El nombramiento del presidente de Agbar, Ángel Simón, como CEO de CriteriaCaixa ha alimentado las esperanzas del independentismo en el retorno de CaixaBank o alguna de las empresas que forman parte de su conglomerado a Cataluña. No en vano Simón ha protagonizado el único retorno de una de las grandes empresas que huyeron de Cataluña tras el referéndun ilegal del 1-O, al frente de Agbar.

El Consejo de Administración de CriteriaCaixa acordó este jueves proponer la renovación del actual presidente, Isidro Fainé, de 81 años, durante los próximos cuatro años, y nombrar a Simón nuevo consejero delegado del holding. "Podría facilitar el regreso de la Caixa" apuntaba una fuente del entorno independentista visiblemente satisfecho por el nombramiento, aunque Simón nunca ha exhibido veleidades independentistas, como sí hicieron los hermanos Grífols en su momento.

El optimismo, en este caso, viene amparado por el retorno de Agbar a Cataluña once meses después de abandonar Barcelona el 7 de octubre de 2017. Agbar aseguró entonces que su marcha era temporal y explicó que el paso respondía a la necesidad de "preservar la seguridad jurídica de los inversionistas y la protección de los intereses de los trabajadores, clientes y proveedores". El rechazo a una posible declaración de independencia se decidió en un consejo extraordinario celebrado en París, en la sede de Suez, propietaria de Agbar.

Agbar, un caso extraordinario

Otras fuentes, sin embargo, descartan cualquier incidencia de Simón en un eventual traslado, que ven muy improbable. Recuerdan que Agbar ni cotiza ni tiene dependencia de los mercados internacionales. El retorno de Agbar a Barcelona tenía una clara explicación en clave económica: el concurso para la gestión del agua de Barcelona, un negocio de 400 millones de euros, para el que la catalanidad de la compañía era una baza a favor irrenunciable frente a los anuncios de la entonces alcaldesa, Ada Colau, de re-municipalizar la gestión del agua.

Por contra, en el caso de los dos grandes bancos catalanes que abandonaron la comunidad, CaixaBank y Sabadell, el 1-O supuso la pérdida de 6.000 millones de depósitos de manera efectiva y otros 35.000 millones derivados a cuentas espejo. No parece probable que se arriesguen a volver con un presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que esta semana volvía a insistir en el Parlament que este año debe empezar la negociación de un nuevo referéndum de independencia con el PSOE.

Retorno de empresas

Pese a esos anuncios, que repiten desde Junts, el independentismo ha pasado de negar la huida de empresas por la amenaza de una proclamación de independencia a acusar de la desbandada al Gobierno de Mariano Rajoy y a Felipe VI, a los que atribuyeron amenazas a la ejecutiva de Seat para que trasladara su sede social a Madrid, para exigir ahora medidas de apoyo al retorno.

El regreso de las empresas que huyeron se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de Junts, convenientemente trasladado a las negociaciones con el PSOE. Uno de los puntos del pacto rubricado por los Carles Puigdemont para apoyar el decreto ómnibus que los socialistas llevaron a votación en el primer pleno de la legislatura fue implementar medidas para favorecer el retorno de empresas a Cataluña.

Incluidas las sanciones económicas. "Lo que proponemos es incentivar el retorno de estas empresas, que puedan volver con unos beneficios fiscales, y las que no lo hagan pero tengan una mayor actividad en Cataluña, sean sancionadas", anunciaba el portavoz de Junts, Josep Rius, horas antes de celebrarse el "super-pleno" de enero. 

De hecho, esta cuestión ya se planteó en la negociación de la investidura, pero entonces se impuso la amnistía como objetivo prioritario. Tras la votación de los decretos, el Gobierno matizó el acuerdo asegurando que en ningún caso se pondrá en riesgo la seguridad jurídica.

Salida de 9.000 empresas

En los últimos años, unas 9.000 empresas han sacado su sede social de Cataluña según los datos del Colegio de Registradores. Entre las compañías que emprendieron la fuga por el procés figuran algunas de las principales empresas y entidades del país, como CaixaBank, la Fundación ‘La Caixa’, Banco Sabadell o Naturgy, que trasladaron sus sedes a Valencia, Palma de Mallorca, Alicante y Madrid, respectivamente. Su marcha, además de un varapalo a las tesis independentistas, supuso un mazazo a la economía catalana.

Pero también salieron otras empresas de gran dimensión como Abertis, SegurCaixa, VidaCaixa, Applus+, Cellnex, Colonial, Catalana Occidente, Cementos Molins, Codorniu, Hotusa, o Grupo Planeta, entre otras, además de firmas extranjeras como Bimbo, Allianz, Axa o Zurich.