Comunicadores como Jordi Évole, Mónica Terribas o Andreu Buenafuente, cantantes como Lluís Llach o Gerard Quintana, actores como Enric Majó o Ana Polo, el doctor Bonaventura Clotet, o el director Oriol Broggi se han unido bajo el lema "Protestar no es terrorismo" para cuestionar la instrucción del caso Tsunami Democràtic que lleva a cabo la Audiencia Nacional, con acusaciones de terrorismo contra el líder de Junts, Carles Puigdemont, la número dos de ERC, Marta Rovira, o el diputado republicano Ruben Wagensberg, entre otros.

La protesta, escenificada este lunes, es una iniciativa de Ómnium Cultural a la que se ha sumado más de un centenar de entidades entre las que destacan los sindicatos CC.OO. y UGT, además de la ANC y la Asociación de Municipios por la Independencia, el Sindicato de Arrendatarios, la entidad Iridia o el Sindicato Top Manta. Todos ellos han secundado un manifiesto en el que cuestionan la instrucción del magistrado Manuel García Castellón.

Le acusan, sin mencionarlo en el manifiesto, de utilizar la justicia para erosionar al Gobierno de Pedro Sánchez y dinamitar la aprobación de la Ley de amnistía al independentismo catalán con la instrucción de Tsunami Democràtic. Aunque en el vídeo producido para publicitar la denuncia en redes sí aparece el magistrado, con nombres y apellidos, como máximo responsable de lo que tachan de abuso del poder judicial.

Injerencia judicial

"La decisión de la Audiència Nacional" de investigar por terrorismo a representantes políticos, periodistas y membres de la societat civil, "en el context actual, muestra una clara intención de desgastar el Gobierno y a la mayoría parlamentaria en la tramitación de la Ley de Amnistía". Un hecho, añade el texto, que supone "una injerencia del poder judicial sobre el legislativo y debilita la democracia y la voluntad de la ciutadania que se expresó con su voto el pasado 23 de julio".

El manifiesto defiende que las movilizaciones vehiculadas a través de Tsunami Democràtic "pedían diálogo bajo el lema 'sit and talk' y se enmarcaban en la acción no violenta". Algo que "forma parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta" añaden, "protegido por el derecho internacional de los derechos humanos".

Por tanto, advierten, la investigació que llevan a cabo "la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra Tsunami Democràtic" supone un "ataque directo al ejercicio de derechos fundamentales, especialmente del derecho de manifestación y libertad de expresión y a la libertad de información". La investigación es para los firmantes un "nuevo ejemplo de la aplicación extensiva del Código Penal en la criminalización de la protesta".

Efecto disuasorio

El manifiesto ve en la investigación de García Castellón una voluntad disuasoria para "silenciar a la disidencia política" por la vía de "criminalizar la protesta". Una actuación "de carácter autoritario que restringe el espacio de la sociedad civil y pone en peligro los principios democráticos" añaden.

Una criminalización que a su juicio afecta a "todo tipo de colectivos y organizaciones" ya sean de carácter sindical, feminista, ecologista, independentista, anti-racista o cualquier otro. Por ello, "exigen que se retiren las acusaciones de terrorismo" así como la adopción de las "medidas necesarias para frenar el uso de la justicia en una nueva persecución política contra las movilizaciones sociales".