El tripartido del Gobierno balear, compuesto por PSOE, Podemos y Més, está estudiando prohibir la compra de viviendas a ciudadanos que lleven residiendo en las islas menos de cinco años. Una medida que se asemeja a la que ya han adoptado otros países con objetivo de regular el precio de las viviendas, que ha experimentado un notorio incremento. Además, también están estudiando eliminar la Golden Visa y bajar el número de viviendas en propiedad, de 10 a 5 unidades, para ser considerado ‘gran tenedor’.

La iniciativa ya ha encontrado algunas voces que se han posicionado en contra. Desde el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada aseguran que la medida provocaría que se agravase la "inseguridad jurídica" y que iría en contra de la "normativa de la UE": "Es un asunto con impacto, tanto en lo económico, social, y político y que no se adecúa con el fundamento de la Unión Europea".

El Partit Socialista de les Illes Balears-PSOE (PSIB) apoyó una solicitud con la que el grupo Unidas Podemos, socio de Govern junto a los nacionalistas de Més per Mallorca, llevaba tiempo promoviendo: una ley que "contemple las medidas necesarias que permitan restringir la compra de viviendas a las personas físicas o jurídicas no residentes con la finalidad de evitar la especulación".

El partido de la presidenta, Francina Armengol , apoyó casi en su totalidad la medida (13 de 15 puntos recogidos en una proposición no de ley) una vez que Podemos aceptó que la propuesta se elevara al Gobierno central y a las instituciones europeas. No en vano, está tramitándose la nueva Ley de Vivienda.

La proposición no de ley también apuesta por una mayor supervisión para combatir el alojamiento turístico ilegal, así como la supresión de la Golden Visa, es decir, el permiso especial de residencia para quienes compren viviendas por un importe superior al medio millón de euros, "competencias exclusivas del Ministerio del Interior", indica el Instituto.

Negativa

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes al Congreso, contestaba a Podemos rechazando la prohibición de compraventa a los no residentes utilizando el argumento de la UE y el amparo de la institución europea al derecho de los ciudadanos a adquirir bienes y servicios en cualquier otro Estado y la prohibición a todas las restricciones a los movimientos de capitales entre los Estados miembros.

"Una vez más irrumpe el argumento político para dividir a la sociedad entre lo que consideran ricos y pobres, entre los ‘de aquí’ y los ‘de fuera’. Justo lo contrario de lo que necesita una sociedad como la española, atenazada por una fuerte crisis y con problemas estructurales como el estancamiento económico y el paro", sostiene el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.

Mantiene esta entidad que, "según los deseos del Govern, ni siquiera un madrileño, un catalán o un andaluz, podrán comprar una vivienda en Baleares. Una medida ilegal y contraria al pilar de libre circulación de bienes y personas en la UE. Así lo recogen, los artículos 21 ('Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros'), 49 ('quedarán prohibidas las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro') y 63 ('quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países') del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE ('Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros')".

Por ello, el Instituto Coordenadas argumenta que "es una medida que atenta contra la Constitución Española y contra la libertad, ataca el derecho a la propiedad privada y a la libertad de bienes y servicios, y supone un ejemplo de inseguridad jurídica, en un momento en el que España y todas sus CCAA necesitan capital foráneo e inversiones".

Además, afirma que limitar la compraventa a personas que no viven en las islas puede tener un efecto para la economía balear, "ya que más del 25% del PIB loca está vinculado al sector inmobiliario, con toda la implicación indirecta que supone: inmobiliarias, constructores, promotores, electricistas, albañiles, instaladores, carpinteros, fontaneros, pintores, notarios, así como, la hostelería".

Por ello, reitera que prohibir la venta de viviendas a no residentes provocaría "un fuerte aumento del paro, así como de la recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Más de un 70% de los impuestos de recaudación directa en Baleares proviene del Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP)".

Añade que en Baleares la situación de la vivienda "es más que complicada, por unos precios siempre en tensión" dado el espacio limitado, pero "en una gran medida por las medidas coercitivas que se quieren imponer".

"Lo que menos necesita este país son medidas populistas, intervencionistas y que generen una mayor sensación de inseguridad jurídica e improvisación", declaró Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente del Instituto Coordenadas, que agregó que "es posible implementar medidas que fomenten el crecimiento y la inversión, todo ello compatible con una menor presión a los precios y la sostenibilidad. Sólo hay que trabajar en ello, no prohibir”. Especialmente, apunta, en unos momentos como los actuales, en los que la subida de tipos de interés es un "lastre" para la industria inmobiliaria.

"Las medidas rezuman una agresión al 'otro' al distinto. Una cultura balear forjada en la idea cosmopolita y una economía impulsada por el comercio y el turismo, se ve de pronto rechazada, sin hacerse una pregunta: ¿Quién sostendrá a los cientos de miles de familias que viven de estos dos sectores, el inmobiliario y el turismo de larga duración?", señaló Sánchez Lambás.