Gobierno y Generalitat ha cerrado este lunes el acuerdo que explicita el coste de los traspasos de becas y servicio de cercanías, además de "blindar" los 150 millones de euros anuales destinados a investigación. En total "supondrán unos ingresos de 1.520 mill euros para próximos tres años" ha destacado la consejera de Economia, Natalia Mas. Los acuerdos cerrados en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat (CMAEF) suponen además unos ingresos recurrentes 442 millones euros a partir de 2007.

Se trata de parte del cumplimiento de los acuerdos cerrados por PSOE y ERC a cambio del apoyo de los republicanos a la investidura de Pedro Sánchez. Tanto Mas como la consejera de Territorio, Ester Capella, ha reconocido que este acuerdo supone un paso adelante en la negociación para la investidura del socialista Salvador Illa "pero no suficiente". "Necesitamos garantías de cumplimiento y en esto estamos avanzado" ha apuntado Mas quien ha recordado que como Govern "nos toca blindar administrativamente los acuerdos ya cerrados".

Lo pactado este martes supone "una corrección en la infra financiación que sufrimos, corrección pequeña pero en un ámbito importante" ha apuntado la titular de Economía, que ha recordado además que el Govern ya "blindó" en la anterior reunión de la CMAEF la "financiación a futuro" de los Mossos d'Esquadra, con un importe de 1.600 millones de euros hasta 2030.

Financiar Rodalies

La parte del león se la llevan las inversiones en el servicio de Rodalies de Renfe, cuyo traspaso empezará a hacerse realidad el próximo 1 de enero. El acuerdo cerrado este lunes. La Generalitat recibirá por la gestión de este servicio ferroviario 1.058 millones de euros en los próximos 3 años. A los que se sumará traspaso anual de 300 millones de euros a partir de 2027.

Esta partida se concreta en 191,5 millones de euros correspondientes al Plan Acción de mejora de la infraestructura y 850,3 millones de euros correspondientes al déficit explotación, ha relatado Capella. La consejera ha advertido, además, que la Generalitat recibirá la partida correspondiente al coste del servicio para pagar a la operadora "que ahora es Renfe, pero en el futuro será Ferrocarrils de la Generalitat" en el caso de la R1, la primera línea que será traspasada.

El anuncio de este acuerdo se ha producido el mismo día en que Esquerra lanzaba un ultimátum al PSC sobre las negociaciones para la investidura de Salvador Illa. Los negociadores de ERC, encabezados por Marta Rovira, han lanzado este lunes un ultimátum a los socialistas advirtiendo que sólo habrá investidura si se alcanza un acuerdo sobre un modelo de financiación autonómica exclusivo para Cataluña. En un artículo publicado en La Vanguardia los republicanos advierten de que "sin un paso adelante claro y decisivo hacia la soberanía fiscal no habrá ningún acuerdo de investidura posible".

Ultimátum de ERC

Recuerdan además que "quedan menos de dos semanas para el plazo que hemos fijado" e insisten en que, si no hay acuerdo en ese plazo "nos levantaremos de la mesa y les invitaremos a buscar las mayorías alternativas". Cataluña, argumentan, "no merece unas nuevas elecciones, pero tampoco un Govern que le dé la espalda".

Los republicanos descartan además la propuesta defendida hasta ahora por los socialistas, la creación de consorcio tributario que ya contempla el Estatut. Algo que ven como "una operación de maquillaje para que todo continúe igual". Rechazan también las "promesas de financiación que nunca acaban de concretarse" y exigen un "cambio de modelo de financiación estructural, permanente e irreversible".

En este contexto, recuerdan además los "acuerdos que quedan por cumplir", derivados del pacto de investidura de Pedro Sánchez, para "estar en disposición de alcanzar un buen acuerdo para el país". Y concluyen que una financiación fuera del régimen común es hoy por hoy el paso más importante que puede dar el independentismo hacia la "plena soberanía fiscal, basada en la relación bilateral con el Estado". En resumen, un sistema que permita la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos y contemple abonar al Estado los servicios que realmente presta en Cataluña y atienda a la solidaridad necesaria con el resto de los territorios.