El presidente del Parlament, Josep Rull, está decidido a permitir el voto de los diputados Carles Puigdemont, Lluís Puig y Rubén Wagensberg, pese a que el Tribunal Constitucional ya ha declarado inválido el voto de Puig durante la pasada legislatura. Rull argumenta que "no tiene sentido que el poder judicial" decida quién vota en el Parlament, y escenificará su voluntad de validar el voto delegado de los diputados independentistas con una tournée que esta semana le llevará a Bélgica, Suiza y Francia.

El próximo jueves, completada la primera ronda de contactos con los líderes de los grupos parlamentarios sobre la investidura del próximo presidente catalán, Rull viajará a Bruselas, donde se reunirá con Puigdemont. Al día siguiente viajará a Ginebra, para hacer lo propio con el republicano Wagensberg, y el sábado será el turno de Puig, con quien se encontrará en Prats de Molló, junto a la frontera entre Francia y España.

Vocación de mártir

El propio Rull anunció la gira este martes, en declaraciones a La 2 y Radio 4, al tiempo que argumentaba la necesidad de que el Parlament "se defienda" cuando "la justifica interfiere" en su funcionamiento. El presidente del Parlament, que fue uno de los condenados a prisión por el Tribunal Supremo por su participación en la organización del 1-O, aseguró que "no tengo vocación de mártir" ante la perspectiva de que la desobediencia al Tribunal Constitucional le lleve de nuevo a prisión. Pero se declaró "abierto a todas las circunstancias" porque a su juicio "no nos puede dominar el miedo a la prisión".

Aún así, Rull todavía no ha desobedecido al Constitucional en este terreno. Quienes tomaron esa decisión fueron los miembros de la Mesa de Edad que presidió el pleno de constitución del Parlament y la votación para la elección de la Mesa. Fue el también diputado de Junts Agustí Colominas quien el pasado 10 de junio decidió contar como válidos los votos de Puigdemont y Puig, pese a la sentencia en contra del TC.

Lo hizo con el apoyo de la republicana Mar Besses, en contra del criterio de Júlia Calvet, diputada de Vox que completaba esa Mesa de Edad. Una decisión que ya ha recurrido el PP, en una petición de amparo ante el TC. Los populares tachaban de "palmariamente inconstitucional" la decisión de la Mesa, que considera un "frontal desacato" a los mandatos del Tribunal Constitucional.

Apenas una semana antes de la sesión plenaria, el Constitucional anuló el voto a distancia del propio Puig tras admitir un recurso del PSC de la anterior legislatura. El TC señalaba que su ausencia en la Cámara catalana no se debía a una incapacidad prolongada -como es el caso de Wagensberg- sino a que "voluntariamente ha decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española".

Bajo la lupa del Constitucional

Este martes el Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo parlamentario del PP, pero rechazó anular la votación, como reclamaban los populares. El TC decidió no adoptar medida cautelarísima de suspensión del acuerdo, con el voto en contra los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.

En lo que sí han coincidido los magistrados es en la admisión del amparo solicitado por el PP por la "especial trascendencia constitucional" de la cuestión planteada y por tratarse de un asunto que trasciende del caso concreto y que "pudiera tener unas consecuencias políticas generales". Tras recordar su reiterada doctrina que aprecia una vulneración del derecho de representación política "cuando se autoriza el voto delegado a diputados que se han puesto voluntariamente al margen de la Justicia española", la mayoría del Pleno ha rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas porque "los dos votos delegados no fueron determinantes del resultado de las votaciones celebradas el pasado 10 de junio".

En contra del criterio de sus compañeros, Arnaldo y Espejel defienden que "ante las inmediatas convocatorias del Pleno del Parlamento de Cataluña" para la sesión de investidura, el TC debería haber requerido al presidente de la Mesa, Josep Rull, y sus integrantes "que no autoricen la emisión de votos por delegación" por parte de Puigdemont y Puig en aplicación de la doctrina del propio tribunal en este sentido, plasmada hasta en seis resoluciones, la última hace apenas unos días.