Baleares es considerado el primer hervidero territorial de Vox desde las últimas elecciones municipales y autonómicas. Al deterioro, las pugnas internas, el inicio de acciones sancionadoras internas y el restablecimiento, aparente de la normalidad, le han seguido cismas como el de Valencia capital o recientemente Navarra. El valenciano, por supuestas irregularidades de su ya exportavoz, que se están investigando; el navarro, por diferencias entre Bambú y la exlíder, Maite Nosti, en una votación a una declaración institucional sobre las víctimas del terrorismo, sin consultar a la dirección nacional. En las islas, tras dos salidas parlamentarias y varios díscolos con la dirección nacional del partido, la capacidad de maniobrar de Bambú es limitada.

A finales del año pasado, la presidenta de Baleares y del PP del archipiélago, Marga Prohens, decidió prorrogar las cuentas de 2024 —llevan el sello de Vox, por la dependencia externa de apoyo de los populares— tras no llegar a buen puerto en las conversaciones con los ultraconservadores, delegadas en los suyos. El escollo principal era la materia lingüística. Vox pedía eliminar el catalán como lengua vehicular en la educación, algo a lo que los populares se negaban. A ello se añadió, después, diferencias en lo que respecta a Memoria Democrática. Ahora, tras el preacuerdo de Presupuestos en la Comunidad Valenciana, que allana el camino a réplicas en Aragón o la Región de Murcia, Vox desde Madrid incentiva a los suyos en las islas a seguir ese camino.

En las más de veinte medidas exigidas por Vox Valencia para aprobar las cuentas de la reconstrucción a Mazón, además de participar en la distribución de los recursos, destacan algunos puntos por "la libertad lingüística". Son exigencias como el "recorte significativo" de las subvenciones a la "promoción del valenciano" y del presupuesto de la Academia Valenciana de la Lengua, que está blindada por el Estatuto de Autonomía. Esto de hecho, ha dividido a sectores populares en la Comunidad, entre los que lo respaldan, al considerar a esta institución de catalanista, o los que lo condenan. De parte de los primeros está el conseller de Educación, José Antonio Rovira. Con los segundos, el president de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

Ese aparente entendimiento puede servir de base para ser imitado en Baleares, creen los populares. Así lo trasladó este lunes su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa, aunque sin demasiadas concreciones. Si bien desde el PP insisten en su negativa a ceder con que el catalán sea lengua vehicular en la autonomía —tras una consulta en Valencia ha ganado mantener el valenciano en la región—, sí se abren a otra de las demandas de Vox, que podría contentar a Madrid. Se trata de modificar la normativa de función pública para exigir menos catalán para un puesto de trabajo en la Administración. Que sea considerado un mérito que aporte un extra, y no un requisito.

El PP teme que la supresión del catalán como lengua vehicular movilice a la 'marea verde'. Hay margen de acuerdo con Vox para exigir menos catalán en la Administración

Ya tras el pacto de PP y Vox, para su apoyo externo, y hasta la ruptura de relaciones generalizadas en julio de 2024, ordenada desde Bambú a las comunidades, los socios impulsaron más horas de castellano en las aulas, la libertad de elección de lengua en la educación primaria y la suspensión de ese requisito del catalán para los médicos. Ahora podría extenderse a otras profesiones ligadas a lo público. En el caso de lo educativo, el Govern, y así se lo reprocha Vox, teme que cualquier reforma lingüística permita a la 'marea verde' recomponerse en un momento de inactividad palpable.

De momento, Sagreras afirma que cualquier negociación se afronta con la "máxima discreción" y con voluntad de negociar con los de Abascal. Aunque "sin chantajes y con respeto". Hay que recordar que en los últimos diálogos plenos entre formaciones, en diciembre, tanto PP como Vox coincidían ya en materia de inmigración y de transición ecológica. De hecho, el compromiso de los populares de no aceptar más menores extranjeros no acompañados fue requisito esencial para el apoyo de Vox al techo de gasto previo en el último trimestre de 2024.

