La Generalitat podría retirar la tutela a los padres de menores inimputables -menos de 14 años- que hayan cometido una agresión sexual y no acepten y completen el plan formativo en educación sexual e igualdad. Lo advirtió este jueves el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, tras la presentación de un informe sobre violencias sexuales en la infancia y la adolescencia, encargado a raíz de la oleada de agresiones protagonizada por menores en Badalona durante entre los veranos de 2022 y 2023.

Campuzano descartó "totalmente" rebajar la edad penal (14 años) para estos delitos. Pero advirtió que no se puede permitir la sensación de impunidad que rodea a estos menores. El consejero defendió que las familias deben "asumir su responsabilidad" en la reparación del daño causado y trabajar para garantizar que los hechos no se repitan. "Expresamos de manera inequívoca esta voluntad justamente para evitar la sensación de impunidad".

Alarmantes pero minoritarios

El grupo de expertos consultado por el Govern concluye en su informe que los casos de Badalona, con violaciones grupales de niños menores de 14 años o menores de edad a niñas y adolescentes también menores son "alarmantes" pero "minoritarios". "No podemos concluir que haya una tendencia al alza de esta tipología de fenómeno", advierte el informe, que añade que "ningún dato nos dice que provenga de un aumento de situaciones similares".

Lo que sí constatan los expertos "es que estamos ante una realidad que históricamente había sido muy invisibilizada, como la mayor parte de las violencias sexuales, y que ahora se está visibilizando". Reconocen que se ha producido un aumento de las denuncias por comportamientos violentos en menores de edad, pero esos datos no son suficientes para determinar si se ha producido un aumento de la violencia o esa violencia se denuncia más.

El informe señala cuatro factores que alimentan las actitudes agresivas en adolescentes: las características cambiantes de la adolescencia; la falta de acompañamiento comunitario; un marco cultural que normaliza la dominación de hombres sobre mujeres; y el impacto de las redes sociales y la exposición a la pornografía. Especialmente sin una educación sexual adecuada.

Apoyo e indemnizaciones

En respuesta, Campuzano anunció que se reforzará el Servicio de Atención a menores inimputables, que atiende a los menores de 14 años que han cometido un delito en Cataluña. Este servicio pondrá en marcha el próximo año un programa formativo de educación sexual y educación en igualdad para los agresores menores y también sus familias, "haciendo especial énfasis en las acciones sobre responsabilidad, restauración y reparación del daño cometido a las víctimas".

En el caso de que no se cumpla este programa por parte de la familia del menor, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) quitará la tutela a la familia, una medida que actualmente se podía valorar pero que ahora se hará porque "las familias son responsables de la educación de sus hijos", argumentó el conseller.

Paralelamente, el Govern asumirá ayudas e indemnizaciones para las víctimas desde el Departamento de Igualdad. En este contexto, se reconocerá el derecho de la madre a ser indemnizada económicamente por el asesinato de su hijo o hija.

El Departamento de Interior, por su parte, creará el Área Central de Violencias Sexuales y reforzará la atención policial especializada, y el de Educación, un nuevo modelo de educación sexual integral para implantar en los centros educativos catalanes el curso 2024-2025. Por último, el Govern hará un estudio jurídico para "limitar el fácil acceso de los menores de edad" a contenidos digitales pornográficos. En la mayoría de los casos, "les llegan sin pedirlo", aseguró la secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud, Núria Valls.