El impuesto sobre los beneficios de las energéticas, que el Gobierno quiere convertir en permanente, divide a la dirección de Junts. El partido de Carles Puigdemont volverá a tener los votos clave este miércoles para decidir si la balanza se inclina a favor de las tesis del Gobierno o de las empresas energéticas, que con Repsol a la cabeza han amenazado con trasladar sus inversiones a otros países para sortear el nuevo gravamen. La medida amenaza inversiones de 1.100 millones de euros de la petrolera en Tarragona, donde todos los actores económicos, desde patronales a sindicatos, advierten de los riesgos de la medida.

"No pondremos en riesgo bajo ningún concepto las inversiones en Tarragona. Este impuesto afecta a dos grandes empresas energéticas que invierten en Cataluña, Repsol y Cepsa", advertía la líder de Junts en Madrid, Míriam Nogueras, en declaraciones al Diari de Tarragona. Nogueras no aclara, sin embargo, el sentido del voto de su partido, que provocó división en la reunión de la ejecutiva de Junts del lunes.

Junts es la última esperanza de las energéticas, dado que el PNV, que también se opone a la medida, ha pactado con el Gobierno una vía de escape para el País Vasco. De hecho, el nacionalismo vasco esconde un as bajo la manga; su apoyo a la medida, como integrante de los socios que respaldan al Ejecutivo, estará condicionada a que un compromiso previo se cumpla: convertir el gravamen en impuesto y concertarlo para que las haciendas vascas puedan después moldearlo después a su gusto y necesidad, bonificaciones incluidas.

Preocupación en Tarragona

En este contexto, el sector pragmático de Junts aboga por descolgarse del bloque progresista en el Congreso y votar en contra del impuesto, que podría tener nefastas consecuencias en la industria petroquímica de Tarragona, donde Repsol planifica crear la mayor planta de generación de hidrógeno con energía verde de España, con una capacidad de 150 megavatios en 2026 y de 1.000 a partir de 2027.

Entre los defensores del 'no' al impuesto a las energéticas, el ex consejero de Economía, Jaume Giró, quien ha explicitado públicamente su oposición a la medida. Giró señala que se trataba de un impuesto "excepcional, porque es un impuesto sobre las ventas, no sobre los beneficios", algo que, según él, contraviene la postura de la Unión Europea, que "no ve con buenos ojos los impuestos de los estados miembros sobre la facturación".

El ex consejero señala además que cuando se aprobó el impuesto el petróleo estaba a 100 dólares por barril y el gas a 300 euros por MWh. "Hoy, el petróleo ha bajado a 70 dólares y el gas a 30 euros", recuerda, y tras destacar los riesgos que la medida implica para la petroquímica de Tarragona, que genera el 2% del PIB de Cataluña.

Las dudas de Junts

Pero la posición de Giró, y otras voces destacadas del partido, no es unánime en la ejecutiva de Junts. Otras voces señalan los riesgos de "volver a votar con PP y Vox". En el ánimo de Junts pesa la incomprensión generada por su último plante al Gobierno, cuando impidió la tramitación del proyecto de regulación de los alquileres, que se tradujo en manifestaciones en contra de sus sedes. También las consecuencias de este voto en la relación con el PSOE, que parece haberse reconducido tras la última reunión del equipo negociador con Puigdemont, hace dos semanas.

Con estos condicionantes, Junts mantiene formalmente silencio sobre el sentido de su voto, mientras Nogueras dejaba claro este martes que no les gusta la actual formulación de la tasa. "En realidad, a las eléctricas, que son las que se han forrado debido a sus diferentes políticas de tarifas, el impuestazo les afecta mucho menos" que a las petroleras, que son las que más invierten en Cataluña.

No permitiremos que este impuesto pase tal como está redactado. Es un impuesto fake que acaban pagando los que más facturan

"Somos los únicos que estamos en esta pelea, los únicos que podemos hacerlo, porque tenemos los votos", aseguraba la líder de Junts en el Congreso al principal medio de Tarragona, ante el que aseguraba que "no permitiremos que este impuesto pase tal como está redactado. Es un impuesto fake que acaban pagando los que más facturan".

Victoria sobre el PSC

A favor de quienes defienden el 'no' al impuesto a las energéticas juega la posición comprometida del Govern de Salvador Illa, presionado por las patronales catalanas para que se oponga a la medida. Una presión que se hizo muy presente la noche del lunes, cuando Illa acudió por primera vez como president a la 'Noche del Empresario' organizada por la patronal Cecot, cuyos portavoces reclamaron un "marco estable" para las inversiones.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, reconocía este martes las presiones y aseguraba que "acompañaremos y crearemos marcos estables de desarrollo de nuevas inversiones" pero dejaba claro que el Govern no romperá la unidad con el Gobierno de Pedro Sánchez en esta cuestión. "La fiscalidad debe tener componente de responsabilidad, si queremos grandes transformaciones tenemos que tener una fiscalidad responsable por parte de estas empresas", argumentaba.

En este contexto, la votación en contra del impuesto a las energéticas es visto como una oportunidad, también en términos políticos, por el sector pragmático de Junts, puesto que permitiría al partido de Puigdemont presentarse como un "partido útil" para los intereses económicos catalanes.