La ley de amnistía deja fuera a Borràs y al abogado de Puigdemont

La presidenta de Junts, Laura Borràs, y el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, no tienen cobijo en la proposición de ley orgánica de amnistía registrada este lunes por el PSOE en el Congreso, que no recoge el lawfare en el que se amparan ambos. El texto conocido finalmente este lunes [aquí en PDF] da cobertura a todos los líderes del procés —juzgados o pendientes de juicio— y a sus colaboradores en todas las causas relacionadas con la consulta del 9 de noviembre de 2014 y del referéndum del 1 de octubre de 2017, los preparativos previos y las protestas posteriores, en un lapso temporal que abarca desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023. También a aquellos colaboradores que sin haber participado directamente en la organización de las consultas "hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables" del procés.

Un epígrafe, del artículo 1.1.a) de la ley, que parece redactado a la medida de tres casos que inquietaban especialmente a Puigdemont: el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay; su escolta en Bruselas, el mosso Lluís Escolà, y el exconseller de Interior Miquel Buch, que contrató a ese agente de seguridad personal. Desde Esquerra aseguran que los casos de Buch y Escolà ya estaban cubiertos en su redacción de la ley, pero Junts defiende que han sido sus aportaciones las que permitirán amnistiarlos, tras la condena confirmada este septiembre por la Audiencia de Barcelona.

Quien sí podrían beneficiarse son Alay, el 'exconseller' Buch y el escolta Escolà

En el caso de Alay, está procesado dentro de la causa Voloh por sus viajes a Moscú y por el pago de un viaje a Nueva Caledonia a cargo de los fondos de la oficina de expresident, una acusación de malversación que no está directamente relacionada con el 1-O, pero quedaría cubierta con el amparo de "actuaciones desarrolladas, a título personal o institucional, con el fin de divulgar el proyecto independentista, recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares".

ERC excluye a Borràs

La presidenta de Junts, sin embargo, fue condenada a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación el pasado marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa, en su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas entre 2013 y 2018. En este último año fue elegida diputada autonómica por Junts y nombrada consellera de Cultura del Gobierno de Quim Torra. El TSJC entendió que había fraccionado contratos para beneficiar a un amigo. Una causa que no tiene encaje en el listado elaborado por la ley de amnistía.

Desde Junts rechazan "hablar de nombres" y concretar, por tanto, las consecuencias de esta ley para su presidenta

El pasado fin de semana la propia Borràs defendía en El Nacional.cat que su condena es fruto del lawfare —la supuesta manipulación judicial contra el independentismo que Junts defendía en su pacto con el PSOE, pero que no queda recogida en la proposición de ley de amnistía— y que por tanto quedaría amparada por el texto. Sin embargo, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, le respondía horas después negando que el suyo sea uno de los casos amnistiados. "Lo que se debe amnistiar son los hechos vinculados al 1-O y el 9-N, el caso Borràs no entra en este marco", insistía este lunes la portavoz de ERC, Raquel Sans. También los socialistas afirmaban en los últimos días que el lawfare no entraría en la ley, como así ha ocurrido finalmente.

Desde Junts rechazan "hablar de nombres" y concretar, por tanto, las consecuencias de esta ley para su presidenta. Tampoco sobre el futuro procesal del abogado de Puigdemont. La Audiencia Nacional (AN) desestimó el pasado julio la petición de José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, y del abogado Gonzalo Boye de que no se les juzgara por blanqueo de capitales en la denominada operación Mito,  la presunta introducción en España de casi cuatro toneladas de cocaína y el entramado creado para ocultar los beneficios por distintas vías.

Batalla independentista

El listado de los beneficiados por la ley no ha sido la única discrepancia entre Junts y Esquerra en este proceso. Este lunes, las portavoces de uno y otro partido batallaban por la autoría de la ley, que Esquerra no ha firmado finalmente, aunque aseguran que el acuerdo sobre la amnistía y la investidura "está vigente".

ERC resta importancia a su resistencia a firmar el texto y lo justifica por su necesidad de tener tiempo y para dar la "máxima seguridad jurídica"

La líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, afirmaba en TV3 que la ley de amnistía que se registre será la que han negociado su partido y el PSOE. "Si alguien ha negociado otros textos no los ha enseñado, por tanto entendemos que el trabajo se ha hecho como se ha hecho y que la ley que se registre será la que hemos negociado nosotros", sostenía.

