El pacto PSC-ERC cede la gestión de los impuestos, el blindaje del catalán y la red de embajadas

El preacuerdo de investidura alcanzado por PSC y ERC para investir a Salvador Illa establece el traspaso a la Generalitat de la "gestión, recaudación, liquidación e inspección" de "todos los impuestos soportados en Cataluña" y que "aumente sustancialmente la capacidad normativa" del gobierno autonómico, en coordinación con el Estado y la Unión Europea. Es el párrafo que sustenta el sí de Esquerra al pacto con el PSC, pero no la única cesión socialista. El acuerdo establece también el blindaje del catalán en la escuela, la entrada de la Generalitat en la gestión del aeropuerto de El Prat o la defensa de las selecciones deportivas catalanas.

En materia económica el pacto [aquí en PDF] establece que será la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) la que asuma la gestión de los impuestos en esta comunidad. Para ello, prevé el "traspaso de medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos" de Hacienda. La implementación de estos acuerdos se cerrará en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, porque otro de los elementos clave del acuerdo es la relación de bilateralidad entre Gobierno y Generalitat para desarrollar esta nueva arquitectura fiscal, que en ningún caso pasará por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representadas todas las comunidades del régimen común.

Cesión del IVA

El texto del preacuerdo, de 25 páginas, señala que el proceso de asunción de impuestos por parte de la Generalitat será progresivo, y el primer paso será la recaudación del IRPF de 2025, a lo largo de 2026. Pero establece ya las bases para la cesión de otros impuestos. Así, en el IVA apunta la atribución a la Generalitat del IVA de las pymes "en función de su domicilio, en vez de la estadística de consumo". Y propone analizar la extensión de este mecanismo a otros tributos.

Apunta además al IVA aplicado a los arrendamientos turísticos, a la espera de la directiva europea sobre este ámbito. Según el acuerdo, la Ley del IVA establecerá un sistema de opción para que Cataluña pueda decidir la aplicación del impuesto a arrendamientos turísticos en su territorio.

Durante el periodo transitorio hasta asumir la gestión de los impuestos, el preacuerdo establece la necesidad de que se aumenten los traspasos financieros a la Generalitat para compensar el coste de unas competencias que no tienen otras comunidades autónomas, como Mossos o prisiones. Y reclama la creación de un consorcio participado por Gobierno y Generalitat para "hacer frente al déficit de inversiones", garantizando la ejecución de los presupuestos generales del Estado. Tanto ERC como Junts han denunciado en los últimos días que los datos de ejecución de 2023 muestran un cumplimiento del 45% en Cataluña.

Blindaje del catalán y red de embajadas

El blindaje del catalán era otro de las exigencias clave para los republicanos, aunque en este ámbito ERC y PSC han pactado en los tres últimos años dos reformas legales para esquivar la aplicación del 25% del castellano en las aulas catalanas. En este contexto, el preacuerdo señala que se mantendrá la prevalencia del catalán como lengua vehicular y advierte que, "si se pone en riesgo la prevalencia de este criterio" se promoverán "las reformas y acciones necesarias para defenderlo".

Los socialistas se comprometen además a "extender la vehicularidad del catalán en las actividades extraescolares y el deporte de base" mediante los Planes Educativos de Entorno, adoptando para ello "la metodología de la inmersión lingüística".

El preacuerdo garantiza también la continuidad del Departamento de Acción Exterior de la Generalitat y la red de embajadas creadas por la Generalitat al calor del procés independentista, que el PSC había cuestionado. Los socialistas catalanes se comprometen además a "culminar la creación de un Cuerpo de Acción Exterior". En este ámbito, ERC recupera uno de los clásicos del independentismo catalán: la promoción de las selecciones deportivas catalanas. El preacuerdo establece la creación de una Oficina del Govern para promover las selecciones catalanas.

Infraestructuras

La entrada de la Generalitat en la gestión del aeropuerto de El Prat, tal y como ya sucede con los puertos de Barcelona y Tarragona, es otra de las reivindicaciones históricas del soberanismo que queda recogida en el preacuerdo PSC-ERC. Ambos partidos se comprometen a promover las reformas legales necesarias para la creación de un nuevo Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña que permita a la Generalitat tener "un papel determinante en la definición, articulación y gestión del nuevo sistema aeroportuario catalán".

Fija además la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Cataluña que "vehiculará los intereses" catalanes, "responsabilizándose y dando apoyo al nuevo papel de la Generalitat en el modelo de gobernanza" del sistema aeroportuario catalán que incorpora El Prat junto a los aeropuertos de Girona, Reus, Sabadell y Lleida, que ya gestiona la Generalitat. Y reclama además mantener la comisión técnica creada en la pasada legislatura para definir la ampliación del aeropuerto barcelonés, un proyecto que ha enfrentado a Gobierno y Generalitat, que previsiblemente impulsará un Govern de Salvador Illa.

En materia de infraestructuras el preacuerdo recupera el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, para reclamar el plan de inversiones en Rodalies y el traspaso de la R1. Acuerdos que Gobierno y Generalitat sellaron la semana pasada, con la previsión de un traspaso de 1.500 millones de euros en los próximos tres años.

El preacuerdo fija las líneas del próximo Ejecutivo catalán en materia fiscal, impone el mantenimiento del Departamento de Igualdad y Feminismos creado en la pasada legislatura y obliga a la creación de un Departamento del Catalán, prometido por Pere Aragonès en la campaña electoral. También la implementación de una "renta básica universal", un proyecto que el PSC había cuestionado en el pasado mandato, así como un programa legislativo que mantiene las prioridades de Esquerra.