesta clara" para plantear en la próxima legislatura: que los impuestos de Cataluña se recauden en Cataluña" proclamó Aragonès en la sesión de control parlamentaria. Lo hizo en respuesta al líder de Junts en la cámara, Albert Batet, quien le afeó por insuficiente el pacto para la condonación de 15.000 millones de euros del FLA.

Batet recordó que la semana pasada Junts y ERC firmaron conjuntamente las conclusiones de la Comisión de estudio de la deuda histórica de Cataluña. Unas conclusiones que fijan "un deficit en infraestructuras de 51.000 millones de euros y una deuda histórica de 351.000 millones de euros en políticas sociales". Cataluña es la cuarta comunidad autónoma en creación de riqueza y la decimoprimera en inversión, añadió Batet, "es una situación insostenible".

Coordinación independentista

Esquerra y Junts han vivido un sonoro divorcio político desde que los de Puigdemont abandonaron el Govern, hace poco más de un año. Pero los republicanos confían en reconducir la relación tras la investidura de Sánchez. Desde el partido de Puigdemont han exigido "negociar en solitario" la investidura, tras los cuatro años de ostracismo del ex president fugado, pero los republicanos esperan recuperar el frente común ante el PSOE, una vez que Junts haya entrado en la mayoría de investidura, abandonando su negativa a pactar nada con los socialistas.

En este contexto, empieza a abrirse camino en los entornos independentistas la necesidad de batallar por una nueva financiación autonómica, una batalla que habían olvidado desde que Puigdemont llegó a la presidencia de la Generalitat con la promesa de un referéndum de independencia, en 2016. Ahora, el debate sobre el déficit fiscal y la insuficiente financiación de la Generalitat vuelve al primer plano.

La propuesta que se podría plantear es la de un "acuerdo asimétrico" en el que las autonomías que así lo quieran puedan recaudar todos sus impuestos, en función también de las cargas en materia de competencias de cada comunidad. Cataluña tiene las competencias transferidas de policía, prisiones y administración de justicia, lo que la distingue del resto de las comunidades del régimen común.

A esa diferencia de partida, y a la convicción de que no todas las comunidades querrían asumir la responsabilidad de recaudar todos los impuestos, se agarran desde entornos independentistas para plantear esa vía. Una vía que ERC, en todo caso, quiere explorar en una negociación bilateral con el Gobierno, al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en base a la nueva comisión incluida en el pacto de investidura.

Agencia tributaria catalana

Es el camino dibujado por Junts y ERC en las conclusiones de la Comisión sobre la deuda histórica, en las que reclaman la condonación de toda la deuda del FLA y una ley específica de financiación para Cataluña. Se trata de la comisión, presidida por Junts, que fijó la deuda histórica del Estado en Cataluña en 456.000 millones de euros. Una cantidad que resulta del déficit correspondiente a partidas sociales -375.000 millones-, seguidas de las infraestructuras -50.900 millones de euros- y las pensiones -30.000 millones-.

El texto recupera además una vieja reivindicación que nació con el tripartito: la creación de una Agencia Tributaria catalana que recaude todos los impuestos en Cataluña. De hecho, el Estatut fijaba la creación de un consorcio entre la Agencia Tributaria del Estado y la catalana dos años después de su aprobación, que debía asumir la recaudación de todos los impuestos catalanes. Un consorcio que nunca se hizo realidad.

La propuesta de los dos grandes grupos independentistas reclama además la cesión del 19% de los fondos europeos para sufragar el déficit en infraestructuras y la creación de una agencia de Seguridad Social propia para Cataluña.