En el caso migratorio, y tras el acuerdo de PSOE y Junts para el traslado y reparto forzoso por las comunidades de 4.400 menores desde Canarias, Vox ha mostrado el camino a los populares: cumplir la obligatoriedad de la ley pero sin renunciar a la batalla con todos los recursos posibles contra el Gobierno. Uno de esos resortes, creen en Bambú, son las pruebas periciales de edad. Así se lo dicen a Mazón. Aunque, según el Real Decreto-ley 2/2025, en su articulado '35 quáter', esa posibilidad no queda del todo garantizada al depender de las apreciaciones del Ministerio Fiscal y al instarse a la inscripción en registro y la acogida de menores pese a no estar clara la edad, para descongestionar Canarias, en situación de excepcionalidad por la saturación de sus servicios de acogida. Ir a la justicia es otra de las vías que alienta Vox.

'Poli bueno y poli malo' en Vox Baleares

La situación del partido en Baleares es complicada y añade dificultad extra a cualquier acercamiento con el PP. Desde Bambú, aseguran que el panorama en Baleares es "difícil", aunque no entran en materia. En privado, incentivan a su grupo parlamentario del Parlament a tender la mano a Prohens y, retomar las conversaciones con esos dos compromisos ya reivindicados: el rechazo a la inmigración ilegal [o al menos a la disposición de dar la batalla contra Madrid por ella] y a las políticas verdes de Bruselas. Cuentan con el respaldo de dos diputados más alineados con su criterio. Son el presidente del Parlamento, Gabriel Le Senne, y la coordinadora territorial, Patricia de las Heras. Actualmente, dentro del grupo hay seis diputados tras las marchas de Xisco Cardona y Agustín Buades al grupo de los no adscritos.

De esos seis, la exportavoz relevada, Idoia Ribas, que integra la capa interna de críticos de la formación, de los que piden una refundación, sigue dentro pero amaga con seguir un criterio propio y no descarta con salirse del grupo y marcharse al lado de Cardona y Buades. Con todo, ella es partidaria del entendimiento con el PP por el bien de los ciudadanos, para que cuenten con unos Presupuestos que permitan más margen al Ejecutivo. Sumado su voto al de Cardona, que está respaldando desde su salida al PP, y al de Buades, Prohens sumaría tres escaños a sus 25 actuales. Aún necesitaría dos más. Con Le Senne y De las Heras, bastaría.

Incluso entraría en juego el ex secretario general del grupo, Sergio Rodríguez, que participa en Avanzar en Libertad, la asociación civil impulsada por Ribas y Buades, entre otros. Sin embargo, lo que menos busca Vox es la imagen de fractura. Se mantiene como figura intermedia, y sigue siendo fiel a Bambú pese a todo. En el lado duro está la actual portavoz, Manuela Cañadas, y su segunda, María José Verdú. Y aunque los números a priori dan, lo que menos quieren en Vox, tanto en Madrid como en Baleares, es mostrar más división aún. La idea sería tomar una decisión en conjunto, pese a esas diferencias.

Cañadas ha vetado una propuesta del Govern de liberalización del suelo para construir 20.000 viviendas, avalada por Vox en Palma

Las diferencias con esa capa díscola no solo quedan reducidas al Parlament, también se pone de relieve al atender a la colaboración que en las principales capitales existe entre PP y Vox, caso de Palma. El PP no ha dejado de lanzar guiños a Vox. Por ejemplo, en materia de Vivienda. Una de las últimas propuestas de los de Prohens para dar respuesta al importante problema habitacional de una de las zonas nacionales más turísticas, en Palma, ha sido la de construir alrededor de 20.000 viviendas. A mediados de mes, el Govern aprobó un decreto ley para la liberalización de suelo. La noticia fue recibida con ánimo por el líder de Vox en la ciudad, Fulgencio Coll, que incluso negoció con el Ejecutivo, pero Cañadas ha impuesto su veto a la medida e impedirá que salga adelante. El motivo: "Parece que es un decreto hecho a la carta" porque se limita solo a Palma y no permite ampliarlo a otros municipios.

Aunque en el PP insisten en que no hay posibilidad de adelantamientos electorales este 2025 —la excepción puede ser Castilla y León, en otoño, meses antes de que se cumpla el tope de convocatoria de febrero de 2026—, la gobernabilidad se le complica a los populares si Vox sigue enrocándose en vetos continuados a cuestiones en las que por naturaleza no hay apenas diferenciaciones ideológicas. Unas nuevas cuentas ayudarían a calmar la tensión.