"Un paso de gigante" en favor de la moto eléctrica. Así presentó el presidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Carlos Cordón, el acuerdo alcanzado por ocho municipios metropolitanos para consorciar los servicios de motosharing en sus calles. El resultado: cinco empresas se comprometen a poner en la calle 9.950 motos eléctricas para un área con 2,5 millones de habitantes. Se trata de la mayor licencia de motos compartidas de Europa, el doble que la de París, aseguran desde la AMB.

"Se trata de la regulación más grande de Europa" se felicitó Cordón, con una "opción sostenible para que la ciudadanía pueda escoger su mejor opción de movilidad". La oferta, sin embargo, es privada. Cada una de las cinco empresas -tres de ellas ya actúan en Barcelona- tendrá su propia aplicación de móvil y definirá las tarifas del servicio por uso de las motos. Un plan ambicioso sobre el que se proyectan algunas sombras de rentabilidad.

La experiencia de Barcelona

De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona ya apostó hace cuatro años por la movilidad compartida, con un concurso que autorizó 7.000 motos, de las que actualmente solo quedan 1.800 en circulación. Está por ver si la ampliación del perímetro, permitiendo utilizar el mismo vehículo por toda el área metropolitana, y aparcarlo en cualquiera de las ocho ciudades consorciadas, permite ganar clientes, o por el contrario se siguen concentrando en la capital catalana.

De momento, el concurso de la AMB vuelve a fijar en 7.000 las motos con licencia en la capital catalana. Las 3.000 restantes se repartirán por el resto de municipios, en función del peso demográfico. Barcelona se queda el 73% de la oferta, L'Hospitalet de Llobregat el 10,75%, Badalona el 8,3% y Santa Coloma de Gramenet el 3,64%. Los municipios de Esplugues, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern y Sant Adrià de Besòs se mueven entre el 1,56% y el 0,68% de las motos ofertadas.

Así, el servicio, de regulación metropolitana y de titularitat y gestión privada, debe llegar antes de fin de año a las casi 10.000 motos. Se estacionarán en el espacio público a cambio de una licencia de 45 euros por moto y una tasa municipal por uso de ese espacio público que definirá cada ayuntamiento. Una medida que fue muy contestada por las concesionarias de Barcelona en su momento, pero que se ha reproducido en la actual licencia.

Las concesionarias

Con la resolución de esta primera convocatòria, la AMB ha otorgado cinco licencias a otras tantas empresas operadoras. Se trata de Yego Urban Mobility -con una oferta de 2.050 motos, y Cooltra Motosharing y Acciona Mobility con 1.950 motos cada una, que ya están operando en Barcelona. Se suman al proyecto la start up Hori Rides, con 2.050 motos, y Go Sharing con 1.950 motos. A partir de este miércoles, las cinco concesionarias tienen 40 días naturales para desplegar el servicio.

"Esto ha sido posible gracias a la delegación de competencias de ocho ayuntamientos con la AMB", destacó Cordon, quien se felicita por el "èxito de colaboración entre diferentes administraciones públicas". Pero evitó aventurar la posibilidad de ampliar el número de municipios participantes y reclamó tiempo para "ver como funciona este despliegue".

En todo caso, la AMB gana peso con este proyecto, que da sentido ha los discursos que, especialmente desde el PSC, reclaman más poder para el gobierno metropolitano en políticas de movilidad o vivienda, para afrontar los retos de la capital catalana.