El 23-J la candidatura de Junts per Catalunya obtuvo 395.000 votos. El peor resultado desde que el partido se estrenara en noviembre 2017 rozando el millón de votos (948.233 papeletas) con Carles Puigdemont a la cabeza. Los electores premiaron entonces la proclamación de independencia y dieron por buenos sus argumentos para explicar la huida a Bruselas: mantener la "confrontación con el Estado" construyendo un "exilio catalán" en Bélgica. El pasado julio pasó lo contrario. Junts pagaba la estrategia de confrontación y su renuncia a espacios de poder institucional impuesta desde Waterloo.

Pero el resultado fueron 7 escaños que dieron al partido la llave de la investidura de Pedro Sánchez. Con la desaparición de Cs y el retroceso de Sumar, Junts es imprescindible para completar el bloque progresista en el Congreso. Y por si fuera poco, empata a siete diputados con su gran rival, ERC, que en las anteriores generales le había derrotado en su particular carrera con una ventaja de cinco escaños. El 23J las urnas le dieron a Junts un premio inesperado. Y Puigdemont se apresuró a olvidar sus vetos al "PSOE del 155" y sus promesas electorales para administrar en primera persona ese premio, poniéndose al frente de la negociación con los socialistas.

Protagonista de la investidura

Una decisión que ha convertido al líder moral de Junts en eje central de la política española. Las primeras semanas fueron de tanteo, con la negociación de la Mesa del Congreso como banco de pruebas para comprobar hasta qué punto era posible reconstruir los puentes rotos entre socialistas y ex convergentes. "Se han generado las confianzas necesarias para seguir negociando" reconocían fuentes de Junts tras ese primer acuerdo.

A partir de ahí, Puigdemont decide jugar a fondo la negociación de la investidura, y hacerlo convirtiéndose en protagonista único de un pacto que el PSOE tenía que negociar con seis fuerzas. No tiene ningún cargo orgánico, pero el partido le cede formalmente las riendas con el anuncio de una conferencia, en Bruselas, en la que fijará las condiciones de la investidura. Un día antes, Yolanda Díaz, confirma que el Gobierno está dispuesto a aceptarlo como interlocutor visitándolo públicamente en el Parlamento Europeo.

Una negociación de la que Puigdemont, y Jordi Turull, excluyen totalmente a Laura Borràs. La todavía presidenta del partido no participó en los encuentros con el PSOE, tampoco en la elección del mediador. Los intereses de Borràs y Puigdemont habían convergido un año antes cuando Junts debía decidir si rompía la coalición con Esquerra en la Generalitat. Pero la decisión de negociar la investidura de Sánchez fue un giro de 180 grados en la estrategia de confrontación que Borràs había abanderado junto a él.

Paralelamente, introduce al PP en su estrategia, advirtiendo a Pedro Sánchez que su única prioridad es la amnistía y no tendría problemas en negociarla con Alberto Núñez Feijóo. Previamente, Esteban González Pons había descongelado las relaciones PP-Junts en un almuerzo con Jordi Turull, y Feijóo entró en el juego, aunque solo fuera para afirmar que no estaba dispuesto a tragar con la amnistía.

El futuro: elecciones europeas ¿y autonómicas?

Tras cerrar el pacto que parecía imposible con el PSOE, la pregunta ahora es qué hará un Puigdemont libre de la persecución judicial y rehabilitado políticamente por el Gobierno. Quienes le conocen, admiradores y detractores, aseguran que su voluntad es revalidar su escaño en el Parlamento Europeo en las elecciones del próximo junio. Tambien sus rivales políticos comparten esta opinión. Con 61 años, el Europarlamento le ofrece una salida más plácida e intelectualmente satisfactoria, añaden.

