El Ayuntamiento de Madrid ha recibido este miércoles la diligencia de ordenación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para llevar a efecto su sentencia del 27 de julio de 2020 que anulaba Madrid Central, lo que implica que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida podría verse obligado a desactivar la zona de bajas emisiones en los próximos días.

Así lo han indicado a Efe fuentes del Ejecutivo municipal, que indican que, de no aprobarse la nueva ordenanza de movilidad sostenible, que actualiza la regulación de Madrid Central, las cámaras de la zona de bajas emisiones "se apagarán en los próximos días".

Las mismas fuentes han señalado que ahora el Ayuntamiento debe trasladar al TSJM la confirmación de haber recibido la diligencia, y a partir de ahí el tribunal tendría un plazo de diez días para la publicación oficial del fallo.

La nueva ordenanza está actualmente en tramitación y precisamente esta tarde se celebra una sesión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad, en la que se debatirán y votarán las enmiendas de los grupos municipales a la norma.

La intención de Almeida es que el texto definitivo se vote en un pleno extraordinario el próximo lunes, para darle así un nuevo sostén jurídico a Madrid Central antes de verse obligado a hacer efectiva su anulación.

Desde el Ayuntamiento indican que, de no aprobarse la ordenanza en la fecha prevista, se presentaría al TSJM un incidente de ejecución de la sentencia para aclarar cómo llevarla a término.

En la nueva normativa, Madrid Central se convierte en la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) Distrito Centro, con el mismo perímetro y tres novedades: equiparar a los 15.000 comerciantes de la zona con los residentes, permitir que circulen motos hasta las 23:00 horas (una hora más) y retrasar un año, al 31 de diciembre de 2022, la limitación de acceso a los vehículos de mercancías con distintivo ambiental B y más de 3.500 kilos de peso.

El pasado 11 de mayo, el Tribunal Supremo ratificó la anulación de Madrid Central al inadmitir a trámite el recurso de Ecologistas en Acción contra la sentencia previa del TSJM, que anulaba por defectos formales los preceptos de la ordenanza de movilidad sostenible que regulaban Madrid Central, un proyecto impulsado por la exalcaldesa Manuela Carmena.

Dos días después el Ayuntamiento tomó la decisión de paralizar la notificación de las multas por acceder indebidamente a la zona de bajas emisiones, aunque durante este tiempo las cámaras han seguido encendidas y se ha seguido registrando a los infractores.