El Govern de Pere Aragonès ha vuelto a pedir la autorización del Ministerio del Interior para desplazar a agentes de los Mossos d'Esquadra a Bélgica como escoltas de Carles Puigdemont. Así lo han confirmado la Consejería de Interior después de que la Oficina del ex president reclamara de nuevo la escolta la semana pasada y del "cambio de postura" anunciado este martes por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Fuentes de la Policía Nacional han informado en el mismo sentido: será la policía autonómica la que se encargue de su protección.

El consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, hacía pública la solicitud al ministro Fernando Grande-Marlaska horas después de las palabras de Bolaños. "Seis años después, el Gobierno español die que rectifica" apuntaba Elena, que "vuelve a solicitar" con "la máxima urgencia" la autorización del Ministerio de Interior para que agentes de Mossos d'Esquadra puedan actuar como escoltas de Puigdemont en Bélgica, puesto que la policía autonómica no puede actuar en el extranjero sin autorización del Gobierno.

La protección de figuras públicas corren, en la mayoría de los casos, a cargo de la Policía Nacional. Es la Unidad Central de Protección quien tiene las competencias y depende orgánicamente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. La imagen de policías nacionales escoltando a Puigdemont ha enfurecido a todos los sindicatos, pero como ha podido saber este periódico la petición se cursará para que lo hagan agentes de Mossos.

Plus mensual y anual

Estos policías van de paisano y cobran unos 250 euros más al mes por desempeñar esta labor que, según fuentes del Cuerpo, se presta voluntariamente. Los agentes que no van con uniforme reciben una compensación de unos 200 euros al año para ropa. En caso de los que hacen trabajos de protección a "VIPs" la cuantía asciende a 400 euros.

El trabajo empieza cuando se recoge a la persona a proteger. En un coche con chófer, la recogen en su lugar de vivienda a la hora indicada y hasta que no lo vuelven a dejar no terminan su jornada. No son turnos de 24 horas, ya que la seguridad de edificios de especial protección la llevan otras unidades. Trabajan un día y descansan al siguiente, por lo que los operativos cuentan con entre dos y cuatro agentes, dependiendo de la peligrosidad.

"En la época de (Jordi) Pujol, cuando el VIP iba a comer los escoltas comían al lado y lo pagaba el escoltado. Ahora ya con los recortes se toman algo de beber y ya comen más tarde, cuando puedan", señalan fuentes policiales a El Independiente.

Asistentes, escolta y coche oficial

La ley de ex presidentes de la Generalitat establece que tendrán derecho a una Oficina de ex president con tres asistentes, escolta y coche oficial. Carles Puigdemont disfruta de la oficina, instalada en el Palau Centelles de Barcelona, pero no de la escolta policial, que el Ministerio del Interior había denegado hasta ahora habida cuenta de su condición de prófugo de la justicia.

Pese a que mantiene esa condición hasta que entre en vigor la Ley de amnistía, desde la Generalitat afirman que la asignación de un equipo de seguridad de Mossos no depende de la citada ley, sino simplemente de la autorización del Ministerio del Interior. "Es una decisión operativa" aclaran.

Las fuentes de la Generalitat consultadas recuerdan que en los últimos seis años, desde que Puigdemont se fugó a Bélgica en octubre de 2017, la Generalitat ha solicitado en diversas ocasiones esa autorización, que hasta ahora se había denegado siempre. Tanto los ex consejeros Miquel Buch y Miquel Sàmper, de Junts, como el actual titular del departamento, Joan Ignasi Elena, han cursado solicitudes en este sentido, hasta ahora sin éxito.

Buch, de hecho, fue condenado el pasado septiembre a cuatro años de prisión por contratar al exmosso Lluís Escolà para que pudiera seguir ejerciendo como escolta del ex president.

Oficina de ex president

La reclamación del director de la Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, para que Puigdemont tenga escolta de los Mossos ha abierto una nueva fisura entre Junts y Esquerra. Los primeros acusan de falta de celeridad al Govern ante la petición reiterada por Alay la pasada semana, argumentando "la grave situación de inseguridad que persiste". Una situación de inseguridad que "se ha detectado especialmente desde hace unas semanas" habida cuenta del protagonismo recuperado por Puigdemont con la negociación de la investidura.

La semana pasada hubo una reunión presencial en la que "se dio respuesta de palabra" al equipo de Puigdemont, explicaba este martes la portavoz del Govern, Patricia Plaja, para responder a la crítica de Junts por no haber respondido a la misiva de Alay. Plaja añadió que "el Govern tiene claro que Puigdemont tiene derecho a escolta" y "celebró" que "ahora" el ministro Bolaños "después de tiempo de negativas, ven claro que necesita escolta, sobre todo fruto de la tensión" generada por las negociaciones de la ley de amnistía.