Pero parece difícil que su partido acepte sumisamente que su mejor candidato no concurra a unas elecciones autonómicas que serán claves para recuperar el liderazgo del independentismo, con una Esquerra en declive que no consigue sacar réditos de la gestión de la Generalitat. De hecho, recientemente el propio Turull reconocía que Puigdemont sería el mejor candidato posible para Junts. En privado, los dirigentes de Junts reconocen la obviedad y apunta "él sabe que lo queremos" como candidato.

Aunque también reconocen sus reticencias. Puigdemont es el "president del 1-O y la declaración de independencia" no se presentará a unas elecciones para ser, en el mejor de los casos "un presidente autonómico" aseguran sus más fieles admiradores. Y eso contando con que fuera capaz de darle la vuelta a los sondeos. El último CEO de la Generalitat daba a Salvador Illa una ventaja de 20 escaños sobre Junts.

Un ex compañero de partido que le conoce bien añade que el líder moral de Junts "no piensa en términos de colectivo" y por tanto no será candidato a la Generalitat para “salvar” a un partido que en las últimas elecciones generales fue quinta fuerza en Cataluña. "No se presentará para perder ante Salvador Illa" apunta esta fuente.

Competición con Junqueras

Si una cosa ha quedado clara tras estos meses es que Puigdemont lo manda todo en su partido, en el que la toma de decisiones es cada vez más compleja. Hasta el punto de que las votaciones del Parlament no se deciden en el grupo parlamentario sino en la Ejecutiva, reconoce una fuente parlamentaria. Con Turull al frente de la secretaría general del partido Puigdemont ya recuperó buena parte del poder que le disputaba Jordi Sánchez, reconoce otra fuente de Junts. El control ahora es total.

El único factor que podría convencerlo de concurrir a las próximas elecciones autonómicas sería un nuevo duelo con Oriol Junqueras, apunta un ex compañero de filas. "Su amor propio le puede, si Junqueras es candidato puede tener la tentación".

En este contexto, las elecciones europeas serán un buen termómetro de la política catalana. Si gana el PSOE en Cataluña, el PSC tendrá interés por forzar las autonómicas. Si los socialistas catalanes sufren el castigo electoral de la amnistía y Esquerra confirma las malas previsiones, unos y otros estarán tentados de alargar la legislatura hasta principios de 2025, y no en otoño de 2024.

También será una prueba de resistencia para Puigdemont, que hace cinco años firmó una sonada victoria electoral sobre Junqueras en las europeas y consiguió tres escaños en el Parlamento de Estrasburgo con una candidatura por primera vez en solitario, sin el PNV. Los resultados del 23J, sin embargo, no permiten ser tan optimista. Con los 395.000 votos de las generales Puigdemont solo sacará un eurodiputado, su plaza.

Calendario del regreso

El calendario previsto para la tramitación de la Ley de amnistía, en todo caso, apunta a la entrada en vigor de la ley el próximo verano, pasadas las elecciones europeas. De modo que Puigdemont podría revalidar su escaño en Europa y posponer la decisión sobre una eventual candidatura en las autonómicas.

Una última reflexión: ¿Cómo será el regreso de Puigdemont a Cataluña? En el bando independentista propios y extraños fantasean con un regreso que coloque a Puigdemont a la altura de Josep Tarradellas, el president en el exilio franquista que representó para los catalanes la continuidad entre la legalidad republicana y la nueva democracia. Un mito que ha servido para sostener durante casi medio siglo que la legitimidad de las instituciones autonómicas es previa a la Constitución de 1978.

Pere Aragonès se apresuró a anunciar, en cuanto se desencalló el pacto para la Ley de amnistía, que recibiría a Puigdemont con todos los honores en el Palau de la Generalitat. Pero desde el entorno del líder moral de Junts ponen en cuarentena esa invitación y apuestan más bien por una recepción en el Parlament. Allí no podrá emular a Tarradellas, saliendo al balcón de la Plaza Sant Jaume. Pero la presidencia del Parlament es de Junts, y la ex alcaldesa de Vic Anna Erra no dudará en adoptar un papel de subordinada ante Puigdemont.

