Política fiscal, legislación sobre vivienda, inmigración y la recuperada amistad con el PNV. 2023 ha sido el año en que Carles Puigdemont recuperó el poder como actor de la política española. Pero también el año en que los herederos de Convergencia han vuelto al centro-derecha. Tras los años del procés, atenazados por sus pactos con ERC y la CUP, el partido ideado por Puigdemont ha dado un giro a su discurso, todavía tambaleante, acompañado por cambios de fondo en los contrapesos de poder interno del partido.

Tras la salida de Jordi Sánchez -ex de ICV- de la Secretaría General y la ruptura de la coalición con Esquerra en la Generalitat los outsiders de la política que se integraron en la primera lista de Puigdemont en 2017 han ido abandonando progresivamente los puestos de poder. El progresivo desplazamiento de Laura Borràs y sus fieles en la toma de decisiones del partido responde a esa dinámica, y el cerco a Aurora Madaula, secretaria de la Mesa del Parlament y una de las más fieles colaboradoras de Borràs, el ejemplo más evidente.

Paralelamente, el giro discursivo se impone en política económica -Junts vuelve a reclamar abiertamente rebajas fiscales y la desaparición del Impuesto de Patrimonio- y, sobre todo, de seguridad. Con el foco puesto también en la gestión de la inmigración.

El ejemplo más descarnado lo han dado este diciembre el grupo de alcaldes del Maresme (Barcelona) que reclaman la expulsión de los inmigrantes delincuentes multi-reincidentes. Un discurso que ha llevado a sus rivales a denunciar el acercamiento de Junts a las tesis de Aliança Catalana, el partido de Sílvia Orriols que ganó contra pronóstico las elecciones municipales en Ripoll, bastión de la Cataluña nacionalista que siempre había estado en manos de Convergencia.

Seguridad e inmigración

El detonante fue la alarma provocada en el municipio turístico de Calella por un grupo de una decena de migrantes ex tutelados que acumula más de 260 detenciones desde mayo. "Si no han venido a integrarse y a trabajar como hace la mayoría de la población, no tienen cabida en nuestra casa", espetó el alcalde de Junts, Marc Buch, secundado por los primeros ediles de su partido en la comarca.

La denuncia y petición de expulsiones fue secundada por el secretario general del partido, Jordi Turull, pese a las críticas desatadas desde ERC, PSC, Comunes y la CUP. "Es un llamamiento a la desesperada" argumentó Turull en RAC1, insistiendo en que "este es un país de derechos y deberes". Y el Govern tuvo que atender a ese llamamiento con una reunión de urgencia con el jefe de los mossos, Pere Ferrer, a la que siguió la detención de cuatro de los integrantes de la banda.

La denuncia de Calella no era un hecho aislado. Esa misma semana, en el Parlament, la diputada Jeannine Abella interpelaba a la consejera de Justicia y le exigía coordinación con Interior para batallar contra la multi-reincidencia, aunque en esa ocasión no mencionó la petición de expulsar a los inmigrantes multi-reincidentes. Y en el Congreso Marta Madrenas recriminaba al ministro Fernando Grande-Marlaska la distribución de los inmigrantes llegados a Canarias.

Madrenas denunció que Cataluña tiene el 23% de la inmigración del Estado, más de un millón de personas. "2000 personas enviadas a Cataluña, tres veces más que a Andalucía, cinco más que a Madrid o seis más que a Valencia". Una inquietud que no es nueva. El propio Puigdemont ya mencionó la cuestión de la inmigración como una de las reivindicaciones incluidas en su lista de exigencias para la negociación de la investidura.

Puigdemont marca la pauta

En su conferencia del pasado 5 de septiembre en Bruselas, el líder moral de Junts señaló que Cataluña tiene "la mayor tasa de inmigración de toda la península, el 16,2%, más de dos puntos por encima de la de Madrid, y carece de competencias ni recursos para gestionarla". No relacionó inmigración y seguridad, pero reclamó competencias y recursos para gestionar desde la Generalitat la llegada de inmigrantes.

Un cambio en el discurso de Junts que la propia Sílvia Orriols ha saludado desde las redes. "Me han señalado, difamado y hecho cordones sanitarios... Ahora me dan la razón" advertía recordando el intento de alianza de todos los partidos con representación en Ripoll para evitar que accediera a la alcaldía. Lo cierto es que el acuerdo no fraguó, finalmente, por la oposición de Junts, que ve con inquietud la proyección de Orriols en la Cataluña central, bastión histórico del nacionalismo conservador.

Vivienda, okupación y turismo

No es el único ámbito en el que ha cambiado el discurso de Junts. En materia de vivienda, el partido de Puigdemont ha pasado de firmar la ley que fijaba el tope a los alquileres -obra de Damià Calvet, ex dirigente de CDC, como consejero de Territorio- a recurrir ante el Tribunal Constitucional la traslación de esa regulación a la legislación estatal, que los propios independentistas habían pactado con el PSOE en la anterior legislatura.

También se ha endurecido el discurso del partido sobre la okupación, Xavier Trias, que pactó con los okupas de Gràcia o Can Vias cuando ocupaba la alcaldía de Barcelona, recriminaba en la campaña de 2023 la tolerancia de Ada Colau con las okupaciones. A principios de este año, el grupo de Junts en el Parlament sacaba adelante con el apoyo de ERC y PSC una propuesta para acelerar los desalojos de los "okupas conflictivos" que provocó las iras de Comunes y la CUP.

El último paso, en este ámbito, ha sido la oposición de Junts al Decreto de pisos turísticos de la Generalitat, que fijaba un máximo de viviendas de uso turístico por municipio que ponía en jaque a la industria turística. La medida ideada por ERC hubiera supuesto el cierre de un tercio de los pisos turísticos en Cataluña. En la tramitación parlamentaria del decreto -aprobado, tras su reforma, con los votos del PSC- Joan Canadell criticó un texto que a su juicio no resuelve el problema de la vivienda y "pone en riesgo la actividad económica" de los municipios que viven del turismo, además de afectar a la autonomía local.