El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha saludado la decisión de la Audiencia Nacional contra la instrucción de la causa de Tsunami Democràtic como una muestra de la "insolvencia" del juez Manuel García Castellón. Ha evitado, sin embargo, comentar las consecuencias de esta decisión, que invalida la acusación contra Carles Puigdemont. El líder de Junts sigue sosteniendo que regresará a España cuando se vote la investidura del próximo president catalán, pese a la amenaza de ser detenido.

Esquerra, por su parte, se ha felicitado por la decisión de la AN a instancias de la republicana Marta Molina, apuntando también a las motivaciones políticas del instructor de Tsunami Democràtic. La prórroga de la instrucción "es solo una de les irregularidades cometidas por García Castellón en este caso, con clara intencionalidad política", denuncia ERC en un comunicado. El partido destaca además que esto supone la exoneración de su secretaria general, Marta Rovira, y el diputado Ruben Wagensberg.

Regreso de Puigdemont

También la de Puigdemont. Hasta ahora pesaban sobre él dos causas, la del referéndum del 1-O, después de que el Tribunal Supremo rechazar aplicar la amnistía a los líderes independentistas acusados de malversación, y la de Tsunami Democràtic. Una causa en la que están implicados los nombres clave de la negociación para la investidura catalana, Puigdemont y Marta Rovira.

Pero Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha declarado este lunes la invalidez de toda la investigación de Tsunami Democràtic después del 29 de julio de 2021, lo que de facto deja en el aire toda la causa y, especialmente, la parte que afecta a Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg, que no fueron imputado hasta 2023. El juez firmó a destiempo la prórroga de la causa y esto invalida todo lo que vino después.

"És el colofón del delirio y la insolvencia de este juez y de esta causa de persecución contra el independentismo por parte de la 'Toga Nostra'" ha denunciado Turull en su perfil de X, aludiendo al apelativo con el que Puigdemont se refiere a la judicatura española desde que el Supremo le negó la amnistía. Un apelativo que se ha extendido a toda la cúpula de Junts.

Recurso contra Llarena

Paralelamente, Puigdemont ha presentado este lunes recurso contra la decisión del instructor del 1-O, Pablo Llarena, de no aplicarle la Ley de amnistía. Una decisión que el escrito presentado por la defensa de Puigdemont, que dirige Gonzalo Boye, tacha de "absurda, arbitraría, ilógica e irracional". El escrito acusa al magistrado del Supremo de realizar "una grotesca interpretación de la norma", con la que mantiene su "parcialidad".

El juez Llarena aplicó el mismo criterio asumido por la Sala Penal del Supremo sobre los condenados por el 1-O y resolvió que no aplicaba la amnistía ni a Puigdemont ni a los ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig al asegurar que obtuvieron un enriquecimiento patrimonial con la organización del 1-O. Se mantiene así vigente la orden de detención contra Puigdemont, lo que complica su intención de participar en el próximo debate de investidura, que debe celebrarse como muy tarde el 26 de agosto.