En el Palau de la Generalitat, por el contrario, correría el riesgo de convertirse en un "héroe del pasado" frente a quien ahora ostenta la presidencia de la Generalitat, una imagen más conveniente para Esquerra que para Junts.

Patrimonio político

No se puede olvidar que la clave de las negociaciones con el PSOE y esta nueva fase política es, para Puigdemont, no comprometer su patrimonio político como el "president del 1-O" y de la proclamación de independencia el 27 de octubre de 2017. Un patrimonio político condensado desde su fuga a Bélgica en una frase: "no surrender" (no nos rendiremos). Vista la oportunidad de conseguir una amnistía para el independentismo, Puigdemont se lanzó a fondo a las negociaciones, pero el relato de esa negociación siempre ha sido, en el caso de Junts, que no se trata de un perdón sino de una asunción de responsabilidades por parte del Estado.

En el relato de Puigdemont ha pesado más dejar claro que ha doblegado al Gobierno que la promesa de un referéndum. Tiene que hacer valer sus seis años de "exilio", argumentados desde la promesa de que la fuga emprendida en octubre de 2017 se hizo en pro de la causa independentista.

De hecho, así lo reafirmaba el propio Puigdemont al saludar este año 2023. "Estamos al final de la batalla en la justicia europea, y la libraré hasta el final porque soy consciente del valor político que tiene mantenerla y del daño que haría que la dejara porque personalmente me convenga más", advertía en respuesta a las especulaciones sobre un retorno amparado en la reforma del Código Penal pactada por Esquerra.

"No creo que la soluciones personales sirvan para resolver el conflicto de fondo" añadía. "Hemos dedicado cinco años a luchar contra un Estado haciendo de la batalla ante tribunales no españoles una forma de defender nuestros derechos al servicio del colectivo".

Fotos que valen una investidura

La reivindicación de ese patrimonio político personal pasaba también por su rehabilitación como actor de la política española. Por eso es tan importante para él la foto con Pedro Sánchez, como imprescindible fue en su momento la imagen de Yolanda Díaz visitándolo en Bruselas para dar el pistoletazo de salida a las auténticas negociaciones de investidura.

Ese encuentro, y el pacto para la Mesa del Congreso, reconstruyeron los puentes de diálogo y permitieron el pacto. Pero sin su rehabilitación política vía fotografía con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, es improbable que se hubiera llegado al pacto de investidura.

Fue su particular manera de dar carpetazo a la imagen que le ha perseguido durante seis años: la de su huida en el maletero de un coche tras proclamar la independencia un viernes y colgar imágenes de Girona el sábado para distraer a seguidores y contrarios. Él siempre ha negado que saliera de España escondido, igual que la acusación de haber dejado tirado a la mitad de su gobierno, que no conocía el plan de fuga.

El 31 de octubre de 2017 Puigdemont comparecía en Bruselas junto a los ex consejeros Joaquim Forn (PDeCAT), Meritxell Borràs (PDeCAT), Toni Comín (independiente), Dolors Bassa (ERC) y Meritxell Serret (ERC). El día antes, el Fiscal General había presentado la querella por rebelión, sedición y malversación contra todos los líderes del 1-O. Quienes se quedaron, Junqueras, Josep Rull o Carme Forcadell entre otros, aseguran que no fueron avisados de la fuga.

Puigdemont y su grupo respondieron que la huida se decidió en un encuentro secreto, el sábado anterior, al que no acudió esa parte del Govern. Fuentes independentistas explican que en ese encuentro se pactó viajar a Bruselas a dar una rueda de prensa sobre la declaración de independencia, pero los que volaron con Puigdemont no tenían intención de fugarse definitivamente de España. Por eso, días después Forn, Borràs y Bassa regresaron a España. Los dos primeros, junto a Junqueras, Forcadell, Sánchez, Rull, Turull, Raül Romeva y Jordi Cuixart cumplieron casi cuatro años de prisión.