La sequía que afronta Cataluña dejará efectos altamente perjudiciales en los sectores de la industria, la agricultura y el turismo, que desencadenarán en una caída del 30% en la producción de cava y vino en la región.

Este jueves Cataluña decretaba la emergencia por sequía para 239 municipios, que supondrá el inicio de las restricciones más severas nunca antes vistas y que cambiarán la vida de seis millones de personas que viven en el área metropolitana de Barcelona y en gran parte de la provincia de Girona.

La agencia de calificación Moody's ha reaccionado a dicha emergencia a través de una nota, en la que se refiere también a la situación de Murcia y Andalucía, donde alerta sobre el aumento en "los costes de gestión del agua". "También perjudicarán a los principales motores económicos de la autonomía, la agricultura y la industria, reduciendo los ingresos. Si el problema persiste, esperamos que también limiten el consumo de agua urbano y doméstico, lo que podría reducir los ingresos del turismo", alerta Moody's.

Con todo, "las inversiones en infraestructura del gobierno central y los fondos de la UE, así como la cobertura de seguros, mitigarán en parte los costes relacionados con la sequía" para los ejecutivos autonómicos.

La agencia de medición de riesgo sostiene que la producción de vino y cava en Cataluña puede caer en un 30 % con relación a los dos ejercicios anteriores, cuando ya se registraron cosechas peores con relación a otros años.

Destaca, además, cómo la industria (15,3 %) y el turismo (12 %) son los dos principales sectores productivos de la comunidad, en ambos casos con un peso relativo superior que en el conjunto de España (11,4 % y 11,6 %).

Dos sectores que, indica, "también requieren grandes volúmenes de agua para funcionar eficazmente".

Moody's resalta que la administración catalana ha destinado desde el 2017 un 1,5 % de su presupuesto a infraestructuras relacionadas con el agua (774 millones en 2023).

Entre las inversiones acometidas se cuentan, por ejemplo, aquellas relacionadas con el incremento de producción de agua desalada. Si bien estas son medidas "son parte de una estrategia a largo plazo, requieren de apoyo político y conllevan elevados costes financieros".