El Govern de Salvador Illa ha reforzado la dotación de las aulas de acogida para garantizar que los menores que llegan a Cataluña en edad escolar puedan "recibir el apoyo necesario para adquirir competencias lingüísticas en catalán y castellano". Lo ha hecho con una resolución, aprobada por el Govern el 5 de noviembre, en la que se amplía el personal destinado a esas aulas en 117 docentes. Pero la medida ha desatado la furia de Ustec, el sindicato mayoritario en la enseñanza catalana, por la mención al castellano.

La simple mención del castellano supone un cambio respecto a la dinámica instaurada por los sucesivos gobiernos nacionalistas, que en los últimos 20 años han centrado la labor de esas aulas de acogida en la enseñanza del catalán. Y así se lo ha recordado ahora Ustec al Govern socialista, al que acusa de introducir de este modo, por la puerta de atrás, un Caballo de Troya contra la inmersión lingüística. Una denuncia que ya ha recogido la CUP, que este jueves anunciaba la petición de comparecencia de la consejera de Educación, Ester Niubó, para que de explicaciones al respecto.

"Nos parece una perversión total de las aulas de acogida, un menosprecio al sistema de inmersión lingüística y un intento de discriminació del alumnado extranjero" advierte el sindicato. La tesis de los profesores es que los menores inmigrantes "vengan de donde vengan, aprende y entra en contacto con el castellano sin necesidad de escolarizarse". Cosa que a su juicio "no pasa con el catalán".

Catalán, única lengua de acogida

En un comunicado, en el que Ustec denuncia el contenido de este decreto del Govern, el sindicato concluye que introducir el castellano en las aulas de acogida "es una maniobra que esconde un intento de desplazar la lengua catalana como lengua vehicular y busca instaurar un bilingüismo que se resolverá a favor del castellano".

Por ello, Ustec anima a los profesores de estas aulas de acogida a "no pervertir el sentido de este recurso". Esto es, que "mantengan el catalán como única lengua de bienvenida y acogida" porque lo contrario, en su opinión, va "en contra de la cohesión social".

La denuncia de Ustec ha llevado al consejero de Política Lingüística, Xavier Vila, a asegurar que se trata de un "malentendido" que ha tratado deshacer en la red X. Con el acuerdo 238/2024, el Govern "responde a la necesidad de nuevo personal", argumenta, autorizando 117 nuevas dotaciones, 60 para secundaria y 57 para primaria. Y el hecho de que el Acuerdo recuerde que el flujo de alumnado es un reto importante para los colegios e institutos a la hora de "asegurar que adquiera competencias lingüísticas en catalán y castellano se refiere a los objetivos del sistema educativo", puntualiza.

La CUP, sin embargo, no da por buenas las explicaciones de Vila ante un hecho que considera "gravísimo", y reclama la comparecencia de Niubó, responsable de Educación. La diputada de la CUP Laia Estrada denunciaba este jueves un "nuevo golpe del PSC contra el catalán". Para la portavoz antisistema es un contrasentido aumentar las dotaciones de las aulas de acogida" y que "el objetivo sea enseñar castellano". Porque para la CUP, "la función de las aulas de acogida es que el alumnado extranjero adquiera competencias en catalán".

Niubó aún no ha aclarado cual era el objetivo de su departamento ni "cual era la intención del texto al situar el castellano, por primera vez, como competencia lingüística a adquirir en las aulas de acogida" se lamentan desde la CUP para dar por insuficientes las explicaciones del consejero de Política Lingüística.

El Supremo reivindica el castellano

Lo cierto, sin embargo, es que el Tribunal Supremo acaba de dar la razón a la consejera de Educación, con una sentencia en la que avala la necesidad de que las instrucciones de las autoridades educativas incluyan tanto el catalán como el castellano. El Supremo ha estimado un recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y obliga al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a pronunciarse sobre el contenido de las normas de organización y gestión de los centros educativos que dicta el Departamento de Educación.

El TSJC inadmitió el recurso contra esas instrucciones, en las que no se menciona el castellano como lengua de enseñanza, por considerar que se limitaban a reproducir la normativa vigente y se dirigía en exclusiva a los funcionarios del Departamento de Educación. En cambio, el Supremo considera que la ausencia de toda mención al castellano que es lengua oficial también en Cataluña desborda el marco normativo. Y más cuando tiene "voluntad de conformar una ciudadanía catalana identificada con una cultura común en la que la lengua catalana sea un factor básico de integración social".