Carles Puigdemont ha avanzado este jueves el 'no' de Junts a la senda de estabilidad que el Gobierno llevará de nuevo a votación al Congreso la próxima semana. En un mensaje en sus redes sociales el líder de Junts respondía así a la "presión" de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que horas antes advertía de los perjuicios para los alcaldes, también de Junts, que supondría tumbar de nuevo la iniciativa del Gobierno.

"A lo mismo que votamos 'no', volveremos a votar que 'no" advierte Puigdemont. "Si cambian, hablaremos de ello" añade. "Espero que se haya entendido, aunque me temo que esto no nos ahorrará que nos vuelvan a linchar a través de sus medios afines". La respuesta del líder independentista llega después del rechazo provocado por el 'no' de Junts a la toma en consideración de la proposición de ley para regular los alquileres que los independentistas tumbaron este jueves en el Congreso, con un cambio de posición en el último minuto.

Puigdemont insiste en la falta de inversiones y de ejecución presupuestaria para argumentar la negativa de su partido a apoyar una medida que supone el inicio de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales para 2025. "A ver si consiguen explicarlo de una vez" argumenta, "porque no hay manera de entender a razón por la cual en Madrid se ejecutaron en 2023 inversiones públicas por valor de 1.350 millones de euros más de lo presupuestado, y en Cataluña por valor de 1.250 millones menos de lo que aprobaron que gastarían" se lamenta el líder de Junts.

Ataques a Junts

El líder independentista se queja además de los ataques de los medios afines hacia su partido por la última derrota parlamentaria infringida al Gobierno este martes. En un tono que recuerda al del propio ejecutivo de Pedro Sánchez, Puigdemont advierte que "estigmatizar a Junts no es una buena idea, aunque ahora tengan un motón de medios más dispuestos que nunca a comprarles el relato de que todo esto es irreflexivo y motivado por la investidura en Cataluña".

Montero había asegurado horas antes que el Gobierno está "tendiendo puentes" con Junts para garantizar el apoyo de los independentistas a su senda de estabilidad, después de que Junts sumara sus 7 votos a los de PP y Vox para tumbar la propuesta en julio. Pero lo cierto es que el Gobierno no ha introducido cambios en la nueva senda de estabilidad, aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros.

Más recursos para la Generalitat

Montero alegó entonces que se aprueban los mismos objetivos de déficit y deuda porque "lo que es excelente es difícil de mejorar", porque la "generosa" senda aprobada por el Ejecutivo —y que recibió la abstención de las comunidades gobernadas por el PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera— da mayor capacidad financiera a CCAA y ayuntamientos para financiar sus servicios que la que hoy está vigente, más restrictiva. En concreto, ahora se imponen unas metas menos estrictas a las autonomías —se les permite un déficit del 0,1% del PIB en todo el periodo, cuando antes se les exigía una décima de superávit— y a los consistorios —se les pide llegar al equilibrio presupuestario, cuando con la senda anterior tenían que alcanzar un 0,1% y un 0,2% de superávit en 2025 y 2026—. Además, el Consejo aprobó un mismo límite de gasto no financiero o techo de gasto para el Presupuesto de 2025 (del que se informa a las Cortes, pero que no se vota): 195.353 millones, un 3,2% más que en 2024. Suponen 6.138 millones más.

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, también presionaba a Junts. este lunes. En su primera comparecencia en el Parlament Romero aprovechó la ocasión para reclamar a Junts su apoyo a la senda de estabilidad. Tumbarla supondría que "no llegarían 2.584 millones a Cataluña", advirtió. Un aviso que no parece haber surtido efecto.

Desde Junts argumentan que la propuesta del Gobierno es un reparto injusto, ya que el Estado se reserva un margen fiscal del 2,2% en el 2025, del 1,8% en el 2026 y del 1,5% en el 2027, y exige al resto de administraciones públicas esfuerzos muy superiores. Los de Puigdemont reclaman que las comunidades autónomas dispongan de un tercio, como mínimo, del objetivo total de déficit fijado por la Comisión Europea para España. Una proporción que constaba en una moción aprobada por el Parlament en 2014, entonces con el apoyo del PSC, recuerdan los postconvergenes.