"Junts defiende que las empresas que regresen (a Cataluña) tengan incentivos fiscales y las que no, sean sancionadas". Lo advirtió el portavoz de JxCat, Josep Rius, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la ejecutiva del partido y lo ha reiterado hoy ante los micrófonos de TVE y la Ser. A pesar de que la medida despierta serias dudas en una parte del partido. Tampoco cuenta con el apoyo de ERC. El Govern ha descartado este martes tanto las sanciones como la posibilidad de ofrecer incentivos fiscales al regreso.

Respecto a las sanciones, el ex president Artur Mas ha sido el primero en expresar sus dudas en público. Pese a que no forma parte de la dirección de Junts, Mas es una voz más que autorizada en el entorno ex convergente y expresa unas dudas que reconocen con mucha mayor contundencia fuentes internas de la dirección.

"Es una locura" advierte un miembro del partido, representante del sector pragmático de Junts. Otras fuentes apuntan que la portada de La Vanguardia, que hoy centra en este punto las exigencias de los de Carles Puigdemont, "es estirar un titular" y advierten que el problema está en diversos elementos y, sobre todo, de la pretensión del PSOE de imponer su Decreto ómnibus "sin negociar". "Es un problema de fondo y de formas" repetía anoche el secretario general del partido, Jordi Turull.

Turull no mencionó este punto en la entrevista concedida anoche a TV3, en la que sí se explayó sobre las consecuencias de la reforma del artículo 43 de la Ley de enjuiciamiento civil para la aplicación de la Ley de amnistía o la "infrafinanciación" de la Generalitat que "cronifican" las medidas incluidas por el Gobierno en esos decretos.

En esta línea, desde el partido apuntan también al reparto de los fondos para la digitalización de la Justicia, que destina un 10% a Cataluña, cuando Junts exige un 16%. También reclaman una rebaja del IVA en el aceite similar a la aplicada ya en alimentos básicos, o mantener la rebaja del IVA en las facturas del gas y la electricidad. Pero Rius se ha ratificado este martes, punto por punto, en lo expresado un día antes sobre las sanciones a empresas.

Oposición del Govern

La propuesta de Junts tampoco cuenta con el apoyo de la Generalitat. La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha dejado claro que este tipo de medidas "no está sobre la mesa". Plaja ha rechazado la posibilidad de ofrecer incentivos al retorno, como ha defendido en los últimos años la patronal Foment del Treball, y recoge el pacto PSOE-Junts, porque "sería una penalización para las que se quedaron, que fueron la mayoría".

"Lo otro" ha añadido la portavoz del Govern, que ha evitado en todo momento hablar de sanciones a empresas, "no está sobre la mesa, no se ha contemplado". Plaja ha recordado, eso sí, que "es una anomalía" que una empresa no tenga su sede donde están sus activos.

La portavoz ha rechazado también la prevenciones de Junts sobre las consecuencias de los decretos del Gobierno sobre la aplicación de la Ley de amnistía, asegurando que los textos han sido revisados al detalle por los servicios jurídicos de la Generalitat.

Fuga de empresas

"Es inaudito que el decreto que aprobó el PP siga en vigor cuando lo único que buscaba era perjudicar a la economía catalana" ha defendido el portavoz de Junts, hombre de la máxima confianza de Puigdemont, este martes. Rius defiende además que el centro de su propuesta, ya incluido en el pacto de investidura, es "incentivar" el retorno de las empresas que trasladaron su sede social tras el 1-O y la declaración unilateral de independencia.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en octubre de 2017 un de real decreto de medidas urgentes para facilitar que las empresas pudieran trasladar su sede social entre comunidades autónomas. El decreto, que modificó la Ley de sociedades cotizada de 2015, permite que sea el consejo de administración de las compañías quien decida el cambio de sede sin necesidad de convocar a la junta de accionistas como ocurría hasta ahora.

Era el decreto que esperaba Caixabank para trasladar sus sede tras la declaración de independencia. Una medida que un día antes había adoptado Banc de Sabadell, que había reformado sus estatutos a este efecto. El independentismo siempre ha atribuido esas salidas a presiones tanto del Gobierno como del propio Felipe VI.

El procés independentista ha provocado la salida de 8.000 empresas de Cataluña en el último lustro. Las empresas que han trasladado su sede social a otras regiones, como Caixabank, Sabadell o Naturgy, suman una facturación de 50.500 millones de euros al año, una quinta parte del PIB catalán.

No al decreto ómnibus

El independentismo ha pasado de negar esa fuga de empresas ha culpar de llo al Rey y, finalmente, incluir en el pacto con el PSOE medidas fiscales para revertir esa huida. Pero Junts, a través de su portavoz, argumenta también que las normas deben incorporar "sanciones" para que se cumplan. Y ahí es donde entra la división en el seno de su partido. La medida tiene difícil implementación en términos jurídicos, advierten las fuentes contrarias a penalizar a las empresas. Y "está destinada al fracaso" añaden otros.

"Estoy convencido de que Junts no condiciona los decretos" que el Congreso debe validar este miércoles "a sancionar a las empresas" ha defendido Artur Mas en TVE-Cataluña. El ex president ha ido más allá, advirtiendo que "conceptualmente" no le gusta una medida que implica castigar a las firmas que adoptaron una decisión de cambio de sede perfectamente amparada en el marco legal. "Me extraña que se plantee en estos términos" añadía Mas, pese a reconocer que no conoce el detalle de las negociaciones entre Junts y el PSOE.

El rechazo a la propuesta de sancionar a las empresas no implica, sin embargo, que el partido de Puigdemont cuestione la negativa a apoyar los decretos ómnibus del Gobierno. El sentir general es que el partido debe fijar en esta primera votación en el Congreso una posición firme para marcar la pauta de la legislatura. "Es un toque de atención, Junts no pretende cargárselo todo, pretende que las cosas se hagan bien desde el principio" apuntaba Mas este martes.