Junts ha fijado en el retorno de las empresas que huyeron de Cataluña tras el 1-O su nuevo objetivo en las negociaciones con el PSOE, y en la votación de los tres decretos del Gobierno este miércoles en el Congreso el termómetro de su influencia en el nuevo ejecutivo. Lo ha hecho subiendo el listón de sus exigencias hasta reclamar sanciones para aquellas empresas que no atiendan por las buenas a la invitación que ya se incluyó en el pacto de investidura de Pedro Sánchez, que hablaba de un plan de retorno con incentivos fiscales.

El Gobierno ha visto en esa exigencia un terreno de juego en el que explorar acuerdos con los de Puigdemont, aunque reniega de las sanciones, para salvar unos decretos que incluyen la prolongación del "escudo social" y las reformas pactadas con Bruselas para recibir el siguiente paquete de ayudas europeas, 10.000 millones de euros. Pero este terreno de juego puede abrirle un nuevo flanco al PSOE en la mayoría de la investidura: Esquerra.

El Govern ha dejado claro que no solo rechaza las sanciones, que despiertan dudas también en seno de Junts y el rechazo frontal de la CEOE y Foment del Treball, sino también los incentivos fiscales. "No daremos incentivos fiscales a las empresas que se fueron porque sería una penalización para las que se quedaron" advertía este martes la portavoz del Govern, Patricia Plaja.

En petit comité, miembros del ejecutivo catalán van más allá e ironizan con la pretensión de Junts de multar a las empresas díscolas: "¿Han olvidado que estamos en un sistema que se llama capitalismo?" apuntan para señalar lo impracticable de la pretensión de sus ex socios independentistas. Desde el Govern advierten además que la tensión entre Junts y PSOE no puede poner en cuestión la votación de la Ley de amnistía, que este miércoles debe superar las enmiendas a la totalidad de PP y Vox gracias a los votos socialistas.

"El PSOE ha quemado las naves" en su compromiso con la amnistía, apuntan desde el Palau confiando en que no se producirá un movimiento en este sentido. Y dejan claro que la tensión de socialistas y Junts no les atañe. "Ahora entenderán lo que significa" una alianza con el partido de Puigdemont añaden exhibiendo su nuevo papel de socio fiable del PSOE. En juego no está solo la Ley de amnistía, también el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a la Generalitat, que ERC incluyó en la negociación de la investidura y se anunció en la entrevista de Pedro Sánchez y Pere Aragonès del pasado diciembre.

Puigdemont tensa la cuerda

La animadversión entre los dos ex socios, que en unos meses volverán a competir por el liderazgo del bloque independentista catalán, es bidireccional, como deja claro Carles Puigdemont en su última publicación en X, antigua twitter. "Ni zanahorias ni chantajes" advertía el líder moral de Junts, criticando el "pressing a Junts, también desde el Govern" para que apoye los decretos del Gobierno.

Mientras, el portavoz del partido, Josep Rius, recorría este martes los medios de comunicación para reafirmar la exigencia de sanciones a las empresas que no regresen a Cataluña, pese a que la idea siembra dudas incluso en el seno de su partido. "Nosotros somos un partido de obediencia catalana" advierte para dejar claro que no se sienten interpelados por los perjuicios de la no aprobación del decreto ómnibus, "y queremos que las empresas que tienen la actividad en Cataluña tengan su sede social en Cataluña".

Una tesis que se ha encontrado con el rechazo frontal de Foment. La patronal catalana ha emitido una nota para dejar claro que "rechaza que el regreso de las empresas deba basarse en sanciones o incentivos a las compañías" y señala directamente a las propuestas de Junts para dejar claro que están en contra de que "las empresas que vuelvan o aquellas que mantuvieron su sede en Cataluña se puedan beneficiar de incentivos fiscales".

Casi 9000 empresas

Desde el estallido del procés con el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia casi 9.000 empresas han trasladado su sede fuera de Cataluña, según los datos de la Cámara de Registradores del pasado mes de noviembre. Desde la entidad advierten que se trata de un dato registral, que no discrimina los motivos de ese traslado. Pero se trata de un movimiento de empresas que no se había dado antes.

El independentismo atribuye esos traslados al real decreto de medidas urgentes aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en octubre de 2017 para facilitar que las empresas pudieran trasladar su sede social entre comunidades autónomas. El decreto, que modificó la Ley de sociedades cotizada de 2015, permite que sea el consejo de administración de las compañías quien decida el cambio de sede sin necesidad de convocar a la junta de accionistas.

Era el decreto que esperaba Caixabank para trasladar sus sede tras la declaración de independencia. Una medida que un día antes había adoptado Banc de Sabadell, que había reformado sus estatutos a este efecto. Otras grandes empresas como Naturgy, Abertis, Applus+ o Colonial. Entre las que se quedaron, Planeta, Freixenet o Mango, cuyos líderes se habían distinguido por la neutralidad u oposición al procés. Pese a ello, el independentismo siempre ha atribuido esas salidas a presiones tanto del Gobierno como del propio Felipe VI.

Foment del Treball mantiene la tesis de que la normalidad institucional y la creación de un clima económico favorable "son el contexto necesario para favorecer el retorno de aquellas empresas que se marcharon si es que lo consideran necesario".