La amnistía ha sido la gota que ha colmado el vaso pero la incomodidad viene de lejos ante una justicia y administración general cada vez más amenazada por la falta de independencia respecto al poder ejecutivo. Ha sido el mensaje repetido por los representantes de jueces, fiscales y diferentes cuerpos de funcionarios que este miércoles han anunciado en Barcelona la creación de un comité de coordinación "en defensa de los valores constitucionales". "Hoy damos el pistoletazo de salida", ha anunciado la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, advirtiendo que las asociaciones adheridas al manifiesto "representan a 5.500" jueces, fiscales y funcionarios de otros cuerpos.

Junto a los fiscales, firman el manifiesto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Abogados del Estado, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y Asociación Secretarios y los Interventores y Tesoreros de la Administración Local.

Los firmantes

Se presentan como "representantes de cuerpos de funcionarios del Estado y la Administración Local, jueces y fiscales, y profesionales del derecho" y anuncian la creación de un comité de coordinación para defender los "valores constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y separación de poderes, así como la independencia de los cuerpos profesionales".

No es solo la amnitía, ha lamentado Dexeus, que ha denunciado la "colonización de las instituciones" y la "falta de respeto al poner en duda su imparcialidad". Como ejemplo, la presidenta de las AF ha destacado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general o las declaraciones previas de Pedro Sánchez: "de quién depende la Fiscalía".

Comportamientos que a su juicio suponen "rebajas en los estándares internacionales y en los valores y principios constitucionalmente reconocidos como la neutralidad e independencia" no solo de la justicia, sino de toda la administración del Estado.

Enemigos del Gobierno

"Han colocado a los jueces y fiscales como enemigos del Gobierno" lamentaba por su parte Pablo Baró, portavoz en Cataluña de la APM. Baró ha lamentado también que ERC pidiera este martes la comparecencia de jueces y fiscales en la Comisión de investigación sobre la "operación Cataluña" creada en el Congreso. "Es un mensaje para los jueces que quieran plantear una cuestión prejudicial" ante la aplicación de la amnistía.

El magistrado ha advertido, además, que "toda la maquinaria mediática se va a dedicar a publicar datos personales" de los magistrados implicados en esos procesos, "como ocurrió con Pablo Llarena" instructor del procés, "que acabó con escolta. En el fondo son intentos de amedrentar al poder judicial que lo único que hace es limitar a los otros dos poderes".

"Existe colectivo atacado de forma directa: los jueces, magistrados y fiscales. Esto es inaceptable porque conculca el estado de derecho" ha coincidido Mónica González, portavoz de los letrados de la Seguridad Social, que ha denunciado otra amenaza "gravísima" la ruptura de la unidad de caja, con el previsto traspaso de la Seguridad Social al País Vasco.

"No es anecdótico porque puede ser el principio del fin del estado social. Por eso hay que posicionarse y lo hacemos como funcionarios públicos" ha añadido, defendiendo su independencia del poder político.