"Esto no va de quién registra la ley", respondía la portavoz de ERC, recordando que quien cerró primero un acuerdo sobre la ley fueron los republicanos, y que las negociaciones con Junts se habrán desarrollado, en todo caso, basándose en ese texto. Sans restó importancia además a la resistencia de Esquerra a firmar un texto que finalmente registró el PSOE en solitario. La republicana defendió la necesidad de tiempo para las últimas revisiones técnico-jurídicas.

"La prioridad es dar la máxima seguridad jurídica", argumentaba, señalando que habían recibido el último texto del PSOE la madrugada del domingo al lunes. Tras la decisión socialista de registrar la ley en solitario, desde Esquerra defendían su extremo cuidado y aseguraban que no está en cuestión el pacto de investidura. Es decir, que sus siete votos están garantizados para Pedro Sánchez en la votación de investidura de este jueves.

"Desde que nosotros dimos el visto bueno, pasó primero el auto del juez Manuel García-Castellón [que decidió imputar a la republicana Marta Rovira e implicar a Puigdemont] y el pacto con Junts, así que hay que mirar el texto. Es un tema de velocidad de análisis. El PSOE quería registrarlo ya", indicaban fuentes del equipo de Oriol Junqueras. "Los recelos vienen porque hay que leerlo bien y que nada haga que nadie se quede fuera", completaban desde el Govern de Pere Aragonès. ERC se quiere cerciorar de que quedan cubiertos por la amnistía los CDR y los investigados por Tsunami Democràtic. La proposición socialista señala, en su artículo 2.c), que quedan excluidos de la amnistía los delitos de terrorismo si hay sentencia firme. Pero ambas causas no se hallan todavía juzgadas.

El "destrozo al relato de PP y Vox"

Los socialistas, en efecto, querían registrar ya la iniciativa, sin más demoras. Como los reparos de ERC eran "mínimos" y la factura de la proposición es "básicamente" del PSOE, Ferraz decidió que había que registrar sin más firmas el texto. Sin esperar más, sin darle "más vueltas", explican. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, uno de los muñidores de la ley, explicaba en rueda de prensa en el Congreso que las razones para no plasmar su rúbrica tendrán que darlas los grupos, pero que era lo de menos, porque el apoyo mayoritario está garantizado. La norma tiene carácter orgánico, por lo que requiere de 176 votos, mayoría absoluta, para ser aprobada. Y tendrá 178, los del PSOE (121) y Sumar (31) y todos sus socios —ERC (7), Junts (7), Bildu (6), PNV (5) y BNG (1)—, salvo Coalición Canaria, que sí respaldará la investidura de Sánchez pero que rechaza este texto.

Bolaños enfatiza que la ley es "plenamente constitucional" y subraya que se amnistían los actos con "conexión" con el 'procés'

Bolaños hizo hincapié en que la ley es "plenamente constitucional, sin género de dudas". Y es "imprescindible" para mejorar la "convivencia", un "paso de gigante". Pero cuando se le preguntó expresamente por los casos de Borràs o Boye, dejó claro que ambos están fuera de la cobertura de la ley. Esta es una norma para que "todos los actos que tengan conexión, que estén vinculados con el proceso soberanista sean amnistiados". Serán los jueces, añadió, quienes decidan qué casos entran o no dentro de la amnistía. Fuentes de la dirección de PSOE reconocían en privado que ni la presidenta de Junts ni el abogado de Puigdemont quedan amparados por la norma.

En el PSOE varios dirigentes consultados mostraban su alivio con la redacción conocida este lunes, por la insistencia en el texto en el ordenamiento constitucional y porque no entran en la amnistía ni Boye ni Borràs: la cobertura de ambos, advertían algunos cuadros en los momentos de mayor zozobra, cuando Junts estiraba la negociación por el lawfare, habría sido muy indigesta para el partido. Pero esos temores no se han cumplido.

"Aquí lo importante es el destrozo que se hace al relato de PP y Vox —señalaban desde la cúpula de Sánchez—. Tanto con los acuerdos [con ERC y Junts] como con la ley. Es literalmente una goleada a todas las mentiras que han dicho durante semanas. No han sido capaces de señalar una línea de un papel que defienda esta escalada de tensión y violencia. Van a quedar más en evidencia conforme pase el tiempo, y solo convenciendo a los suyos. No tienen un solo hueco por el que atacar lo que estamos haciendo. Ni la legitimidad del legislativo. La división de poderes y el respeto a la misma también implica respetar al poder legislativo".

Pero la polémica no se gastó este lunes. Ni mucho menos. La oposición está sacando toda la artillería posible y la investidura de Sánchez, el miércoles y jueves, supondrá seguramente un nuevo estadio en la escalada verbal. Un nuevo peldaño en el clima extraordinariamente recalentado con el que arranca esta XV Legislatura.