Cataluña ha perdido 73.000 viviendas de segunda mano en la última década. Se trata de las viviendas de segunda mano a las que la Agencia de la vivienda de Cataluña (AHC pro sus siglas en catalán) ha rechazado renovar la cédula de habitabilidad desde 2013, expulsándolas del mercado de vivienda catalán. Lo denuncia la Plataforma 2015 Acceso a la Vivienda, que advierte que al ritmo actual se habrán perdido 90.000 viviendas en 2030, la fecha señalada por Salvador Illa para completar su promesa de construir 50.000 nuevas viviendas públicas.

Según las memorias de la AHC, la Agencia denegó 68.264 cédulas de segunda ocupación entre 2013 y 2023, último año del que se tienen datos, del más de 1,1 millón de cédulas solicitadas. Una cifra pequeña, argumentan desde la Agencia, pero que supone entre 400 y 600 viviendas ilegalizadas al mes, denuncia la plataforma. Viviendas que no se pueden comprar ni alquilar, recuerdan, y que han sido habitadas durante años, algunas décadas.

La Agencia advierte que en esta década se han denegado solo 27.703 solicitudes de renovación, y admite otras 27.739 solicitudes no adscritas. Un total de 55.442 cédulas que superan ampliamente el ritmo de construcción de vivienda pública en Cataluña, que se sitúa en torno al millar de viviendas anuales, señalan desde la plataforma.  

Mala praxis de la administración

"Esto equivale a la destrucción de todas esas viviendas" advierte el portavoz de la plataforma, Josep María Coderch que denuncia la "mala praxis" de la Agencia. Denegaciones por diferencias entre los datos del registro urbanístico y el catastro o por la aplicación estricta de unos criterios urbanísticos que la propia regulación señala que "no es motivo para denegar la cédula" añade Coderch. Se trata, lamenta, de "viviendas que unos funcionarios burocratizados han declarado ilegalmente como no habitables por discrepancias irrelevantes", puesto que todas ellas contaban con informes técnicos que garantizan las condiciones de salubridad, iluminación y habitabilidad. "No son infraviviendas" concluye.

Por ello, la plataforma ha iniciado el proceso para reclamar la derogación de la cédula de segunda ocupación en Cataluña "como ya han hecho 12 comunidades autónomas", señalan. De hecho, este requisito solo sigue vigente en La Rioja, Navarra, Baleares y Asturias, además de Cataluña, pero en ninguna de estas comunidades genera los problemas registrados en Cataluña, advierte Coderch.

Se recuperarían así esas viviendas privadas, sin ningún coste público, que seguirían estando sujetas a la Inspección Técnica de Edificios (ITE) que garantiza el buen estado de esas viviendas, como sucede en las comunidades en las que se ha derogado la cédula de segunda ocupación, que la regulación catalana exige renovar cada quince años.

Denuncias judiciales

Paralelamente, la plataforma ha recurrido ya 11 denegaciones ante el Contencioso-Administrativo en los que ven "indicios de prevaricación" en la actuación de la administración catalana. Y se plantean una querella por prevaricación contra la directora de la Agencia de Vivienda, y cuatro altos cargos de la AHC a los que responsabilizan de esa mala praxis.

En este contexto, Coderch asegura que la mejor recomendación, hoy por hoy, es "no presentar la solicitud de renovación" hasta que "se resuelva este conflicto". Aducen que el hecho de que disponer de cédula de habitabilidad no es garantía de que sea renovada. De denegarse o archivarse "los ayuntamientos o la misma Generalitat pueden exigir derruir cocinas y otras instalaciones de la vivienda" para que no sea habitable.